Presidente del TSJ cuestiona bajos sueldos en el Órgano Judicial y exige el 5% del PGE para reformas
Romer Saucedo aseguró que los sueldos en el Órgano Judicial son inferiores a los que rigen en el Gobierno y en el Legislativo.
Busca fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los entes judiciales y consolidar una persecución penal estratégica, inteligente y humana.
Bolivia ocupa el puesto 131 de 143 países en Estado de derecho, según el World Justice Project 2025, además de ubicarse en los últimos lugares en justicia penal y civil.
Un juez de La Guardia, en Santa Cruz, ha emitido este martes órdenes de aprehensión contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fueron cesados esta misma joranda en el cargo.
Altas autoridades nacionales y regionales, instituciones y sectores destacaron y respaldaron el cese de mandato de los magistrados autoprorrogados del TCP.
Paz señaló que, con el cese de funciones de las autoridades ilegales, se recupera una instancia judicial al servicio del pueblo, que ahora deberá reorganizarse, fortalecerse y avanzar en su modernización.
El decano Yván Espada aclaró que se cumplen los plazos en la tramitación. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene alrededor de 20.000 causas pendientes de resolución, de causas de hace dos a tres años, según reveló la magistrada Paola Prudencio. Dijo que los cuatro tribunos electos en 2024 plantearon estrategias de gestión para acelerar el despacho de sentencias, pero que no encuentran respuesta de sus cinco colegas que permanecen en funciones por una ampliación de mandato indefinido y que hacen mayoría en Sala Plena.
Jueces de Garantías y vocales Constitucionales fueron advertidos por el TCP para no admitir acciones contra la prórroga de mandato de sus magistrados.
Denunciaron presuntas irregularidades en el Auto Constitucional 070/2025, norma que habilitaría una tercera prórroga de mandato para autoridades cuyo periodo ya concluyó.
Senadores, diputados y analistas apuestan por el consenso, el diálogo y la inclusión de todos los sectores para garantizar el éxito del Acuerdo Nacional del Bicentenario.