Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomaron, por separado, el trabajo de preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales con la resolución de los amparos constitucionales e impugnaciones de postulantes inhabilitados y la decisión de iniciar el 2 de julio las pruebas orales a los aspirantes.
La Comisión Mixta de Constitución, presidida por el senador “evista” Miguel Rejas, resolvió 7 de los 10 amparos que fueron activados por igual número de postulantes inhabilitados.
Revisan caso por caso
En algunos casos, como de Juan José Subieta, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Santa Cruz, los legisladores determinaron aceptar la decisión judicial y modificaron su puntuación por su experiencia laboral que no fue considerado en las etapas previas.
En cambio, en el caso del postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes no hubo acuerdo entre los legisladores para cumplir la determinación judicial que ordenó su habilitación.
La senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos afirmó que un “tribunal no puede ordenarnos que habilitemos a un candidato”, y advirtió que “sería un nefasto precedente”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jauregui, discrepó con la senadora y explicó que se debe cumplir el fallo, pero para no ingresar “en discusiones bizantinas” propuso que cada bancada elabore un proyecto de resolución hasta el jueves y se los intercambien con el fin de que el lunes se opte en conjunto por una opción.
Una propuesta similar hizo para cada caso con el fin de que se cuente con resoluciones sólidas que impidan nuevos recursos legales de los aspirantes inhabilitados.
Pruebas orales
Esta fase de revisión fue definida por el diputado como “preliminar”, para luego dar inicio a las pruebas orales de los más de 400 aspirantes habilitados, labor que debió iniciar la segunda quincena de abril, pero que no se concretó por los varios amparos que postulantes presentaron en contra de todo el proceso.
Fue la Sentencia Constitucional Plurinacional 0191/2024-S2 del 23 de mayo que reactivó este proceso de preselección de los candidatos judiciales, luego de anular un fallo en primera instancia que truncó este trabajo.
Jauregui detalló que el 1 de julio se realizará la “recepción de nuevas preguntas que se sumarán al banco que ya tenemos, para luego, a partir del 2 de julio, procedamos a llevar adelante la evaluación oral de los postulantes”.
El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó que son 93 aspirantes al TCP que ingresarán a la etapa de las pruebas orales y 187 postulantes al TSJ.
En sintonía, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó por unanimidad la resolución que dispone iniciar las pruebas orales a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental desde el 2 de julio.
La Comisión Mixta de Justicia Plural trabajará la tarde de este martes en resolver los 35 recursos de revisión presentados por aspirantes marginados a las elecciones judiciales, así como los amparos resueltos por la justicia, informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerjes Mercado.
“El trabajo interno que empezaremos a desarrollar hoy (martes) va enfocado a resolver los problemas que se han suscitado (y que paralizaron la preselección de candidatos), ya para el lunes empezar lo que es la preselección mediante exámenes correspondientes a los que estén en carreras para las altas y bajas magistraturas del país”, confirmó.
La Comisión Mixta de Justicia Plural está a cargo de la evaluación a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental, y tras mandato de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe reactivar su labor de preselección del 25 de junio al 5 de julio, con la remisión del informe al pleno.
De acuerdo a un informe de la Comisión Mixta de Constitución, la justicia dio la razón a al menos 17 de 35 candidatos a las elecciones judiciales para que las comisiones mixtas reconsideren sus casos, revisando documentación para ajustar sus puntajes.
“Reiteramos nuestro absoluto compromiso para que lo antes posible tengamos preseleccionadas a las nuevas autoridades judiciales”, insistió Mercado.
En tanto, la Comisión Mixta de Constitución determinó reiniciar el trabajo el 1 de julio con las pruebas orales a los más de 400 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Fuente: ABI
Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural informaron este martes que la fase de exámenes orales a los 406 candidatos, en el marco del proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales, empezará a las 18:00 del lunes 1 de julio, después de una paralización en abril pasado.
“Con esto, el lunes 1 de julio, una vez que se instale la sesión se recepcione las preguntas nuevamente, a partir de las 18:00 se procedería a llevar adelante la evaluación de los postulantes por departamentos y cercanía”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui.
Explicó que los primeros en rendir la prueba oral serán los postulantes del departamento de La Paz.
El diputado arcista mencionó que las comisiones mixtas tienen que resolver algunos amparos y resoluciones que fueron presentados por candidatos inhabilitados, los mismos que frenaron la continuación del trabajo de preselección de los postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial.
“En este entendido, existiendo una condición novedosa, el hecho de que exista amparos constitucionales, resoluciones de estos amparos constitucionales que deben ser objeto de cumplimiento de las comisiones de Justicia y de Constitución, se ha señalado esta semana como reuniones trabajo para preparar las resoluciones que van a atender estas resoluciones constitucionales para que a partir, concluido este trabajo preliminar, del lunes (1 de julio) ya se arranque con el cómputo de los 11 días para desarrollar el proceso de evaluación oral de todos los postulantes”, aseveró Jáuregui.
La Comisión Mixta de Constitución, presidida por el senador evista Miguel Rejas, resolvió siete de los 10 amparos que fueron activados por postulantes inhabilitados del proceso de preselección.
En abril de esta gestión, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz paralizó el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales luego de que Margarita Medrano, candidata inhabilitada, presentara un amparo constitucional.
Fue la Sentencia Constitucional Plurinacional 0191/2024-S2 del 23 de mayo que reactivó este proceso de preselección de los candidatos judiciales, luego de anular un fallo en primera instancia que truncó este trabajo en las dos comisiones mixtas.
Asimismo, Jáuregui señaló también que existe información de que habría la probabilidad de que se estaría filtrando las preguntas del examen oral y que para controlar eso, dijo, que solicitarán a las instituciones remitir los cuestionarios con un mayor número de preguntas y que las mismas se aplicarán desde el 1 de julio.
“En ese sentido que también se ha tomado una determinación, ha habido cuenta de que ha existido información en la probabilidad de que existiría algún tipo de filtración de las preguntas y a objeto de garantizar de que exista transparencia en adelante se ha solicitado ya la semana pasado al sistema universitario, al Colegio de Abogados y otras entidades para que se nos pueda remitir nuevamente una mayor cantidad de preguntas para que de esa manera se incremente la batería de preguntas que van a ser objeto de aplicación del lunes, 1 de julio”, dijo Jáuregui.
El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó que son 93 aspirantes al TCP que ingresarán a la etapa de las pruebas orales y 187 postulantes al TSJ.
En sintonía, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó por unanimidad la resolución que dispone iniciar las pruebas orales a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental desde el 2 de julio.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerjes Mercado, informó que la Comisión Mixta de Justicia Plural la tarde de este martes empezará a resolver los problemas entre recursos y amparos que paralizaron la preselección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales.
“El trabajo interno que empezaremos a desarrollar hoy (martes) va enfocado a resolver los problemas que se han suscitado (y paralizaron la preselección de candidatos), ya para el lunes empezar lo que es la preselección mediante exámenes correspondientes a los que estén en carreras para las altas y bajas magistraturas del país”, indicó Mercado.
La Comisión Mixta de Justicia Plural está a cargo de la evaluación a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental.
Según informe de la Comisión Mixta de Constitución, la justicia dio la razón a al menos 17 de 35 candidatos a las elecciones judiciales para que las comisiones mixtas reconsideren sus casos, revisando documentación para ajustar sus puntajes.
“Reiteramos nuestro absoluto compromiso para que lo antes posible tengamos preseleccionadas a las nuevas autoridades judiciales”, añadió.
Por su parte, la Comisión Mixta de Constitución determinó reiniciar el trabajo el 1 de julio con las pruebas orales a los más de 400 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El ministro de Justicia señala como responsables del fracaso a los legisladores; estos, incluidos los arcistas, señalan a Lima como el saboteador.
Aunque la Asamblea informó que recibieron una nota de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para informar sobre el fallido proceso de preselección de candidatos a magistrados; este martes el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó la realización de una audiencia el viernes 5 de julio, y la visita del relator de esta organización para los días 7 y 8 de agosto próximo.
“El 5 de julio tenemos una reunión virtual entre la CIDH y la Asamblea, porque la institucionalidad internacional ha identificado que el problema es la Asamblea; luego el 7 y 8 de agosto ya viene la CIDH en visita del relator país de Bolivia y de otros miembros de la comisión para reunirse con la Asamblea”, informó el ministro Lima en radio Éxito.
En la sesión de la comisión mixta de Constitución del 29 de mayo, se leyó una nota de ese organismo multilateral, en el que se pedía información de todo el proceso y las dificultades que atravesaron a lo largo de este tiempo.
Cinco peticiones puntuales
1.- Una tabla que sume todas las acciones de defensa del proceso de elecciones judiciales que se encuentran actualmente en trámite.
2.- Una tabla que se sume las demandas constitucionales contra el proceso que se encuentran en trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
3.- Informes del Órgano Legislativo, a través de la Asamblea, por el estado actual del proceso y las etapas que deben cumplirse.
4.- Reglamentos de trabajo de las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa encargadas del proceso de preselección de candidaturas para las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional.
5.- Listado de las organizaciones que estén acreditadas para participar en el proceso de preselección en calidad de veedores, nacionales e internacionales
Son 15 meses que el Estado boliviano no puede cumplir con el mandato constitucional de elegir magistrados, lo que ocasionó la observación de los organismos multilaterales como los tribunales internacionales. En febrero de este año el Presidente del Estado, Luis Arce, dijo que a la población no le interesa las elecciones judiciales.
Este martes el ministro responsabilizó enteramente a la Asamblea por no cumplir ese mandato y señaló a los dos presidentes de las comisiones mixtas, Miguel Rejas y Roberto Padilla como los principales responsables.
“Aquí los responsables de lo que ha ocurrido y los que van a rendir cuentas, porque esto es una grave distorsión que han provocado, son los miembros de la Asamblea Legislativa, entonces la solución que ha planteado el Tribunal Constitucional Plurinacional y que el país habla como autoprórroga es una situación que ha sido evaluada no solamente en Bolivia, la está evaluando y la está viendo la Relatora de Independencia Judicial de Naciones Unidas, el sistema interamericano de Derechos Humanos”, alertó Lima.
Sin embargo, los legisladores, incluso los de la bancada arcista como el diputado Froilán Mamani señalan precisamente al ministro Iván Lima como el principal autor de todo el caos generado y a su “operador”, el diputado Juan José Jauregui. La senadora Patricia Arce lo señaló directamente y le recordó que durante 2023 cuando ya el procedo debía marchar, Jauregui le recordaba que cada paso que dieran como comisión debía ser de conocimiento del ministro Lima.
Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomaron, por separado, el trabajo de preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales con la resolución de los amparos constitucionales e impugnaciones de postulantes inhabilitados y la decisión de iniciar el 2 de julio las pruebas orales a los aspirantes.
La Comisión Mixta de Constitución, presidida por el senador “evista” Miguel Rejas, resolvió 7 de los 10 amparos que fueron activados por igual número de postulantes inhabilitados.
Revisan caso por caso
En algunos casos, como de Juan José Subieta, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Santa Cruz, los legisladores determinaron aceptar la decisión judicial y modificaron su puntuación por su experiencia laboral que no fue considerado en las etapas previas.
En cambio, en el caso del postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes no hubo acuerdo entre los legisladores para cumplir la determinación judicial que ordenó su habilitación.
La senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos afirmó que un “tribunal no puede ordenarnos que habilitemos a un candidato”, y advirtió que “sería un nefasto precedente”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jauregui, discrepó con la senadora y explicó que se debe cumplir el fallo, pero para no ingresar “en discusiones bizantinas” propuso que cada bancada elabore un proyecto de resolución hasta el jueves y se los intercambien con el fin de que el lunes se opte en conjunto por una opción.
Una propuesta similar hizo para cada caso con el fin de que se cuente con resoluciones sólidas que impidan nuevos recursos legales de los aspirantes inhabilitados.
Pruebas orales
Esta fase de revisión fue definida por el diputado como “preliminar”, para luego dar inicio a las pruebas orales de los más de 400 aspirantes habilitados, labor que debió iniciar la segunda quincena de abril, pero que no se concretó por los varios amparos que postulantes presentaron en contra de todo el proceso.
Fue la Sentencia Constitucional Plurinacional 0191/2024-S2 del 23 de mayo que reactivó este proceso de preselección de los candidatos judiciales, luego de anular un fallo en primera instancia que truncó este trabajo.
Jauregui detalló que el 1 de julio se realizará la “recepción de nuevas preguntas que se sumarán al banco que ya tenemos, para luego, a partir del 2 de julio, procedamos a llevar adelante la evaluación oral de los postulantes”.
El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó que son 93 aspirantes al TCP que ingresarán a la etapa de las pruebas orales y 187 postulantes al TSJ.
En sintonía, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó por unanimidad la resolución que dispone iniciar las pruebas orales a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental desde el 2 de julio.
Se cumple un mes y 15 días de los magistrados cuyo mandato constitucional fue ampliado y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, evalúa este nuevo periodo. Destaca que han podido sortear causas y que se aprestan a resolverlas; también menciona la designación de vocales como un logro.
En estos 45 días, en el marco de la Declaración Constitucional 049/2023 que les amplió temporalmente el mandato, las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron resoluciones, designaron vocales y procedieron a reestructurar las salas especializadas que se quedaron sin magistrados tras las renuncias de algunos de ellos. Además, recibieron su salario correspondiente al mes de enero y, ahora, se aprestan a dictar fallos.
Una vez concluido su mandato constitucional de seis años, el 2 de enero de este año, las autoridades esperaron hasta el 10 de ese mes para comenzar a sortear y resolver causas, tanto en la Sala Plena como en las salas especializadas, informó a CORREO DEL SUR el presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes.
La autoridad hizo una evaluación de este mes y medio de trabajo de los magistrados del TSJ y destacó la capacidad de resolución de causas en su Sala Plena y de sus salas especializadas, sobre todo en la Sala Civil, de la que él fue parte. En ese caso específico, hasta el 31 de diciembre solo quedaban por resolver 16 procesos. Habían ingresado ese mismo mes.
“Se procedió al sorteo de causas y en las salas están relacionando dichas resoluciones en la forma en que establecen los diferentes procedimientos y en las diferentes materias. Estamos próximamente a conocer públicamente las resoluciones que correspondan a la gestión 2024”, adelantó Jaimes.
DESIGNACIÓN DE VOCALES
Asimismo, el Presidente del TSJ recordó que en menos de un mes se procedió a la designación de vocales ordinarios y constitucionales con la finalidad de dar continuidad en el acceso a la justicia por parte de la población y, de esa forma, se fue completando el quórum en más del 90% de las salas plenas de los tribunales departamentales de justicia. Las designaciones estaban en suspenso debido a acciones constitucionales y la falta de acuerdo entre magistrados.
“Desde Presidencia realizamos reuniones con los encargados y jefes de las unidades del TSJ con la finalidad de mejorar las funciones que le corresponden al personal, como labores administrativas, y brindar certidumbre respecto de las funciones de este alto tribunal del Estado”, explicó.
Jaimes destacó también que la Escuela de Jueces del Estado (EJE) del Órgano Judicial recibió una certificación internacional de calidad otorgada por la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), con sede en la ciudad de León (España), que da fe de que los procesos de formación tienen altos estándares de calidad, transparencia e igualdad de oportunidades.
Además, mencionó que el año pasado egresaron 139 jueces de la EJE, en materia ordinaria y agroambiental.
También en el ámbito administrativo se determinó cambiar al titular de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial con la finalidad de optimizar las funciones bajo la premisa de cero tolerancia a la corrupción.
EN ACEFALÍA
En el TSJ quedó una acefalía de magistrado tras la renuncia de Esteban Miranda y su personal tuvo que ser reasignado a otras salas, sobre todo a la Social, según conoció CORREO DEL SUR.
Después de la promulgación de la Ley 144 de Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce afirmó este martes que las “elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural”, que tiene la “justicia boliviana”, porque a la población litigante no le interesa quién es el magistrado, sino que su caso se agilice.
“Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana, porque a las hermanas y a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado, les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía”, dijo el mandatario.
Junto al vicepresidente David Choquehuanca, Arce promulgó la tarde de este martes la Ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” ante organizaciones sociales y legisladores arcistas en la Casa Grande del Pueblo, y en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y más de mil millones de dólares de pérdidas en 16 días de interrupción caminera.
Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero, después de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.
Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.
“El trabajo de nuestra banca (arcistas del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.
El ministro de Justicia, Iván Lima, ha expresado su evaluación sobre el acuerdo político en relación con las elecciones judiciales y afirmó que esta elección será diferente a la realizada entre 2012 y 2017, cuando solo el entonces presidente Evo Morales tenía el poder de elegir a los candidatos a magistrados para los altos cargos del Órgano Judicial.
En este nuevo acuerdo, se espera que la elección de magistrados sea más inclusiva y democrática, con la participación del Parlamento en la selección de los candidatos.
Lima destacó la oportunidad de tener nuevos magistrados y expresó la esperanza de que se cumpla el compromiso de garantizar que al menos el 50% de los magistrados sean mujeres.
Además, hizo hincapié en la importancia de incluir representación indígena originaria campesina en el Órgano Judicial.
También señaló la necesidad de mejorar la representación de mujeres indígenas en los altos tribunales de justicia y expresó su deseo de que esta nueva composición conduzca a un modelo judicial mejorado.
El proyecto de ley, basado en el acuerdo político, se espera que ingrese a la Cámara de Diputados este lunes para su debate y, posiblemente, aprobación.
Luego, se prevé que sea elevado al Senado el martes para su consideración y, finalmente, enviado al Ejecutivo con la esperanza de que sea sancionado el miércoles. La intención es que este proceso asegure una elección judicial más transparente y representativa.
Después de dos semanas de bloqueos de carreteras en el país, la Asamblea Legislativa Plurinacional logró el viernes un acuerdo para encaminar el proceso de las elecciones judiciales, que según el Gobierno, debe realizarse hasta octubre una vez que la convocatoria sea promulgada en los próximos días, antes del Carnaval.
Los parlamentarios se dieron un plazo de una semana para la aprobación del proyecto de ley en el Legislativo y luego seguir con el procedimiento hasta remitir listas de postulantes a magistrados al Órgano Electoral.
Ese convenio, según el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el diputado Carlos Alarcón (CC), no reconoce la prórroga de los actuales magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Se estima que hasta el miércoles se promulgue la Ley 144 que convoque a los comicios judiciales.
Según el acuerdo, la Cámara de Diputados tratará por tiempo y materia y aprobará hasta el viernes dos proyectos de ley, que son 073 y 075, sobre los magistrados: el primero cesa en su cargo a los magistrados prorrogados y el otro es para que se suspendan los plazos procesales mientras se eligen a los nuevos tribunos.
“Este acuerdo no reconoce la autoprórroga. Esto fue el motivo de discusión. En el artículo 3, inciso g, estaba insertado que el marco legal tenía que regirse bajo esta declaración constitucional 049, este inciso estaría vigente y de manera indirecta en toda su dimensión se reconocería prácticamente no solo los artículos y la disposición, sino también la extensión de mandato”, detalló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en entrevista con El Deber Radio.
Lo reiteró nuevamente para asentar la idea. “No puede ser que se reconozca (la prórroga de los magistrados), de ninguna manera. También ellos reconocieron que no es legal la extensión de mandato. Entonces, se suprimió ese inciso y por tanto se dejó sin efecto, en la Ley (144), el reconocimiento legal a los actuales exmagistrados y consejeros”, complementó.
Mientras, el diputado Alarcón, también en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio, aseguró que este acuerdo tiene tres componentes y que uno de ellos no reconoce la prórroga de mandato de las actuales autoridades judiciales. El legislador también aseguró que las elecciones judiciales deben ser desarrolladas máximo hasta julio de este año.
“El segundo objetivo de este acuerdo era no renunciar a garantizar elecciones judiciales transparentes y reales en el tiempo que nos da el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que es hasta fines de julio de este año, porque si no se logra hasta julio ya no habrá elecciones judiciales en este periodo constitucional porque ya se superpone con las primarias y el próximo año con las elecciones generales”, dijo Alarcón.
El legislador explicó también que este acuerdo establece la salida de los actuales magistrados a través de las elecciones judiciales y también con la aprobación del proyecto de ley 075, que cesa en sus funciones a las autoridades. Además, Alarcón destacó que el acuerdo también prevé la aprobación de siete créditos en el Legislativo.
“Pero, además, seguir en la pelea y la lucha para que los (magistrados) prorrogados, los usurpadores judiciales se vayan a su casa. La gran preocupación que teníamos de parte de Comunidad Ciudadana (CC) en estas mesas de diálogo y concertación es que el Gobierno ya entró a este partido con la mitad de tiempo ganado, porque la apuesta del Gobierno fue los prorrogados y como estos tienen el respaldo oficial, prácticamente al Gobierno le convenía que ya no hubiera ninguna ley sobre elecciones judiciales e iban a culpar a la oposición”, afirmó Alarcón.
ELECCIONES EN OCTUBRE
La posesión de nuevas autoridades judiciales será hasta octubre de este año y no chocará con las elecciones primarias de los partidos porque esas se realizarán en febrero del siguiente año, precisó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“El Órgano Electoral, que es un órgano independiente, tiene que decir cuánto tiempo le va a tomar, tendrán entre 120 y 180 días para llevar adelante ese proceso electoral, es un tema que nos permite avizorar que tendremos nuevos magistrados en el país alrededor de septiembre octubre de este año”, dijo.
De acuerdo con su explicación, las elecciones generales serán el 17 de octubre del 2025 y, contando los plazos hacia atrás, las primarias debían realizarse el 23 de febrero de 2025 no será este año.
LEY DE CRÉDITOS
El acuerdo alcanzado en el Legislativo para garantizar la ley de elecciones judiciales también compromete aprobar seis créditos por $us 728.296.082,37 y, uno por 415.000.000.000 de yenes japoneses, que estuvieron estancados en su tratamiento.
Gobierno pide elecciones en plazos justos
A tiempo de interpretar el comunicado que emitió la CIDH, sobre el conflicto en Bolivia, el ministro de Justicia, Iván Lima, abogó para que la elección judicial no se desarrolle en plazos breves, sino en tiempos que garanticen condiciones de acceso igualitario de postulantes y la calificación de méritos.
“La CIDH, en un comunicado, nos está planteando que la elección no puede ser en plazos breves, como lo que se ha sostenido en el debate intenso que hemos tenido en las últimas jornadas. Tiene que ser en plazos y procedimientos que garanticen el acceso y la gran conquista del pueblo boliviano: que la mitad de las magistradas y consejeras puedan ocupar las mujeres el 50% de estos tribunales, que los indígenas originarios y campesinos sean parte de nuestros tribunales, está planteando la CIDH la meritocracia”, dijo Lima en conferencia de prensa.
Horas antes de conocerse el acuerdo político para las elecciones judiciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado referido a la situación de conflicto en Bolivia.
El organismo exhortó que el procedimiento de selección de magistrados cumpla con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social, entre otros aspectos. La CIDH señaló que existe un contexto de alta polarización política, en el cual instó a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes participan de ella.
Facción ‘camachista’ de Creemos no firmó el consenso
La facción de Creemos, que responde al liderazgo de Luis Fernando Camacho, decidió no firmar el acuerdo para convocar a elecciones judiciales, además de que expresó su rechazo al convenio anunciado en la Vicepresidencia.
El delegado de esta facción era el senador Henry Montero, quien no firmó el documento bajo el argumento de que convalida a los magistrados prorrogados.
“Los legisladores de Creemos no firmamos el acuerdo sobre #EleccionesJudiciales porque primero deberían irse los violadores de la CPE, los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial, recién tratar y aprobar la Ley de Elecciones Judiciales; sin embargo, el acuerdo de hoy es al revés”, criticó Montero, mediante redes sociales.
El acuerdo fue firmado por el MAS ‘evista’ y ‘arcista’, Comunidad Ciudadana y la facción disidente de Creemos, mediante el diputado Leonardo Ayala.
El convenio implica que se apruebe la ley para convocar a elecciones judiciales, mientras que el cese de los prorrogados se tratará después incluso de aprobar cuatro leyes de créditos internacionales.
El senador Montero consideró que así se echó “agua bendita” a los prorroguistas.
De la misma facción “camachista”, María René Álvarez, denunció que con el acuerdo se ha “negociado abrir más deuda para los bolivianos en forma de créditos, a cambio de tratar la autoprórroga de los magistrados usurpadores”.
Consideró que existe ingenuidad o complicidad de esta oposición, porque se permite que los magistrados prorrogados sigan en funciones.
“Como miembro de la Directiva y Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados, expreso públicamente mi total desacuerdo con este pacto entre masistas y opositores, porque permiten que se siga vulnerando la Constitución, las leyes vigentes y las atribuciones de la función legislativa”, agregó Álvarez.
Evo saludó el acuerdo horas antes
Pasadas las 17:00 del viernes se anunció que el acuerdo para llevar adelante las elecciones judiciales; sin embargo, horas antes Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció su beneplácito por el consenso.
“Saludamos el consenso de las bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional para convocar a las elecciones judiciales”, escribió Morales a las 9:52 del viernes.
En el mismo mensaje, Morales acusó al presidente, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, por boicotear la solución a los conflictos.
“Tienen que instruir la inmediata aprobación de la ley que está consensuada para garantizar las elecciones del Órgano Judicial”, escribió Morales.
Mientras la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que apoya al Gobierno de Luis Arce, advirtió que desde el lunes se realizará la “toma pacífica” de la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta la aprobación del proyecto de ley para las elecciones judiciales, tal como señala el último compromiso político.
Otro punto señala “exigir de forma inmediata” la renuncia de todos los diputados y senadores que se prestan a “convulsionar y bloquear la economía nacional” del país.