La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, aceptó reunirse con magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de visitar Bolivia en los próximos meses, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Satterthwaite ya expresó su “grave preocupación” por el retraso en las elecciones judiciales, que debieron realizarse en 2023, y la falta de acuerdo político, que ha derivado en la prórroga de los actuales magistrados.
“Se está generando ya la reunión presencial o virtual que vaya a tener la relatora con los magistrados, porque los magistrados del Tribunal Constitucional son una parte relevante importante en esta situación que se ha presentado”, dijo Lima.
Visita académica
Respecto a la llegada de la relatora al país, el Ministro señaló que será una visita académica que se podría realizar en un tiempo de entre tres a máximo seis meses.
De llegar Satterthwaite a Bolivia, sería la segunda visita de un relator para la independencia judicial desde 2022, cuando ya estuvo en el país su antecesor Diego García-Sayán.
El ministro Lima ratificó que se buscará consolidar la realización de las elecciones judiciales. Recordó que el vicepresidente David Choquehuanca ya ha anunciado un diálogo nacional para tratar este tema y que se afinarán las fechas al respecto.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, ratificó este miércoles que las elecciones judiciales pueden realizarse este año y no chocarán con las primarias, en el proceso previo a los comicios generales de 2020.
Si bien recalcó que la normativa vigente no establece un plazo, Hassenteufel señaló que el tiempo recomendable entre cada proceso electoral en el país debe ser entre cuatro y cinco meses.
“La ley no establece un plazo, pero idealmente siempre es preferible tener por lo menos unos cinco o cuatro meses entre un proceso y otro”, indicó el titular del ente electoral, en un contacto con periodistas en Sucre.
El pasado martes, Hassenteufel afirmó que es factible celebrar las judiciales este año porque el TSE ya tiene todo preparado y un presupuesto garantizado.
Agregó este miércoles que las elecciones judiciales podrían realizarse en “junio, julio o agosto”, siempre y cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional entregue la lista de candidatos preseleccionados, por lo que este proceso no chocaría con las primarias proyectadas para diciembre.
Sin embargo, apuntó que el TSE analizará la propuesta de anular las elecciones primarias o bien, no cumplir este paso previo a las presidenciales de 2025 en aquellos partidos políticos que no tengan más de un candidato.
En las últimas dos semanas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a 61 vocales ordinarios logrando cubrir las acefalías de estos cargos en los tribunales departamentales de justicia del país, los cuales estaban pendientes desde el año pasado por cumplimiento de mandato de las autoridades. El año pasado, la Sala Plena no pudo designar vocales por falta de consenso entre los magistrados y la ausencia permanente de algunos de ellos a las sesiones, postergadas en varias oportunidades.
Los primeros días de este año, los magistrados decidieron no hacer actos jurisdiccionales ni administrativos mientras exista una certidumbre sobre su continuidad en el cargo pese a estar respaldados por la Declaración constitucional 0049/2023 de ampliación de mandato. Había cierto temor de que el Ministerio Público viabilice las denuncias penales por presunta usurpación de funciones ya que la Constitución establece seis años de mandato.
Pero a partir del 10 de enero, en la nueva etapa transitoria hasta que se elijan nuevas autoridades para los altos tribunales de justicia del país, procedieron con los actos administrativos de elección de los presidentes, primero del Tribunal Agroambiental y después, en el TSJ, se viabilizó la designación de vocales y el inicio de los sorteos y resolución de causas.
Tras su posesión, el presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes, informó a CORREO DEL SUR que los altos tribunales de justicia comienzan a tramitar procesos. El 10 de enero designaron vocales para seis departamentos del país.
POSESIÓN
El 17, Jaimes posesionó a 47 vocales para cubrir acefalías en los distritos judiciales de Chuquisaca (5), La Paz (8), Oruro (7), Potosí (11), Santa Cruz (15) y Tarija (1).
Este miércoles, el TSJ nombró 14 vocales para los distritos judiciales de Pando (4), Beni (3) y Cochabamba (7).
De esta manera, prácticamente quedarían cubiertos los vacíos de autoridades judiciales en los nueve departamentos que fueron generados, sobre todo, por cumplimiento de mandato.
Las acefalías fueron motivo de preocupación de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), que el 3 de enero emitió un pronunciamiento “por la incertidumbre que embarga al Órgano Judicial” porque el 3 de enero, 46 vocales del área ordinaria, de 94 que tiene el país, cumplían su periodo constitucional de cuatro años y que el TSJ el año pasado no logró hacer las designaciones.
En el cuarto día de los bloqueos que piden la renuncia de los magistrados prorrogados, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes que hagan una “pausa solidaria” para permitir el paso de personas afectadas por la medida de presión, pero además instó a que los órganos estatales brinden una resolución pronta al conflicto por la realización de elecciones judiciales.
“Este es un mensaje una invocación muy respetuosa a las personas que están en los diferentes puntos de bloqueo, para que éstos en una pausa solidaria permitan que los varados puedan transitar, independientemente de la legitimidad o no de las demandas que puedan tener los movilizados”, dijo Callisaya.
Aclaró que esto también debe ir de la mano con una “respuesta inmediata rápida y fiable” de parte de los órganos, relacionados con el tema de las elecciones judiciales.
Según el Defensor, se ha constatado que en los bloqueos están afectadas personas que son adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas.
A eso se suma que, en el marco del conflicto, se están afectando derechos de comerciantes y empresarios, además de que policías han sido heridos y personas aprehendidas.
A la Policía Boliviana, el Defensor exhortó a que si va a hacer uso excepcional de la fuerza, lo haga respetando los derechos humanos y los estándares internacionales.
En este contexto, los bloqueadores exigen que renuncien los magistrados y se convoque a elecciones judiciales. En tanto, el vicepresidente David Choquehuanca convocó a un diálogo político el lunes para tratar el tema de la preselección de postulantes, aunque opositores criticaron la tardanza para la reunión.
El directorio de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial solicitó este jueves al titular de esa unidad encargada del manejo de los recursos económicos presentar un informe anual de actividades de 2023 para conocer el destino de los recursos, un reporte sobre las funciones que cumple en el marco de la Ley y una proyección de los lineamientos y políticas para este año; en función a ese informe las autoridades podrían definir la situación laboral del mencionado funcionario.
El titular de la DGAF, Alberto Ruiz, ingresó a este cargo mediante un concurso de méritos y un proceso de institucionalización y solamente causales previstas en la misma ley del Órgano Judicial podrían provocar su renuncia o alejamiento del cargo.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, informó a CORREO DEL SUR que el Directorio solicitó al Director General cumplir con la presentación del informe anual de actividades de la gestión 2023, también reportes relacionados con sus funciones y el marco normativo completo que rigen las mismas, y una proyección de los lineamientos y políticas de la DGAF para 2024.
“El actual Director está conminado a presentar esos informes hasta este lunes 29 de enero, con ese resultado se tomarán las determinaciones correspondientes”, manifestó.
Jaimes dijo que por reglamento de la institución hay obligación del Director de la DGAF entregar informes sobre las labores que cumplió en 2023.
MAYOR INVERSIÓN
Ruiz informó hace una semana que fue convocado a presentar informes a Sala Plena y al Directorio de la DGAF y en esa ocasión adelantó que dentro del presupuesto de este año está previsto realizar inversión pública y la posibilidad de una reposición salarial a los jueces que se vieron afectados con un recorte a sus salarios en 2020.
El funcionario indicó que se requiere mayor presupuesto para encarar obras como la construcción de más casas de justicia en los distritos judiciales y para este año tienen previsto unos 40 millones de bolivianos, monto que considera insuficiente.
La preocupación por la demora de las elecciones judiciales, expresada esta semana por la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, generó un revuelo no solo en foros judiciales, sino en el ámbito político, dada la pulseta en el partido gobernante con este tema, a partir del bloqueo iniciado por los sectores sociales afines al expresidente Evo Morales y la prórroga de los magistrados mediante una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Satterthwaite expresó ya su interés en el tema el año pasado, en septiembre, a través de una carta dirigida al presidente Luis Arce, y en noviembre, de manera pública, en sus redes sociales.
Tras lo sucedido esta semana, que motivó el anuncio del Gobierno, de una visita de la Relatora, CORREO DEL SUR solicitó una entrevista, que la experta de la ONU accedió a contestar mediante un cuestionario por escrito.
CORREO DEL SUR (CS).- ¿Qué sectores le expresaron su preocupación por la actual crisis judicial en Bolivia?
Margaret Satterthwaite (MS).- Desde que mi predecesor realizó una visita al país en 2022, el mandato que represento ha dado seguimiento a los acontecimientos en el país.
CS.- ¿Cómo recibió el Gobierno de Bolivia su preocupación por el retraso de las elecciones judiciales?
MS.- Mi diálogo con las autoridades bolivianas ha sido positivo.
CS.- ¿La Relatoría observa la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que prorroga los cargos de las actuales autoridades judiciales o que esta prórroga no tenga un tiempo perentorio?
MS.- Como dije en mi comunicado público, dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido.
CS.- ¿Hay algún antecedente similar en otros sistemas?
MS.- No tengo conocimiento de ellos en este momento.
CS.- ¿Un vacío de poder en el Órgano Judicial boliviano también está dentro de sus preocupaciones?
MS.- Como dije en mi comunicado de prensa, mi principal preocupación es el retraso en las elecciones judiciales, requisito constitucional para el nombramiento de los magistrados del tribunal superior y del Consejo de la Judicatura en Bolivia.
CS.- A la luz de la coyuntura actual, ¿ve mayor politización de la justicia en Bolivia? ¿Ve responsables?
MS.- La politización de la administración de justicia es un problema mundial. Nos compete a todos y todas en nuestros países respectivos estar bien informados y participar de manera proactiva para identificar y evitar la politización de la justicia. Todos los poderes del gobierno, así como la sociedad civil, pueden contribuir respetando y promoviendo un poder judicial independiente y entendiendo su papel para garantizar el debido proceso y el estado de derecho.
CS.- Respecto a las recomendaciones formuladas por su antecesor tras su visita en 2022, ¿qué avances ve en Bolivia y qué debilidades?
MS.- No es posible que un Relator Especial haga este tipo de evaluación en un instante. Tenemos un mandato que abarca todo el mundo y tratamos de apoyar a los países en sus esfuerzos por garantizar la protección de los derechos humanos y, en mi caso en particular, la independencia del poder judicial. Nosotros, las y los Relatores, dialogamos con los países cuando surge la necesidad, y por eso hablé con las autoridades bolivianas sobre el retraso en las elecciones judiciales y luego emití un comunicado público.
CS.- Ese informe justamente señala que la Relatoría tomó nota de las preocupaciones sobre el sistema de designación de autoridades judiciales. ¿Cómo cuidar el proceso para que consideraciones de índole político no prevalezcan?
MS.- Esta es una decisión que Bolivia debe tomar por sí misma, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Hay muchas formas diferentes de realizar los nombramientos, por lo que Bolivia podrá elegir la que mejor le convenga. Sin embargo, lo que ya puedo decir es que la participación de la sociedad civil es clave.
La Coordinadora de la Seis Federaciones de Coca del Trópico cochabambino anunció que se sumará con aproximadamente 2.000 cocaleros, a la presión iniciada este lunes por casi un centenar de personas afines a Evo Morales que tienen prácticamente tomado el edificio del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La vigilia y manifestaciones de protesta ejercidas ayer obligaron a cerrar sus puertas exigiendo la renuncia de los magistrados que decidieron prorrogarse.
Las autoridades judiciales mantienen silencio y fuentes extraoficiales señalan que quienes están en sus oficinas se dedican a ordenar causas pendientes de resolución.
Ante esta situación de conflicto, la Jefatura de Recursos Humanos del TCP emitió un comunicado haciendo conocer que este lunes se trabajará en horario continuo de 8:00 a 16:00, sin embargo, las puertas de ingreso permanecieron cerradas toda la jornada.
El primer grupo de organizaciones leales al líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, llegó alrededor de las 8:30 e instaló una vigilia en puertas del TCP, que se encontraban protegidas con bardas metálicas y efectivos policiales. Aproximadamente a las 9:15, los activistas intentaron retirar las bardas y fue ahí cuando se produjo un amague de enfrentamiento entre policías y manifestantes, incluso con el uso de gas pimienta.
“Exmagistrados váyanse a su casa. Cárcel para los magistrados corruptos”, gritaron los manifestantes con pancartas en manos y megáfonos.
“Somos de las federaciones únicas de las cuatro regiones del departamento de Potosí y va a llegar más gente, vamos a hacer respetar la Constitución para que se vayan estos magistrados y haya nuevas elecciones judiciales”, sostuvo el dirigente potosino Wilber Mamani.
Entre los manifestantes había personas de organizaciones sociales de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca.
El exmagistrado del TCP, Orlando Ceballos, que se identificó como abogado defensor de Morales anunció la llegada de más sectores a la capital, a partir de este martes para seguir con las movilizaciones.
“Esto es sostenido, los sectores movilizados han solicitado a otras organizaciones sociales como la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) que se disponga una marcha nacional hacia la ciudad de Sucre. Estos magistrados prorrogados inconstitucionalmente dejen sus cargos, y no vamos a parar hasta que los magistrados estén en la calle”, sostuvo Ceballos.
En sintonía con los anuncios de mayor presión al TCP, desde Cochabamba la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico anunció la llegada de más de 2.000 cocaleros el próximo 15 de enero, para exigir la dimisión de los “magistrados autoprorrogados”, según el reporte de radio Kawsachun Coca.
GOLPES Y EMPUJONES
En la protesta, un grupo de manifestantes chocó con la Policía tras retirar una barda de seguridad con la intención de llegar hasta las puertas mismas del Constitucional, entre empujones y golpes contra los uniformados que utilizaron agentes químicos.
“Lucho (Luis Arce) traidor”, “basta de abuso de poder”, fueron algunas de las inscripciones en los carteles que se pegaron en los muros del tribunal. Después, comenzaron a quemar llantas pero la Policía procedió a extinguir el fuego.
TAMBIÉN LA OPOSICIÓN
Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también convocó a su primera movilización para el 11 de enero en Sucre exigiendo el cierre del TSJ, TCP, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Además anunció que impulsará un juicio penal contra los magistrados que decidieron ampliar su mandato de manera indefinida, informó su vocero Manuel Morales.
La marcha se realizará el jueves 11 de enero a las 17:00. La concentración será en la plazuela de El Reloj en Sucre y, paralelamente, ese día habrá movilizaciones en el resto del país, informó Morales.
Las reacciones contrarias a los magistrados surgen después que el TCP, emitió la Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 de diciembre del año pasado, declarando inconstitucionales algunos artículos del proyecto de ley 144, Ley Transitoria de Elecciones Generales, pero no solo eso, sino que dispuso la ampliación del mandato de los magistrados a partir del 2 de enero, ante un inminente vacío de poder en vista de que no hubo elecciones para renovar a las autoridades judiciales.
SEGURIDAD
El comandante departamental de la Policía en Chuquisasa, Marco Antonio Gutiérrez, señaló que el despliegue policial en curso busca garantizar el ingreso y la salida de funcionarios y litigantes del TCP, además de evitar el deterioro de la infraestructura.
“Hay un derecho a la protesta, pero si este vulnera el derecho de otras personas, va a actuar la Policía”, indicó Gutiérrez.
MÁS POLICÍAS
Anoche los sectores movilizados seguían en vigilia en el TCP frente a una significativa cantidad de policías que resguardaban la seguridad del edificio ante el anuncio de la llegada más gente.
Solo renunció un magistrado
Tras la renuncia del magistrado del TCP, Carlos Alberto Calderón, no se oficializaron más dimisiones en ninguna de las instituciones del Órgano Judicial ni del Constitucional, pese a los rumores de que habría otras autoridades que están en ese proceso de dar un paso al costado.
Calderón, que ya dejó el cargo del TCP, continúa en Sucre terminando de cerrar algunas de sus causas pendientes y ante la solicitud de una entrevista indicó que prefería no referirse al conflicto porque él ya había dejado la institución.
En una conversación con CORREO DEL SUR aclaró que su renuncia ya estaba prevista mucho más antes de que se conociera la Declaración Constitucional de prórroga y que solo esperaba cumplir con sus seis años de mandato y dejar resueltas sus causas.
Abogado: Fiscalía debe aprehender a los magistrados
A juicio del abogado Frank Campero, el Ministerio Público, en el marco de la denuncia por anticipación y prolongación de funciones, debe imputar y ordenar la aprehensión de los magistrados prorrogados toda vez que estarían ejerciendo ilegalmente funciones.
Campero, abogado de la alcaldesa alteña Eva Copa, indicó que dentro de este proceso de investigación hay una contaminación política que impedirá la actuación independiente del Ministerio Público.
“Si realmente existiese la no intervención (política) tendríamos ya inclusive la imputación directa y hasta los mandamientos de aprehensión que debería haber emitido el Ministerio Público contra los que se están autoprorrogando, obviamente existe el concurso de delitos, usurpación de funciones”, sostuvo.
Explicó que la Declaración 0049/2023 del TCP no puede ser utilizada para quedarse en el cargo porque la Constitución Política del Estado es clara cuando establece un plazo de seis años de mandato, sin posibilidad de quedarse y ni siquiera ser reelegido en el mismo alto tribunal donde se desempeña.
Salubristas de Santa Cruz: TCP anuló concurso de méritos
Profesionales en salud de Santa Cruz que también protestan en puertas del TCP denuncian que su presidente, Paul Franco, favoreció a su hermano con un fallo que dejó sin efecto el concurso de méritos para acceder a un cargo público al que se presentaron casi 300 salubristas.
Ruth Aguilera, representante de los profesionales en salud de Santa Cruz, indicó que desde la anterior semana protagonizan protestas en el TCP debido a que un fallo en el que interviene el presidente del TCP dejó sin efecto un concurso de méritos en el que participaron 297 profesionales que ingresaron la función pública con examen de competencia.
Denunció que el Presidente del TCP hizo de dirimidor en esta sentencia para que su hermano, que no habría aprobado en el concurso, siga trabajando, luego de haber ingresado con un ítem político durante el gobierno de Jeanine Áñez.
“Él (Franco) emitió un fallo anulando el concurso de méritos, favoreciendo a su hermano para que siga trabajando y los ganadores del concurso que se sometieron al concurso están fuera porque lo anuló el proceso”, reclamó Aguilar.
Los profesionales en salud de Santa Cruz se sumaron a los pedidos de alejamiento de los magistrados y anunciaron que permanecerán en la protesta por la reivindicación de sus derechos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se apresta a cambiar de presidente, después de que el titular Ricardo Torres pusiera a disposición de Sala Plena su cargo, el 29 de diciembre. La sustitución podría darse la semana entrante. Los nueve magistrados tienen posibilidades de ser electos pero se conoció que Esteban Miranda (Cochabamba) y Marcos Jaimes (Oruro), serían los dos principales candidatos a reemplazar a Torres (Pando), según fuentes extraoficiales.
Torres anunció el viernes 29 de diciembre de 2023, que ponía a consideración de Sala Plena este alto cargo que desempeñó desde hace más de dos años. Sin embargo, no se descarta su reelección.
“Vamos a poner a consideración de Sala Plena del TSJ, yo he sido elegido presidente hace más de dos años, y me toca poner a consideración y disposición de Sala Plena”, manifestó la autoridad, horas antes de que se concluya su mandato constitucional de seis años.
Según fuentes confiables del TSJ, habrá cambio de presidente en esta nueva transición establecida por la Declaración Constitucional 0049/2023, de ampliación de mandato de los magistrados de los altos tribunales de justicia.
El magistrado de la Sala Civil del TSJ, Juan Carlos Berríos, informó este viernes que no se ha programado una sesión específica de Sala Plena para abordar el tema de presidencia.
“Seguramente la próxima semana se va a convocar a una Sala Plena y tratar en el orden del día el tema”, sostuvo de manera escueta Berríos, ante la pregunta de los periodistas en Sucre.
La autoridad indicó que todos los magistrados tienen la posibilidad de ser elegidos y eso será considerado en su momento.
Los que desempeñaron este alto cargo son José Antonio Revilla, Cristina Díaz, Olvis Egüez y Ricardo Torres, que todavía ejerce. Los que aún no presidieron son Marcos Jaimes, Juan Carlos Berríos, Esteban Miranda, Edwin Aguayo y Carlos Alberto Egüez. Los candidatos de mayor consenso serían Jaimes y Miranda.
LA TRAYECTORIA
Jaimes tiene una trayectoria académica en la Universidad Técnica de Oruro e hizo carrera jurisdiccional desde actuario (1995), juez (2000), vocal (2009) hasta llegar a ser magistrado en 2018.
Miranda también recorrió la judicatura como actuario, vocal, fue ministro de la extinta Corte Suprema de Justicia antes de la aprobación de la nueva Constitución de 2009, vocal y presidente del Tribunal Agrario Nacional y docente universitario. Fue viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales durante el gobierno de Evo Morales y consultor de la Vicepresidencia para la elaboración del anteproyecto de ley de la jurisdicción agroambiental.
EN OTROS TRIBUNALES
El miércoles, el Tribunal Agroambiental eligió como presidente, por segunda vez, a Gregorio Aro. Por acuerdo de Sala Plena de ese tribunal, cada uno de los cinco magistrados debería presidir por un año. En su mandato de seis años, uno de ellos debía repetir gestión, algo que le tocó a María Tereza Garrón, quien presidió en dos gestiones.
En el Consejo de la Magistratura los tres consejeros ocuparon la presidencia: Omar Michel, Marvin Molina y Mirtha Meneses. Actualmente preside Molina.
En tanto, en estos seis años, el TCP tuvo solo dos presidentes, en 2018 inició Petronilo Flores y en noviembre de 2019, luego de la crisis social que derivó en la renuncia de Evo Morales, asumió el magistrado Paúl Franco.
“Nosotros no tenemos la intención de esperar, porque si esperamos su voluntad no habrá elecciones judiciales”, declaró la senadora Patricia Arce.
La norma fue aprobada en el Senado el 1 de junio y en Diputados el 24 de mayo.