Los cuatro magistrados electos del TCP denunciaron que los autoprorrogados cometen «abusos y anomalías» para no ser cesados en sus cargos.
Plantean que la reforma judicial se constituya en una Política Pública de Estado, con enfoque de Derechos Humanos, y garantice la plena participación de la sociedad.
Las instituciones de la mesa de análisis de la conflictividad electoral, encabezada por la Defensoría del Pueblo, “proscriben toda acción, declaración o discurso que pretenda poner en duda o en vilo la realización de la segunda vuelta electoral”.
En primera vuelta, muchas denuncias que se conocieron, principalmente por medio de redes sociales, señalaban que, pese a la restricción, mucha propaganda seguía difundiéndose en distintas plataformas.
El Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD) de la Defensoría del Pueblo identificó y documentó 30 hechos relevantes relacionados con vulneraciones de derechos, expresiones de racismo y discriminación, actos de violencia y manifestaciones de discurso de odio en el actual contexto electoral.
Observatorio Defensorial identificó que hubo discursos que incitan a la violencia.
El Defensor brindó la información a tiempo de presentar el plan de la entidad para los comicios electorales.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó este viernes el acuerdo arribado por la Comisión Bicameral y Multipartidaria conformada por las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir el rumbo de las elecciones judiciales.
“Destacamos el acuerdo arribado en la ALP para llevar adelante las Elecciones Judiciales como muestra del respeto a los Derechos humanos. Exhortamos a los movilizados a efectivizar una pausa solidaria en bloqueos”, escribió la autoridad en sus cuentas de redes sociales.
Según el acuerdo, el 5 de febrero, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley 144/2023 hasta aprobarla y al día siguiente hará lo propio el Senado y luego será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En la víspera, el Defensor del Pueblo alertó sobre “un peligroso agravamiento de la conflictividad en el país”, mismo que está afectando los derechos de la población desde el 22 de enero cuando comenzaron los bloqueos en varias partes del país.
En ese sentido exigió al Estado y los actores políticos involucrados a que “agoten el diálogo y resuelvan este conflicto como único camino de solución”.
Desde que se instalaron los bloqueos en Oruro, Cochabamba, Potosí y La Paz, la Defensoría del Pueblo dispuso profesionales defensoriales de las 21 oficinas en los puntos de conflicto para atender posibles vulneraciones de derechos, tanto de los terceros afectados, con prioridad personas en situación de vulnerabilidad, así como los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta pacífica. //ag