La ANP considera que acciones de esta naturaleza desvirtúan los valores democráticos y exige el cese de toda actividad orientada a fracturar a las organizaciones sociales que, por décadas, demostraron firme compromiso con los Derechos Humanos como es el caso de la APDHB.
La dirigencia aurífera espera que el Gobierno convoque esta semana a retomar la reglamentación, que definirá las reglas del juego de la normativa altamente cuestionada por opositores.
“Yo me animo a decir, que una vez se levante todo el Covid-19 por la instancia pertinente, en materia penal se va a seguir con la audiencia virtual, pero no en su totalidad y eso estará a discrecionalidad de la autoridad”, declaró.
La mayoría del MAS aprobó en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reduce los tiempos para el proceso de preselección de candidatos de cara a las elecciones judiciales.
El Gobierno de Luis Arce aprobó durante la gestión 2022 al menos seis decretos y seis resoluciones ministeriales para soltar el chaleco de fuerzas del sector hidrocarburífero y la Ley 3058, según el CEJIS.
Los actuales magistrados y consejeros del TCP, TSJ, TA y del Consejo de la Magistratura finalizarán sus mandatos en diciembre de 2023 y las nuevas autoridades deben asumir funciones en enero de 2024.
El MAS busca elaborar un nuevo reglamento de preselección de candidatos tras la anulación del proceso anterior.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, remarcó este sábado que el Gobierno nacional garantiza la libertad de expresión y respeta la Ley de Imprenta, en el contexto de las críticas y el rechazo al proyecto de ley 305, elaborado por el Ministerio de Justicia.
De acuerdo a la CIDH, históricamente, en Bolivia, la Justicia “se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político en turno”, según coincidieron los actores entrevistados en su visita in loco, también conocida como in situ.
Un equipo de jueces del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba trabajará al interior de los penales, donde se priorizará las causas de presos con mandamientos de libertad no concretados, aquellos que recibieron medidas sustitutivas o cometieron delitos menores.