Redes, organizaciones, colectivos y personas defensoras de derechos humanos manifestamos nuestra indignación por la resolución que ordenó la detención preventiva de una mujer que perdió a sus tres hijos producto de un envenenamiento perpetrado por su esposo, quien luego se quitó la vida dejando escrito en dos ladrillos mensajes que culpaban del hecho a una infidelidad de la ahora procesada. Expresamos nuestro pesar por la pérdida de tres vidas inocentes a causa de la decisión de su progenitor, pero no creemos que pretender responsabilizar a la madre sea un acto de justicia.
La sociedad civil organizada para la defensa y protección de los derechos de las mujeres, desde hace años viene documentando casos en los que por un lado los agresores y victimarios ejercen violencia hacia sus parejas a través de sus hijos e hijas como actos de venganza y por otro lado el sistema de justicia, particularmente el sistema penal, no solo actúa con mayor severidad respecto a las mujeres sino que criminaliza conductas a partir de la carga social que se impone a ellas y el cumplimiento o no de sus “roles” de madres y esposas, más que a partir de los hechos concretos. Por ello, debemos afirmar que, la determinación tomada contra la madre de las víctimas de infanticidio en Viacha, no constituye un caso aislado, sino que suma a una cadena de precedentes nefastos en los que las autoridades del sistema de justicia han actuado con sesgos de género.
Así, el sistema penal se emplea para castigar a mujeres que se atreven a denunciar o dejar a sus agresores a partir de múltiples vías, citando entre algunos ejemplos a la pérdida de la custodia de los hijos e hijas y posterior encarcelamiento por asistencia familiar; el uso de las contradenuncias con el fin de frenar procesos de violencia en contra de los agresores; la inaplicabilidad de la legítima defensa en casos de mujeres que resisten agresiones, o situaciones extremas como el caso de los infanticidios en Viacha, en el que se detiene “con fines investigativos” a una mujer que ha sufrido la pérdida de sus tres hijos a causa de la venganza y misoginia de un perpetrador confeso, quien quitó la vida a sus tres hijos y se la imputa forzando una figura penal inaplicable al caso.
El próximo 8 de marzo se conmemorará por 45va ocasión el día internacional de la mujer, como un recordatorio de todas las obligaciones pendientes que tienen los países del mundo para avanzar en la promoción y consolidación de los derechos de las mujeres en pro de la igualdad, la paz y el desarrollo equitativo de los pueblos.
En este contexto también recordamos que, a pesar de los avances constitucionales y normativos, Bolivia tiene deudas históricas y compromisos internacionales pendientes con las mujeres, lo cual no sólo se evidencia en las brechas de género, sino en una estructura cultural y de gestión de la cosa pública que aún menoscaba y discrimina a esta población por razones fundadas en el género.
Particularmente estas obligaciones demandan al Estado, disminuir y, en su caso, eliminar el impacto negativo de los estereotipos y prejuicios de género en el acceso a la justicia para las mujeres, es una obligación del Estado boliviano, que debe ser cumplida por los órganos encargados de la persecución penal, conforme ha establecido la Corte IDH en el caso Velázquez Paiz Vs. Guatemala “[la] creación y uso [de estereotipos y prejuicios de género se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales”
Por todo lo citado las organizaciones y personas defensoras firmantes nos pronunciamos:
- Condenando el accionar de las autoridades en el caso de los infanticidios en Viacha, reafirmando que es un vergonzoso precedente para un Estado que proclama y ostenta avances en los derechos de las mujeres.
- Exigiendo Al Ministerio Público y el Órgano Judicial enmendar esta situación resolviendo la inmediata libertad de la mujer, así como ordenar una investigación sobre el actuar de quienes determinaron su procesamiento y prisión preventiva.
- Reiterando que los protocolos para juzgar e investigar con perspectiva de género son de cumplimiento obligatorio y deben ser observados por todas las autoridades y en todos los casos en los que las mujeres concurran ante la justicia, sea en calidad de víctimas o procesadas.
- Manifestando nuestra solidaridad y sororidad con la mujer en este proceso de duelo tan injusto y lamentable.
- Anunciando que nos mantendremos vigilantes de este y otros casos similares, activando todos los recursos de queja y denuncia que sean necesarios para que las autoridades llamadas a intervenir cumplan con la obligación de garantizar una justicia con perspectiva de género.
Bolivia, 9 de febrero de 2024.
Instituciones firmantes:
Oficina Jurídica para la Mujer – Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – Comunidad de Derechos Humanos- Fundación CONSTRUIR – CIBERWARMIS – Acción por los Derechos Humanos – Angirü Bolivia – Libertades Laicas – Colectivo Plurales – Instituto deTerapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) – Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE – Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza – Organización de Apoyo Legal y Social de Santa Cruz de la Sierra (ORE) – ONG Realidades – CERDET- Asociación Aguayo – Fundación Internet Bolivia – CLADEM Bolivia – Plataforma de Justicia Fiscal de El Alto – Alianza Libres Sin Violencia – Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (APNB)- ADESPROC Libertad – Observatorio LGBTIQ+ – Proyecto Pintando Sonrisas – DIAKONIA – Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres – Federación de Mujeres de Viacha – Coordinadora de la Mujer – Red Habitat – SALVAGINAS colectivo ecofeminista – Derechos en Acción- Casa de la Mujer – Confraternidad Carcelaria de Cochabamba – ONG Igual – Colectivo REBELDÍA – ProgettoMondo MLAL – Proyecto Iskay – DARIA Comunidad Bolivia (Diversidades Sexuales y de Género en Armonía) – IMILLAS SEDICIOSAS COLECTIVA – Centro Voluntario de Cooperación de Desarrollo (CVCS) – Fundación IVI MARAEI – Colectivo TLGB Tarija – Fundación Esperanza Desarrollo y Dignidad – Asociación PUKAÑAWI – Misión Internacional de Justicia (IJM) – Ni Una Menos Santa Cruz – Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI) – COOMUJER Beni – Centro de Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIM) – Alianza por la Solidaridad – Promotoras en Salud Viacha – Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN-B) – Asociación Con Alas Propias (ASCAP)
Personas defensoras de derechos humanos:
Janeth Lourdes Nogales C.I. 3462723 LP – Jazmín Serrano Ramírez C.I. 7756113 SCZ – Gabriela Sauma C.I. 1141126 CH – Marco Antonio Mendoza Crespo C.I. 1662064 TJA – Carolina Zaballa Romero C.I. 3388604 LP – Lopo Gutiérrez León C.I. 5002175 TJA – Willmer Galarza Mendoza C.I. 2603882 LP – Miriam Campos C.I. 2394430 – Ana Paola García C.I. 5858328 SCZ – María Esther Nacho C.I. 6176002 L.P. – Ninoska Flores Loza C.I. 5203284 CBA – Rina López Villarroel C.I. 3019104 CBA – Cinthia Armijo C.I. 5089715 PT – Carlos Alberto Zárate – Ericka Camacho Guzmán C.I. 3589640 1C- Patricia Gisbert Flores C.I. 817975 CBBA – Mayra Daza Montaño C.I. 5867635 SCZ – Ingrid Loreto Zabala C.I. 2887372 – Mirian Suárez Vargas C.I. 1542901 SCZ – Daniel Flores F. C.I. 670779 OR – Paola Muñoz Vargas C.I. 4769221 LP.
Pronunciamiento
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