El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en sus estaciones grande y detalle, un proyecto para que los actuales magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cesen en sus funciones el 2 de enero de 2024. El documento fue remitido a Diputados para su consideración.
La norma propuesta por el senador William Torrez, perteneciente al ala “evista” fue tratada por dispensación de trámite lo que viabiliza que pase directamente al pleno sin ingresar previamente por una comisión legislativa.
Se trata de la “Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” hasta la posesión de las nuevas autoridades jurisdiccionales elegidas por voto popular.
El tratamiento de la ley surge luego que en días pasados el TCP haya emitido una Declaración Constitucional que declaró la continuidad de los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial hasta que se concreten las elecciones judiciales.
El parágrafo I, artículo 3, del proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Secretario General del Tribunal Supremo de Justicia estará “a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el artículo 184 de la Constitución Política del Estado y la ley número 025 el Órgano Judicial que se han remitido a competencia de este tribunal al igual que las causas remanentes sin resolver si así existieran”.
El senador “evista” del MAS, Miguel Rejas, informó que el proyecto de ley aprobado este lunes busca darle “certidumbre” al país para que se pueda garantizar que los actuales magistrados dejen sus funciones desde el próximo año.
“Nosotros hemos visto que es un atropello a la Constitución, pero más que todo, a la democracia porque ustedes saben muy bien todos entramos por el voto popular y no puede ser, pues, que nos autoprorroguemos y seamos, pues, y parte en todos estos casos”, afirmó.
La norma además establece que el Órgano Judicial “continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional, ejercida mediante los tribunales departamentales de justicia en todas sus salas, incluidas las constitucionales, juzgados, tribunales de sentencia y juzgado agroambiental”.
La senadora “arcista”, Ana María Castillo, expresó su rechazo al proyecto de ley aprobado y lo tildó como “irresponsable” y advirtió que podría ser inconstitucional al quitar atribuciones a los magistrados y otorgar otras funciones a los secretario generales.
“Nosotros no tenemos la intención de esperar, porque si esperamos su voluntad no habrá elecciones judiciales”, declaró la senadora Patricia Arce.
La norma fue aprobada en el Senado el 1 de junio y en Diputados el 24 de mayo.
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La Asamblea Legislativa inicia una semana clave para reencauzar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de que el proceso fue anulado por determinación de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Beni.
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