Con base en el informe del GIEI, que señala que ni la Policía ni las Fuerzas Armadas deben sugerir o recomendar actos políticos, Luis Arce reafirma que en 2019 hubo “golpe de Estado”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) deploró el “uso de fuerza de modo excesivo” en fuerzas militares y policiales.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó hoy en Cobija, Pando, el diagnóstico Situación de Violencia Contra las Mujeres en Bolivia con la presencia de autoridades municipales, gubernamentales, del Ministerio Público y de organizaciones sociales y de la sociedad civil. La publicación contiene más de mil propuestas para la modificación de la Ley 348 en busca de eliminar sus falencias.
Desde el 1 de enero hasta el 15 de junio de este año, un total de 56 casos de feminicidio en todo el país fueron reportados, informó este martes el secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.
Los asambleístas Bertha Vejarano y Jorge Áñez fueron elegidos el 3 de marzo con el respaldo de las cinco organizaciones que aglutinan los pueblos indígenas.
Desde la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, se tienen procesadas 777 casos de feminicidio, de los cuales, 509 tuvieron sentencia en Bolivia mientras que el resto aún se encuentran en procesos, afirmó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
En conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresaron que reinvindican la plena vigencia de la Ley de Imprenta.
El organismo aceptó las pruebas presentadas por la comisión e informó que está atento a los problemas que ocurren en el país.
Una delegación mixta de legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos viajó a Estados Unidos para denunciar persecución política de opositores. Se tiene previsto que se reúnan con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos.
La confirmación del inicio de las investigaciones fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.