Bolivia, actualmente, transita un proceso eleccionario importante, a través del cual se elegirán vía sufragio universal a las altas autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura, quienes asumirán funciones esenciales para avanzar en el proceso de transformación de la justicia.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, como misión nacional de veeduría ciudadana acreditada en el marco de la Ley N° 1549 presentó este miércoles, su informe preliminar de veeduría ciudadana a la preselección de postulantes desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural. El informe presenta consideraciones en orden a las tres primeras fases del proceso: i) Convocatoria pública, ii) Presentación de postulaciones, y, iii) verificación de requisitos habilitantes generales y específicos.
A través de cinco parámetros de medición el informe describe el proceso, sus observaciones y sugerencias. El primer parámetro relacionado a la transparencia y apertura al escrutinio público, pondera la amplia difusión de información sobre el proceso y postulantes en las redes sociales de las Cámaras de Senadores (principalmente) y Diputados, así como el diseño de organización logística para que las instalaciones puedan garantizar la presencia de las misiones de veeduría ciudadana de manera permanente, a la par de la prensa y sectores interesados. También pondera la transmisión en vivo a través de redes sociales de todas las sesiones de ambas comisiones, permitiendo a la ciudadanía interesada desarrollar control social verificando los debates, las decisiones y la información difundida sobre las y los postulantes.
En relación al segundo parámetro equidad y ecuanimidad, el informe concluye que en términos generales ambas Comisiones Mixtas, cumplieron estos parámetros en la revisión de requisitos habilitantes, observando que hubo amplios debates para acordar los parámetros de interpretación, y, en base a dichos acuerdos se revisaron nuevamente casos o expedientes a los que no se habían aplicado estas reglas a fin de garantizar que la verificación de requisitos se realizara con los mismos criterios. Se pondera el aporte tanto de ellos miembros de las comisiones como de los asambleístas adscritos y que las decisiones hayan requerido los dos tercios de votos.
El tercer parámetro se refiere a la coherencia de los actos con la normativa que regula el proceso, donde señalan que las tres primeras fases cumplieron con lo dispuesto en la Ley N° 1549. No obstante, se observó que las reglas acordadas para interpretar la verificación de requisitos de postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (principalmente), pudieron ser restrictivos al considerar los respaldos para experiencia especializada en relación al ejercicio de la libre profesión y/o ciertas funciones en la judicatura que por su naturaleza generan experiencia en materia constitucional o administrativa y que no quedaba explicita en la documentación requerida en la convocatoria.
Por tanto, recomendó que en la resolución de las impugnaciones se cuente con mayores elementos de análisis para interpretar la experiencia en las áreas constitucional, administrativa y derechos humanos, pudiendo solicitar asistencia académica o técnica para el efecto.
Sobre el cuarto parámetro paridad y participación indígena, la Iniciativa Ciudadana establece que todas las fases, hasta el momento, habrían cumplido con este criterio en lo que corresponde y guarda relación con el procedimiento que las comisiones debían seguir, dado que en estas etapas solo correspondió la verificación de requisitos, debiendo garantizar que las listas finales de preseleccionados cumplan con ambos criterios tal como establece la ley. El informe también reconoce la preocupación generalizada sobre el escaso número de postulantes mujeres, en especial para el Tribunal Constitucional Plurinacional, añadiendo que los riesgos que de allí derivan para conformar altas cortes paritarias, no son menores y ponen en evidencia la persistencia de factores estructurales que limitan la participación de las mujeres en Bolivia. Si bien existen previsiones legales para garantizar la paridad en las listas nacionales debe generarse condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades también en la etapa electiva posterior, es así que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe encontrar los mecanismos y medidas necesarias para precautelar el cumplimiento de la paridad, que en si misma es una garantía que permitirá a las y los postulantes pre seleccionadas/os pasar a la etapa electiva en igualdad de condiciones.
En cuanto a la participación indígena, sólo la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral publicó listas con el detalle de pertenencia IOC, identificando que, para el Tribunal Supremo de Justicia se habrían habilitado a 20 personas autoidentificadas como IOC lo que representa el 11% de postulantes habilitados y habilitadas, y, en lo referido al Tribunal Constitucional Plurinacional un total de 15 postulantes habilitados representan a IOC (21%).
El quinto parámetro de evaluación que sigue el diseño metodológico de la veeduría impulsada por la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia guarda relación con las condiciones para una evaluación basada en méritos será relevado en las próximas etapas del proceso, cuando las Comisiones desarrollen la evaluación de la trayectoria y conocimiento de las y los postulantes.
En el marco del proceso de veeduría se identificaron variaciones en relación a las listas de postulantes habilitados e inhabilitados que fueron registradas por la Iniciativa y las que fueron publicadas oficialmente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mismas que fueron oportunamente notificadas a las Comisiones. La Iniciativa Ciudadana toma nota de la rectificación realizada por la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, y nuevamente, pondera el registro audiovisual de toda la actividad que permite el control social y una adecuada corroboración de parte de las misiones de veeduría, postulantes y ciudadanía interesada.
Como Iniciativa Ciudadana, seguiremos vigilantes durante todo el proceso.
Bolivia, 21 de marzo de 2024.
Forman parte de la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia: Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – Fundación para el Debido Proceso – CLADEM Bolivia – Oficina Jurídica para la Mujer – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) – Mano Diversa – Casa de la Mujer – ONG Realidades – Libertades Laicas Bolivia – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Colectivo Ecofeministas SALVAGINAS – Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.
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