La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la demanda de acción popular presentada por Amilcar Barral, contra Evo Morales, expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la convocatoria a bloqueos y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no evitar los cortes de rutas.
La audiencia fue fijada para el viernes 26 de enero a las 10:30 de forma virtual.
“Estamos demandando tanto a Evo Morales como incitador y organizador de estos conflictos y estos bloqueos de caminos por un interés personal. Y también contra el ministro Eduardo Del Castillo porque no está haciendo nada para evitar este tipo de bloqueos”, dijo Barral a Erbol.
Desde el lunes, sectores afines a Morales iniciaron un bloqueo de caminos en rechazo a la prórroga de los magistrados y para exigir elecciones judiciales. En tanto, desde el Gobierno se sostiene que esta medida de presión solo es para favorecer al jefe del MAS, esto en relación a la sentencia constitucional 1010/2023, la cual establece que la reelección presidencial indefinida no existe y tampoco es un derecho humano.
En el tercer día de movilización de sectores evistas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos reportó 14 puntos de bloqueo fijo y cuatro bloqueos esporádicos en cuatro departamentos, la mayor parte se concentra en Cochabamba.
Desde el Gobierno se habla de una pérdida de $us 128 millones por día en el sector productivo, mientras que desde la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) hicieron un llamado al diálogo entre las partes en conflicto.
El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, convocó para este lunes 29 de enero a autoridades legislativas y representantes de las tres fuerzas políticas, con el objetivo de tratar el tema de las elecciones judiciales.
La convocaría se realiza en un contexto donde el ala “evista” cumple un bloqueo de caminos en demanda de que renuncien los actuales magistrados, además de que se convoque a la elección de nuevas autoridades judiciales.
Choquehuanca convocó al diálogo a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados y a los representantes de las tres fuerzas políticas del legislativo (MAS, CC y Creemos), así como a los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia Plural de ambas Cámaras, según difundió la Vicepresidencia.
La reunión se realizará en el Salón de Videoconferencias de la Vicepresidencia en la ciudad de La Paz, a partir de las 15:00 horas de lunes.
Las elecciones judiciales debieron realizarse en 2023 y la Asamblea ya tenía en marcha dos procesos de preselección de candidatos, pero que fueron paralizados por recursos judiciales.
En este contexto, los opositores y el ala “evista” acusan al Gobierno y magistrados de ser cómplices de la prórroga judicial y beneficiarse con sentencias, mientras que el “arcismo” acusa a las otras bancadas de querer cuotearse los cargos de tribunos en una nueva elección.
El jefe nacional de Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, propuso que la Asamblea Legislativa Plurinacional deba sesionar por tiempo y materia hasta aprobar la nueva convocatoria y reglamento para las elecciones judiciales.
Mediante sus redes sociales, el exmandatario sugirió además que el proceso deba realizarse en un plazo no mayor a los 90 días lo que permita que se puedan posesionar a los nuevos magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Los denominados “arcistas” deberían sumarse a esta propuesta, de lo contrario estarían comprobando que lo que en realidad pretenden es “legislar” sin la Asamblea y solo con sentencias de los autoprorrogados (sic)”, afirmó.
Morales recordó que las organizaciones sociales se encuentran movilizadas debido a que los magistrados “violan flagrantemente” la Constitución Política del Estado que prohíbe la prórroga de su mandato.
El 29 de enero, el presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, convocó a las tres fuerzas políticas para buscar consensos que permitan allanar una salida a la crisis judicial.
El bloqueo de carreteras en diferentes partes del país cumple su cuarto día. Al momento existen 14 puntos, de los cuales, la mayoría se encuentran en el departamento de Cochabamba. //agc
El ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó que se buscará entablar un “gran diálogo nacional” a realizarse con “urgencia y lo más pronto posible” para consensuar el tema de las elecciones judiciales, sin embargo, desde ya expresó su rechazo al proyecto de Ley 144, que ya fue aprobado en el Senado, por considerar que favorecería a un cuoteo.
Lima se pronunció respecto al comunicado de la relatora de la ONU para independencia judicial, Margaret Sutterwaite, quien expresó su preocupación por el retraso de las elecciones judiciales y la falta de acuerdo político.
El Ministro recogió el anunció el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, de realizar un diálogo para consensuar las judiciales.
“El llamado del vicepresidente que se va a concretar en las próximas horas para este gran diálogo nacional exige que los diputados y senadores busquen el camino de establecido por la relatora, un camino que garantice transparencia, independencia, respeto a los derechos humanos y principalmente el respeto a nuestra Constitución”, dijo Lima la noche de este lunes.
No al cuoteo
El Ministro señaló que el proyecto de ley 144, aprobado en el Senado, aún tiene que adecuarse a los criterios que emitió el Tribunal Constitucional al respecto.
Además, señaló que ese proyecto generará cuoteo porque omite la entrevista para los postulantes y establece que se elijan a los precandidatos en votación por plancha en la Asamblea.
Según Lima, el proyecto de ley 144 obedece a un acuerdo entre Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, para cuotearse los cargos de magistrados.
El ala “evista” y los opositores suman dos tercios de la Asamblea, con lo cual tendrían la ventaja de seleccionar a los candidatos a magistrados, que se someterán al voto popular.
Lima señaló que también existe otro proyecto de ley presentado por el diputado Jerges Mercado (del ala arcista) y la senadora Silvia Salame. Dijo que todas las posiciones deben tratarse en el diálogo.
La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, aceptó reunirse con magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de visitar Bolivia en los próximos meses, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Satterthwaite ya expresó su “grave preocupación” por el retraso en las elecciones judiciales, que debieron realizarse en 2023, y la falta de acuerdo político, que ha derivado en la prórroga de los actuales magistrados.
“Se está generando ya la reunión presencial o virtual que vaya a tener la relatora con los magistrados, porque los magistrados del Tribunal Constitucional son una parte relevante importante en esta situación que se ha presentado”, dijo Lima.
Visita académica
Respecto a la llegada de la relatora al país, el Ministro señaló que será una visita académica que se podría realizar en un tiempo de entre tres a máximo seis meses.
De llegar Satterthwaite a Bolivia, sería la segunda visita de un relator para la independencia judicial desde 2022, cuando ya estuvo en el país su antecesor Diego García-Sayán.
El ministro Lima ratificó que se buscará consolidar la realización de las elecciones judiciales. Recordó que el vicepresidente David Choquehuanca ya ha anunciado un diálogo nacional para tratar este tema y que se afinarán las fechas al respecto.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, ratificó este miércoles que las elecciones judiciales pueden realizarse este año y no chocarán con las primarias, en el proceso previo a los comicios generales de 2020.
Si bien recalcó que la normativa vigente no establece un plazo, Hassenteufel señaló que el tiempo recomendable entre cada proceso electoral en el país debe ser entre cuatro y cinco meses.
“La ley no establece un plazo, pero idealmente siempre es preferible tener por lo menos unos cinco o cuatro meses entre un proceso y otro”, indicó el titular del ente electoral, en un contacto con periodistas en Sucre.
El pasado martes, Hassenteufel afirmó que es factible celebrar las judiciales este año porque el TSE ya tiene todo preparado y un presupuesto garantizado.
Agregó este miércoles que las elecciones judiciales podrían realizarse en “junio, julio o agosto”, siempre y cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional entregue la lista de candidatos preseleccionados, por lo que este proceso no chocaría con las primarias proyectadas para diciembre.
Sin embargo, apuntó que el TSE analizará la propuesta de anular las elecciones primarias o bien, no cumplir este paso previo a las presidenciales de 2025 en aquellos partidos políticos que no tengan más de un candidato.
El diálogo sobre las elecciones judiciales anunciado por el Gobierno se celebrará este lunes, en la Vicepresidencia. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados y a los representantes de las tres fuerzas políticas del Parlamento, así como a los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia Plural de ambos cuerpos legislativos.
“Se convoca al diálogo bajo las reglas de la democracia, la Constitución y el respeto a los derechos humanos como el único camino para viabilizar los consensos”, señala la nota enviada a las autoridades legislativas.
La reunión está fijada para las 15:00 del lunes 29 de enero en ambientes de la Vicepresidencia, en la ciudad de La Paz, precisa una nota institucional.
El pasado lunes, durante el acto por el Día del Estado Plurinacional, Choquehuanca llamó a senadores y diputados a dejar intereses personales y alcanzar consensos para garantizar las elecciones judiciales.
Asimismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció un diálogo, pero hasta este miércoles no se había confirmado la fecha ni el lugar del encuentro.
El proceso de preselección de candidatos de las elecciones judiciales se encuentra estancado en el Legislativo desde mayo pasado, debido a recursos presentados en contra de la convocatoria y reglamento de preselección de candidatos.
El ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos abogan por avanzar hacia las judiciales con el proyecto de Ley 144 que fue aprobado en el Senado, pero que tiene artículos observados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mientras que el bloque “arcista” pretende tratar una nueva propuesta.
En el cuarto día de los bloqueos que piden la renuncia de los magistrados prorrogados, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes que hagan una “pausa solidaria” para permitir el paso de personas afectadas por la medida de presión, pero además instó a que los órganos estatales brinden una resolución pronta al conflicto por la realización de elecciones judiciales.
“Este es un mensaje una invocación muy respetuosa a las personas que están en los diferentes puntos de bloqueo, para que éstos en una pausa solidaria permitan que los varados puedan transitar, independientemente de la legitimidad o no de las demandas que puedan tener los movilizados”, dijo Callisaya.
Aclaró que esto también debe ir de la mano con una “respuesta inmediata rápida y fiable” de parte de los órganos, relacionados con el tema de las elecciones judiciales.
Según el Defensor, se ha constatado que en los bloqueos están afectadas personas que son adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas.
A eso se suma que, en el marco del conflicto, se están afectando derechos de comerciantes y empresarios, además de que policías han sido heridos y personas aprehendidas.
A la Policía Boliviana, el Defensor exhortó a que si va a hacer uso excepcional de la fuerza, lo haga respetando los derechos humanos y los estándares internacionales.
En este contexto, los bloqueadores exigen que renuncien los magistrados y se convoque a elecciones judiciales. En tanto, el vicepresidente David Choquehuanca convocó a un diálogo político el lunes para tratar el tema de la preselección de postulantes, aunque opositores criticaron la tardanza para la reunión.
La preocupación por la demora de las elecciones judiciales, expresada esta semana por la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, generó un revuelo no solo en foros judiciales, sino en el ámbito político, dada la pulseta en el partido gobernante con este tema, a partir del bloqueo iniciado por los sectores sociales afines al expresidente Evo Morales y la prórroga de los magistrados mediante una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Satterthwaite expresó ya su interés en el tema el año pasado, en septiembre, a través de una carta dirigida al presidente Luis Arce, y en noviembre, de manera pública, en sus redes sociales.
Tras lo sucedido esta semana, que motivó el anuncio del Gobierno, de una visita de la Relatora, CORREO DEL SUR solicitó una entrevista, que la experta de la ONU accedió a contestar mediante un cuestionario por escrito.
CORREO DEL SUR (CS).- ¿Qué sectores le expresaron su preocupación por la actual crisis judicial en Bolivia?
Margaret Satterthwaite (MS).- Desde que mi predecesor realizó una visita al país en 2022, el mandato que represento ha dado seguimiento a los acontecimientos en el país.
CS.- ¿Cómo recibió el Gobierno de Bolivia su preocupación por el retraso de las elecciones judiciales?
MS.- Mi diálogo con las autoridades bolivianas ha sido positivo.
CS.- ¿La Relatoría observa la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que prorroga los cargos de las actuales autoridades judiciales o que esta prórroga no tenga un tiempo perentorio?
MS.- Como dije en mi comunicado público, dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido.
CS.- ¿Hay algún antecedente similar en otros sistemas?
MS.- No tengo conocimiento de ellos en este momento.
CS.- ¿Un vacío de poder en el Órgano Judicial boliviano también está dentro de sus preocupaciones?
MS.- Como dije en mi comunicado de prensa, mi principal preocupación es el retraso en las elecciones judiciales, requisito constitucional para el nombramiento de los magistrados del tribunal superior y del Consejo de la Judicatura en Bolivia.
CS.- A la luz de la coyuntura actual, ¿ve mayor politización de la justicia en Bolivia? ¿Ve responsables?
MS.- La politización de la administración de justicia es un problema mundial. Nos compete a todos y todas en nuestros países respectivos estar bien informados y participar de manera proactiva para identificar y evitar la politización de la justicia. Todos los poderes del gobierno, así como la sociedad civil, pueden contribuir respetando y promoviendo un poder judicial independiente y entendiendo su papel para garantizar el debido proceso y el estado de derecho.
CS.- Respecto a las recomendaciones formuladas por su antecesor tras su visita en 2022, ¿qué avances ve en Bolivia y qué debilidades?
MS.- No es posible que un Relator Especial haga este tipo de evaluación en un instante. Tenemos un mandato que abarca todo el mundo y tratamos de apoyar a los países en sus esfuerzos por garantizar la protección de los derechos humanos y, en mi caso en particular, la independencia del poder judicial. Nosotros, las y los Relatores, dialogamos con los países cuando surge la necesidad, y por eso hablé con las autoridades bolivianas sobre el retraso en las elecciones judiciales y luego emití un comunicado público.
CS.- Ese informe justamente señala que la Relatoría tomó nota de las preocupaciones sobre el sistema de designación de autoridades judiciales. ¿Cómo cuidar el proceso para que consideraciones de índole político no prevalezcan?
MS.- Esta es una decisión que Bolivia debe tomar por sí misma, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Hay muchas formas diferentes de realizar los nombramientos, por lo que Bolivia podrá elegir la que mejor le convenga. Sin embargo, lo que ya puedo decir es que la participación de la sociedad civil es clave.