Una jueza de Sucre determinó que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sean procesados en la vía de juicio de responsabilidades y no por vía ordinaria, en el proceso que se les instauró por presunta usurpación de funciones.
La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien indicó que la jueza ha declarado probado el recurso de excepción, disponiendo que la Fiscalía proceda al archivo de obrados del proceso penal.
El argumento para este fallo consiste en que los magistrados siguen ejerciendo el cargo, en virtud a la prórroga decidida por la Declaración Constitucional 049/2023, por lo cual les corresponde juicio de responsabilidades.
“Pues estamos ejerciendo funciones en condición de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en consecuencia la juez ha declarado probada la excepción de falta de acción establecido que debe aplicarse el contenido de la ley de juicio y responsabilidades número 044”, afirmó Franco, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.
Con esa decisión, el procesamiento de los magistrados corresponde a la Asamblea Legislativa, mediante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la ley 044.
“Quienes tiene que llevar adelante el procesamiento, en virtud al reconocimiento judicial que existe a la vinculatoriedad y obligatoriedad de la Declaración Constitucional 049, es precisamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, puesto que nosotros estamos en este momento cumpliendo funciones en nuestra condición de magistradas y magistrados”, recalcó Franco.
De promoverse el juicio de responsabilidades, la investigación debe estar a cargo del Comité de Ministerio Público de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Esa instancia debe decidir si imputa a los magistrados.
Los magistrados fueron denunciados por parlamentarios de Comunidad Ciudadana, que los acusaron de usurpar funciones con su prórroga, después de terminar su mandato el 31 de diciembre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este miércoles el auto constitucional 034/2024 -CA/S en el que instruye a la Asamblea Legislativa considere la adecuación del proyecto 144, antes del tratamiento de otra ley para las judiciales.
De acuerdo con el documento, la solicitud fue formulada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, dentro de la consulta de control previo sobre la constitucionalidad del proyecto de ley 144/2022-2023 “proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” del 31 de agosto de 2023, a objeto que se disponga la aplicación de medidas cautelares.
“El accionante refirió que conforme al artículo 115 de la CPE (Constitución Política del Estado), lo dispuesto en la DCPC 0049/2023 de 11 de diciembre, es de cumplimiento obligatorio para el Órgano Legislativo, sin embargo, este Órgano pretende volver a considerar el proyecto de ley sin adecuar ni eliminar las disposiciones normativas observadas, así como analizar otros proyectos de ley vinculados al mismo, lo cual produciría una daño irreparable al ordenamiento jurídico con graves violaciones a los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, siendo que varios de sus artículos fueron declarados inconstitucionales por la institución encargada de realizar el control de constitucionalidad, generando así un evidente incumplimiento a la referida DCP 049/2023 que no puede ser tolerado por un Estado Constitucional de Derecho”, señala el auto constitucional del TCP.
El TCP emitió el 11 de diciembre la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
La declaración constitucional 049/2023 además dispuso de la inconstitucionalidad por conexitud de «los artículos 14, 29.II, 30.I y la Disposición Adicional Séptima en su segundo párrafo, inc. a) todos del Proyecto “Proyecto de Ley Transitoria para las elecciones Judiciales 2023-2024”C, referidos a los plazos previsto en ellos, y la inconstitucionalidad de los parágrafos I y III de la Disposición Adicional Sexta, por ser contrarios a los arts. 9.4, 12, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado».
Además, el accionante, solicitó que “como medida cautelar se ordene a la Asamblea Legislativa Plurinacional que, en cualquiera de sus cámaras, se abstenga de aprobar o tratar otros proyectos de ley sin previamente cumplir con los dispuesto por la DCP 049/2023, debiendo velar porque el Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024 garantice el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales, aspecto que vulneraría el orden constitucional y legal en nuestro Estado, así como los derechos y garantías de los ciudadanos que pretender formar los altos Tribunales de Justicia, contrariando a los arts 15, 115, y 203 de la norma suprema, adames de incurrir en posibles conductas antijurídicas como la establecida en el art 179 del Código Penal”.
El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, adelantó para hoy, miércoles, la reunión para abordar las elecciones judiciales con autoridades legislativas y representantes de las fuerzas políticas que estaba prevista inicialmente para el jueves.
El Vicepresidente tomó esta determinación a solicitud de la comisión bicameral multipartidaria, que este martes se instaló y avanzó en la convocatoria a la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
La reunión está programada para las 9:30, con el objetivo de “tomar conocimiento sobre los avances que se tuvieron para garantizar la ley de las elecciones judiciales”, según una nota institucional de la Vicepresidencia.
PUNTOS PENDIENTES
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, destacó el aporte significativo de las fuerzas políticas y mencionó que aún quedan temas pendientes, incluyendo la forma de votación en la Asamblea Legislativa y la prórroga de magistrados.
Después de una reunión que duró varias horas este martes, la comisión multipartidaria y bicameral avanzó en consensuar un proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales; sin embargo, quedan por acordar dos puntos clave que se tratarán en reunión con autoridades del Legislativo y bancadas.
Los dos puntos pendientes se refieren a la forma de votación y la autoprórroga de los magistrados, según explicó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
Respecto a la forma de votación, la polémica surgió porque el proyecto de Ley 144 planteaba que la Asamblea elija en votación por plancha a los precandidatos a magistrados. Esa forma de elección legislativa es rechazada por el Gobierno.
En cuanto a la autoprórroga de magistrados, el ala “evista” y la oposición exigen que las actuales autoridades judiciales sean cesadas en sus cargos en tanto se realizan las elecciones judiciales.
OTRAS POSTURAS
El diputado Carlos Alarcón sostuvo que la comisión bicameral difiere en la forma de votación para aprobar la lista de candidatos a las Judiciales y sobre el cese de funciones de los magistrados.
“Donde no hay acuerdo todavía es en el tema de la forma de votación; nosotros creemos que, si no se cambia la forma de votación, es decir que el pleno de la Asamblea vote por la aprobación o el rechazo, con dos tercios del informe de preselección de las comisiones mixtas, va a ser imposible llegar a tiempo con la elección judicial”, indicó Alarcón.
“Otro tema, es el de la prórroga nosotros consideramos que deben dejar sus funciones los usurpadores judiciales, que están en ejercicio de facto de sus funciones”, agregó.
Por su parte, el senador de Creemos Henry Montero señaló que, desde su bancada, proponen “que (la votación) sea en plancha, para despolitizar este proceso porque no puede ser una decisión política que determine quién va y quién no, para que el pueblo vote”.
El diputado del MAS, Jerges Mercado, respecto a la ‘prorroga’ pidió a los que exigen el cese de magistrados presentar una alternativa para que “los bolivianos no nos quedemos sin justicia, sin cabezas en el Órgano Judicial, mientras se llevan adelante las elecciones judiciales”.
EN LA PAZ
La reunión se desarrollará en ambientes de la Vicepresidencia, en la ciudad de La Paz. Participarán los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas (MAS, CC y Creemos), además de los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia de ambas cámaras.
LA SOLUCIÓN
El expresidente Evo Morales indicó que la solución a los nueve días de bloqueo consiste en que “el Gobierno debe viabilizar de inmediato la convocatoria a elecciones judiciales y la cesación de funciones de los magistrados prorrogados”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en su comisión de admisión nuevamente puso en suspenso el tratamiento del proyecto de ley 144 de Elecciones Judiciales o de la consideración de otra propuesta de ley mientras no se cumpla con lo dispuesto en la Declaración Constitucional 049/2023.
Este Auto Constitucional fue notificado este miércoles por la Comisión de Admisión del TCP que acepta otorgar una medida cautelar hasta que el Pleno de magistrados resuelva un recurso de queja presentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, en sentido de que la Asamblea Legislativa en el tratamiento del proyecto de ley de elecciones judiciales no estaría cumpliendo con los términos de la Declaración 049, es decir, sin adecuar o eliminar las disposiciones observadas por el TCP e incurriendo nuevamente en la inconstitucionalidad.
Por Tanto, la Comisión de Admisión dispone: «Ha lugar a la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes, presidente del TSJ, disponiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de ley 144/2022-2023 (…) Necesariamente debe acatar la Declaración Constitucional 049, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena del TCP, resuelva la queja por incumplimiento formulada por el nombrado, el 24 de enero de 2024», señala el auto firmado por los magistrados Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores de la Comisión de Admisión.
La queja apunta a que en el Legislativo continúas las posiciones y propuestas que muestran la falta de garantías para el servicio judicial incumpliendo los establecido por la DCP 049.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la demanda de acción popular presentada por Amilcar Barral, contra Evo Morales, expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la convocatoria a bloqueos y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no evitar los cortes de rutas.
La audiencia fue fijada para el viernes 26 de enero a las 10:30 de forma virtual.
“Estamos demandando tanto a Evo Morales como incitador y organizador de estos conflictos y estos bloqueos de caminos por un interés personal. Y también contra el ministro Eduardo Del Castillo porque no está haciendo nada para evitar este tipo de bloqueos”, dijo Barral a Erbol.
Desde el lunes, sectores afines a Morales iniciaron un bloqueo de caminos en rechazo a la prórroga de los magistrados y para exigir elecciones judiciales. En tanto, desde el Gobierno se sostiene que esta medida de presión solo es para favorecer al jefe del MAS, esto en relación a la sentencia constitucional 1010/2023, la cual establece que la reelección presidencial indefinida no existe y tampoco es un derecho humano.
En el tercer día de movilización de sectores evistas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos reportó 14 puntos de bloqueo fijo y cuatro bloqueos esporádicos en cuatro departamentos, la mayor parte se concentra en Cochabamba.
Desde el Gobierno se habla de una pérdida de $us 128 millones por día en el sector productivo, mientras que desde la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) hicieron un llamado al diálogo entre las partes en conflicto.
El secretario de Justicia y Trabajo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Daniel Cáceres, lamentó el estancamiento de la Justicia Indígena Originaria Campesina por la falta de funcionarios que conozcan este concepto para poder impulsarlo. Dijo que esto se debe a que funcionarios que tienen que ver con el tema solo piensan en cobrar el sueldo luego de haber llegado al cargo de manera irregular.
«Los dirigentes ponen en los ministerios y viceministerios a gente a costa de dinero, y ellos están ahí porque han pagado plata a los dirigentes, seguramente, no hacen nada porque sienten haber comprado su cargo, ni siquiera hacen su informe, ni coordinan, solamente están ahí por sueldo, nada más», dijo Cáceres a ANF.
Indicó que el hecho de que no existan avances en el tema de la justicia indígena se debe a que quien debería encargarse del tema no conoce ni el significado.
El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, convocó para este lunes 29 de enero a autoridades legislativas y representantes de las tres fuerzas políticas, con el objetivo de tratar el tema de las elecciones judiciales.
La convocaría se realiza en un contexto donde el ala “evista” cumple un bloqueo de caminos en demanda de que renuncien los actuales magistrados, además de que se convoque a la elección de nuevas autoridades judiciales.
Choquehuanca convocó al diálogo a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados y a los representantes de las tres fuerzas políticas del legislativo (MAS, CC y Creemos), así como a los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia Plural de ambas Cámaras, según difundió la Vicepresidencia.
La reunión se realizará en el Salón de Videoconferencias de la Vicepresidencia en la ciudad de La Paz, a partir de las 15:00 horas de lunes.
Las elecciones judiciales debieron realizarse en 2023 y la Asamblea ya tenía en marcha dos procesos de preselección de candidatos, pero que fueron paralizados por recursos judiciales.
En este contexto, los opositores y el ala “evista” acusan al Gobierno y magistrados de ser cómplices de la prórroga judicial y beneficiarse con sentencias, mientras que el “arcismo” acusa a las otras bancadas de querer cuotearse los cargos de tribunos en una nueva elección.
El jefe nacional de Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, propuso que la Asamblea Legislativa Plurinacional deba sesionar por tiempo y materia hasta aprobar la nueva convocatoria y reglamento para las elecciones judiciales.
Mediante sus redes sociales, el exmandatario sugirió además que el proceso deba realizarse en un plazo no mayor a los 90 días lo que permita que se puedan posesionar a los nuevos magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Los denominados “arcistas” deberían sumarse a esta propuesta, de lo contrario estarían comprobando que lo que en realidad pretenden es “legislar” sin la Asamblea y solo con sentencias de los autoprorrogados (sic)”, afirmó.
Morales recordó que las organizaciones sociales se encuentran movilizadas debido a que los magistrados “violan flagrantemente” la Constitución Política del Estado que prohíbe la prórroga de su mandato.
El 29 de enero, el presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, convocó a las tres fuerzas políticas para buscar consensos que permitan allanar una salida a la crisis judicial.
El bloqueo de carreteras en diferentes partes del país cumple su cuarto día. Al momento existen 14 puntos, de los cuales, la mayoría se encuentran en el departamento de Cochabamba. //agc
El Senado aprobó este jueves una ley que eliminarían las salas constitucionales, que fueron creadas en 2018 para tratar recursos de protección de derechos, como los amparos, acción de libertad, acción popular y otros.
La eliminación de estas salas fue apoyada por las bancadas “evista” y de oposición. Argumentaron que las salas constitucionales en lugar de hacer bien, hicieron mal a la justicia, actuando de manera abusiva e inconstitucional, politizando la administración judicial.
En los últimos meses, salas constitucionales fueron cuestionadas por decisiones como suspender las interpelaciones contra los ministros y paralizar el proceso de preselección de candidatos a elecciones judiciales.
El senador de CC, Antonio Zamora, dijo que las salas constitucionales se han vuelto políticas. “Nos han suprimido nuestras atribuciones previstas en la Constitución”, protestó.
Con esta norma se abrogaría la ley 1104 de 2018, mediante la cual se crearon 22 salas constitucionales con jurisdicción departamental, con el objetivo de atender los casos referidos a garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.
El senador “evista” Luis Adolfo Flores explicó que las salas constitucionales no están previstas en la Constitución.
La nueva ley plantea que las acciones de amparo se traten en juzgados de materia penal y que el resto de acciones se tramiten ante cualquier sala de turno de los tribunales departamentales o juzgado.
La ley aprobada fue remitida a la Cámara de Diputados, que deberá tratarla en instancia de revisión.
“Arcistas” rechazan
Senadoras del ala “arcista” expresaron su rechazo a esta ley aprobada por sus colegas en la Cámara Alta.
La senadora María Muñoz recordó que la creación de salas constitucionales se propuso en una cumbre de justicia. Cuestionó la actitud de sus colegas del ala “evista” y anunció que acudirá a las bases.
El senador Santos Ramos criticó las confusiones que hubo durante la aprobación de la norma. Expresó su rechazo porque considera que en su momento se aprobó la ley 1104 porque les convenía y ahora cambian ese criterio.
La senadora también “arcista” Virginia Velasco manifestó su indignación, porque considera que las salas constitucionales son una “conquista” de la población. Explicó que la idea de esta instancia era acercar la justicia al pueblo.
Velasco espera que la Cámara de Diputados rechace esta ley aprobada en el Senado.
El senador de CC, Antonio Zamora, respondió a los “arcistas” que parecen defensores de los vocales constitucionales que “han hecho y deshecho” y que creen “todopoderosos”. Recalcó que estas salas se han politizados y torcido la justicia.
“El remedio de las salas constitucionales ha sido peor que la enfermedad”, agregó.
El ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó que se buscará entablar un “gran diálogo nacional” a realizarse con “urgencia y lo más pronto posible” para consensuar el tema de las elecciones judiciales, sin embargo, desde ya expresó su rechazo al proyecto de Ley 144, que ya fue aprobado en el Senado, por considerar que favorecería a un cuoteo.
Lima se pronunció respecto al comunicado de la relatora de la ONU para independencia judicial, Margaret Sutterwaite, quien expresó su preocupación por el retraso de las elecciones judiciales y la falta de acuerdo político.
El Ministro recogió el anunció el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, de realizar un diálogo para consensuar las judiciales.
“El llamado del vicepresidente que se va a concretar en las próximas horas para este gran diálogo nacional exige que los diputados y senadores busquen el camino de establecido por la relatora, un camino que garantice transparencia, independencia, respeto a los derechos humanos y principalmente el respeto a nuestra Constitución”, dijo Lima la noche de este lunes.
No al cuoteo
El Ministro señaló que el proyecto de ley 144, aprobado en el Senado, aún tiene que adecuarse a los criterios que emitió el Tribunal Constitucional al respecto.
Además, señaló que ese proyecto generará cuoteo porque omite la entrevista para los postulantes y establece que se elijan a los precandidatos en votación por plancha en la Asamblea.
Según Lima, el proyecto de ley 144 obedece a un acuerdo entre Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, para cuotearse los cargos de magistrados.
El ala “evista” y los opositores suman dos tercios de la Asamblea, con lo cual tendrían la ventaja de seleccionar a los candidatos a magistrados, que se someterán al voto popular.
Lima señaló que también existe otro proyecto de ley presentado por el diputado Jerges Mercado (del ala arcista) y la senadora Silvia Salame. Dijo que todas las posiciones deben tratarse en el diálogo.