Pronunciamientos

A través de una Carta Pública dirigida al gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, y a los gobiernos miembros de la comunidad internacional y agencias donantes, más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para que adopten enfoques similares y niveles de coordinación que ofrezcan una mayor prontitud, certidumbre y estabilidad posibles para explorar juntos la mejor manera de afrontar la crisis, incluyendo medidas que permitan a la sociedad civil movilizarse con y para los grupos más afectados por la pandemia del Coronavirus.

Organizaciones e instituciones de Derechos Humanos condenamos el linchamiento de un joven de 27 años, en la comunidad de Chalviri del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba que fue golpeado, enterrado vivo y finalmente ahorcado tras ser sorprendido robando una motocicleta, hecho que constituye una privación arbitraria de la vida e involucra tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El derecho fundamental a la vida está protegido por la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales de derechos humanos, y su privación por mano propia, constituye un delito sancionado por la legislación penal vigente.

El tipo de prácticas que acontecieron en la comunidad de Chalviri, afectan los fundamentos éticos de la sociedad, pues degradan el valor de la vida como derecho fundamental y debilitan el Estado de Derecho, asimismo desvirtúan el sentido de una Justicia Indígena Originario Campesina que es esencialmente restaurativa y que respeta los derechos y valores fundamentales sobre los cuales se erige el Estado. Ningún delito o antecedente penal justifica que las y los ciudadanos tomen la justicia en sus manos para imponer castigos físicos menos el quitar la vida a una persona.

Este caso pone una vez más en evidencia que es fundamental fortalecer la acción de la administración de justicia para recobrar la confianza de la población, la que en última instancia debe comprender que la delincuencia no puede combatirse en ninguna circunstancia haciendo justicia por mano propia.

Recordamos a las autoridades que el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado boliviano el año 2013 “tomar medidas urgentes para garantizar que todos los linchamientos sean investigados sin demora, que los autores sean enjuiciados y sancionados debidamente, y que las víctimas reciban una reparación adecuada. Asimismo, el Estado debe fortalecer la intervención de la policía y del Ministerio Público en la prevención y persecución de estos delitos, y reforzar las campañas de prevención y sensibilización, incluyendo en el ámbito escolar y en los medios de comunicación”.

En consecuencia, pedimos al sistema de justicia se brinden las garantías necesarias a los familiares de la víctima y se investigue este caso hasta dar con los responsables para someterlos a la justicia y ser sancionados, dando un mensaje claro a la sociedad frente a los linchamientos.

Bolivia, 10 de mayo de 2020

Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – Fundación Tribuna Constitucional – Red Boliviana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE) – Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad – Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI) – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) – Asociación Aguayo – ONG Realidades – Alianza Libres Sin Violencia Oruro – Plataforma de la Mujer Oruro – Fundación IVI MARAEI – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) – Asociación Derechos en Acción – Oficina Jurídica para la Mujer – Coordinadora de la Mujer- Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – Confraternidad Carcelaria de Cochabamba – Centro Juana Azurduy.

Defensores/as de Derechos Humanos: Bernarda Sarué, Wilmer Marcelo Galarza, Jinky Irusta.

A partir del anunció realizado por el ministro de la Presidencia, Yerko Ñúnez este jueves 9 de abril de 2020 en referencia a la aprobación de un Decreto para dar paso al indulto de presos en Bolivia.

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos articulación de organizaciones de la sociedad civil, a través de 38 instituciones que  firman esta solicitud:  conscientes de los peligros del COVID-19 para la población carcelaria en Bolivia y las iniciativas de diferentes Estados adoptadas por la prevención así como protección de los derechos de las personas privadas de libertad – PPL, con la seguridad de que Bolivia no será la excepción, solicitamos medidas que garanticen el Acceso a  la Justicia dentro de una plazo razonable, a partir de mecanismos e instituciones jurídicas que permitan despoblar las cárceles, beneficiando principalmente a personas por delitos menos gravosos, por lo que solicitamos  muy respetuosamente:

1. MEDIDAS NORMATIVAS:

a. La emisión de un Decreto Supremo de Indulto Carcelario que beneficie a personas privadas de libertad de acuerdo a los siguientes criterios:

• Delitos de escasa relevancia social: Que tengan como pena mayor 4 años
• Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximos a cumplir su condena
• Mujeres cabezas de hogar o con personas dependientes
• Personas adultas mayores, cuya edad supere los 65 años
• Personas con enfermedades graves o terminales
• Personas con discapacidad
• Personas extranjeras

b. Respecto a las y los adolescentes con responsabilidad penal:

• Cesar las detenciones preventivas que hayan sobrepasado los 45 días que establece la norma al amparo del art. 291 inc. c) del CNNA, en su lugar, sustituir por aquellas de régimen domiciliario.
• Acelerar las modificaciones de medidas socioeducativas de internamiento o restricción de libertad por medidas en libertad o de régimen domiciliario, al amparo del art. 347 y 346 inc. e) del CNNA, con especial énfasis aquellos que se hallan mucho más vulnerables como adolescentes con discapacidad, con afectaciones de salud. Debiendo considerar casos con factores de protección altos que garanticen el cumplimiento de las medidas.
• Sino fuera posible su libertad, Cuando no sea posible poner en libertad a los/las niños/as en conflicto con la ley, las instituciones deberán garantizar disfruten de las mismas condiciones de atención de salud que las que benefician a las comunidades en el exterior.
• Del mismo modo, garantizar en esta cuarenta el asesoramiento legal por vídeoconferencia, la comunicación con las familias, acceso a los servicios de salud y el acceso a la información.
• Garantizas la seguridad en la salud de los equipos interdisciplinarios de los Centros, de las y los educadores, de la seguridad policial y civil, del Ministerio Publico y de las autoridades judiciales.

c. En coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno, la emisión de un Decreto Supremo u otro instrumento normativo que permita dotar a los recintos carcelarios de los insumos necesarios para la limpieza, alimentación y protección de la población privada de libertad frente al COVID.

d. Abstenerse de utilizar el sistema penal como medida de control al cumplimiento de la cuarentena.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS:

a.  Implementar jornadas judiciales en recintos penitenciarios: Asumiendo todos los cuidados sanitarios para operadores de justicia, personal en cárceles e internos/as, permitiendo viabilizar los procesos y en especial los trámites de cesación a la detención preventiva, así como la aplicación de medidas cautelares alternativas en concordancia con lo que dispone la Ley N° 1773.

Disponer todas las medidas necesarias para garantizar la atención de juzgados de turno que lleven adelante solicitudes de Cesación a la Detención Preventiva, mediante mecanismos electrónicos tal como se tiene de la Ley 1173.

b. Garantizar el funcionamiento de juzgados de turno: A partir de medidas adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, permitiendo que los juzgados de turno, así como personal en todas las instituciones que intervienen en la administración de justicia con el fin de garantizar la efectiva protección de los derechos de las personas en conflicto con la ley penal, particularmente víctimas de delitos de violencia, cumpliendo con las medidas de protección dispuestas por la Ley 348 y la Ley 1173.

Centro Fortaleza- Fundación Boliviana para la Juventud- Asociación Un Nuevo Camino – Derechos en Acción- Asociación de Mujeres Jumampi Lurata – Asociación de Personas Transgénero de La Paz – Capacitación y Derechos Ciudadanos – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – Andean Infonet – Fundación CONSTRUIR – Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija – CCIMCAT – Centro de Conciliación y Arbitraje de Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba –  Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – CLADEM Bolivia – Colectivo GLTB Tarija – Confraternidad Carcelaria – Universidad NUR – ONG Realidades – Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad – Fundación Tribuna Constitucional – Coordinadora de la Mujer – Pastoral Social Carcelaria Caritas – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) – Fundación TUTATOR – Colegio Nacional de Abogados – Comunidad de Derechos Humanos – Defensa de Niñas y Niños Internacional – Fundación IVI MARAEI – Hechos Imaginarios – Fundación Ñañope – Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca – Ni Una Menos Santa Cruz – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Observatorio Infanto Juvenil UAGRAM – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Fundación Paz y Esperanza – Fundación Acción Semilla – Libertades Laicas – Deconstruir Hombres por la Equidad – Colectivo de Derechos Humanos Empoderate.

Organizaciones de derechos humanos, redes, plataformas y colectivos de la sociedad civil organizada, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de violencia extrema, intolerancia y estigmatización que por durante los 25 días de conflicto ha venido fragmentando la esencia de la sociedad boliviana y los valores democráticos bajo los cuales se estructura el Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante este contexto, demandamos a los Órganos Legislativo y Ejecutivo la voluntad política necesaria para llevar adelante un dialogo genuino entre todos los actores representativos, dejando atrás las posiciones inflexibles que nos han llevado hasta este extremo y al habérsenos negado la posibilidad de contar con un proceso electoral transparente que garantice el respeto de la decisión soberana transmitida en las urnas, pedimos se adopte un pacto de transición democrática, condición indispensable para devolver la paz y preservar la unidad de la población boliviana.

Las organizaciones firmantes de esta carta abierta proponemos:

1. La conformación de un Tribunal Supremo Electoral Ad hoc: Derivada de una ley especial que adopte un procedimiento público, basado en méritos y con apertura al escrutinio público que permita conformar un Tribunal Supremo Electoral compuesto por vocales idóneos e imparciales, de amplia trayectoria y capacidad profesional.
2. La convocatoria inmediata a unas nuevas elecciones nacionales libres, justas y transparentes: Se deberá reconducir el nuevo proceso eleccionario, garantizando las condiciones de equidad e integridad en la competencia electoral, así como las medidas necesarias para restituir la institucionalidad democrática en el país.
3. La conformación de un mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos: Con la misión urgente de adoptar todas las medidas necesarias para impedir agresiones a la vida, integridad, vivienda y ejercicio de la libre expresión, de todas las personas que actualmente están en situación de riesgo, especialmente defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígena, originario, campesinos, dirigentes sindicales, vecinales, así como autoridades en el marco de las funciones que cumplen para brindar salidas a esta crisis.
4. El respeto a la libertad de prensa e información, por cuanto tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que, en principio, todos los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente, de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. La presunción general de cobertura tiende a proteger no sólo la difusión de las ideas e informaciones que sean recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también de las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población, puesto que así lo exigen los principios de pluralismo y tolerancia propios de las democracias[1].
5. El uso proporcional de la fuerza y las armas de fuego por parte de la Policía y Fuerzas Armadas por cuanto éste está regido por el principio de protección a la vida, ya que su uso será legítimo, proporcional y necesario sólo si es el último recurso disponible para proteger otra vida, y por ende, su empleo no será justificado cuando se busca proteger la propiedad, evitar lesiones leves, o restablecer el orden público[2].
6. La conformación de un mecanismo de justicia transicional y averiguación de la verdad: para otorgar verdad y justicia a la población boliviana sobre los hechos de violencia y delitos electorales suscitados en el país. Dicho mecanismo, de manera independiente e imparcial, deberá investigar, judicializar, sancionar y reparar a las víctimas, devolviéndoles su dignidad y asentando las bases para un compromiso renovado del Estado con la seguridad y los derechos humanos de las personas. La memoria histórica de estos hechos y las medidas adoptadas evitará que vuelvan a suscitarse a futuro lesiones como las generadas por esta crisis y constituirá la base emblemática que permitirá al país avanzar en el desarrollo de los compromisos de derechos humanos.
7. Concretar una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Bolivia: En el marco de la solicitud que hizo el Estado boliviano a este órgano del sistema interamericano de derechos humanos en la última sesión de la OEA donde se trató el tema de Bolivia. Solicitamos concretar la petición y anuencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de una visita in loco al país que permitirá recomendaciones vinculantes para que el Estado cumpla con los compromisos en materia de derechos humanos, a ser observadas por el nuevo gobierno derivado del próximo proceso eleccionario.
8. Adoptar las medidas necesarias para restituir la unidad de la sociedad: Incluyendo el desarrollo de una campaña para combatir la desinformación, y promover los valores democráticos de tolerancia, respeto a la diversidad, interculturalidad y pluralismo en el marco de los valores, principios y fines del Estado Plurinacional entre ellos las libertades fundamentales, el principio de laicidad, la despatriarcalización y descolonización con justicia social.

 Las autoridades del Órgano Ejecutivo y asambleístas del Órgano Legislativo, deben asumir el importante desafío y responsabilidad de devolver la institucionalidad democrática, la protección de los derechos humanos y el respeto a los principales valores fundantes del Estado Plurinacional.

Bolivia, 18 de noviembre de 2019

Coordinadora de la Mujer-Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – ONG Realidades – Oficina Jurídica para la Mujer – Construyendo Redes para el Desarrollo – Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE – Agencia de Noticias Fides (ANF) – ERBOL- Fundación Jubileo – Fundación Tribuna Constitucional – Observatorio de Derechos – Instituto de Desarrollo y Gobernabilidad – PROCAP – Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV) – Asociación Boliviana de Ciencias Políticas (ABCP) – Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia – Foro Político de Mujeres – Fundación Igualdad LGBT – Fundación IVI MARAEI – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Confraternidad Carcelaria Cochabamba – Fundación Paz y Esperanza – SALVAGINAS Colectivo Feminista – Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) – Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia (CNTPC) – Instituto de Formación Femenino Integral (IFFI) – Casa de la Mujer – Comité Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia (CNMTPCP) – Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) – Red de Mujeres y Minería – Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH Bolivia – Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar Bolivia (FENATRAHOB) – Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia del Estado (ITEI), Defensa de Niñas y Niños Internacional – Bolivia (DNI – Bolivia) – Libertades Laicas – Fundación TUTATOR Bolivia – Colectivo GLBTI del Sur – Federación de las Diversidades Sexuales y de Género de Tarija – Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Observatorio Infanto Juvenil de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) – Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba – Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social (IIPS) – Colectivo Rebeldía- Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA) – Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Centro de Servicios Agropecuarios Técnicos de Chuquisaca (CESATCH) – Asociación Colmena Juvenil – Psinergia Bolivia – Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) – Movimiento de Educadores Populares – Bolivia (MEPB) – Asociación de Mujeres JUMAMPI LURATA – Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – ADESPROC Libertad – Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN Bolivia) – Asociación con Alas Propias (ASCAP) – Alianza por la Solidaridad

Defensores de Derechos Humanos

Marco Mendoza- Verónica Sandi- Mario Mazzoleni- Vivian Schwartz – Roberto Simoncelli – Ana María de la Fuente – Sonia Soto – Kathia Saucedo – Janeth Torrez- Juan Carlos Balderas.

[1] Corte IDH, Caso Herrera Ulloa, párr. 113; Caso Ivcher Bronstein, párr. 152; Caso “La Ultima Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), párr. 69; Caso Ríos y otros, párr. 105; Caso Perozo y otros, párr. 116, CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobado en el 88º período de sesiones.

[2] CIDH, Audiencia sobre Protesta social y derechos humanos en América. 154 período ordinario de sesiones. 16 de marzo de 2015.

Organizaciones de la Sociedad Civil, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos expresan su preocupación por la escalada de la violencia y expresiones de intolerancia desencadenadas en Bolivia desde hace 25 días en diferentes etapas previas y posteriores a la elección y que se han exacerbado en los últimos días, en este sentido se manifiestan:

Lamentamos que los conflictos hasta la fecha hayan dado como resultado un número de 23 muertos y 715 personas heridas[1] en todo el país siendo prioritaria la investigación exhaustiva de todos los hechos producidos desde el inicio del conflicto en Bolivia.

Condenamos los discursos de odio e incitación a la violencia que han buscado estigmatizar el derecho a la manifestación pacífica de la población y la demanda de sus derechos y pretensiones, desde el inicio del periodo post eleccionario hasta el presente, así como cualquier expresión que menoscabe, amenace y busque restringir el ejercicio de las libertades fundamentales de la ciudadanía.

Manifestamos nuestra preocupación por la promulgación del Decreto Supremo N° 4078 relativo a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de conservación de orden público y defensa de la sociedad en apoyo a la Policía Boliviana en el marco del conflicto actual del país, puesto que si bien es cierto que el mencionado decreto se ampara en la misión constitucional y legal que tienen las fuerzas del orden de contribuir a la seguridad y bienestar del pueblo boliviano, advertimos que éste puede enviar un mensaje equivocado a los agentes de la fuerza pública y recordamos que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, son de aplicación preferente en el orden interno, por lo que, aún en casos en los que se estime que se haya actuado en el marco de la legítima defensa y estado de necesidad, ellos deben ser investigados a fin de que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la existencia o no de responsabilidad penal, no pudiendo eximirse de ella a los agentes públicos en abstracto, mediante un decreto.

Hacemos eco del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales pacíficas, debiéndose también garantizar que no exista un uso indiscriminado de la fuerza.

Demandamos a los sectores movilizados no incurrir en acciones violentas y hostigamiento contra la ciudadanía y se eviten enfrentamientos que deriven en más muertos y heridos, así como la toma de rehenes civiles, policiales o militares.  Genera preocupación que algunos manifestantes utilicen explosivos y armas letales en contra de las fuerzas del orden y la ciudadanía.

Demandamos, a las autoridades, fuerzas del orden y manifestantes, garantizar el acceso a la asistencia médica de las personas heridas. Hacemos un llamado especial para el caso de personas detenidas a quienes se les debe brindar un trato digno y permitir sin ninguna barrera legal, el acceso a la atención de su salud, tratamiento médico, dotación de medicamentos y valoración médico forense.

Condenamos todos los actos de violencia, humillaciones públicas y hostigamiento suscitados contra líderes de organizaciones sociales, representantes de instituciones, autoridades, y periodistas, durante el desarrollo del conflicto, en franca vulneración de sus derechos fundamentales y su dignidad como personas.

Denunciamos que representantes y trabajadores de algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones comprometidas con los derechos humanos han sufrido amenazas contra su seguridad y vida, así como la de sus familias. Por lo que exigimos garantías y condiciones para continuar con su labor y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se requiere también no limitar su actuación y asistencia a personas afectadas o detenidas durante los conflictos.

Exigimos en esta vía, se adopten todas las medidas para garantizar la institucionalidad necesaria de atención a las denuncias, prestación de garantías, defensa legal y protección de las personas que estén en riesgo y sus familias. En especial, debe observarse el cumplimiento de todos los estándares internacionales de derechos humanos relativos al tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en especial la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Repudiamos los ataques que se han producido a las viviendas de dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, organizaciones sociales y organizaciones políticas, así como el saqueo y destrucción de propiedad privada y los ataques a predios de instituciones públicas, y la destrucción de bienes del Estado producidos durante estas semanas de conflicto. La Policía debe continuar resguardando la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas evitando actos vandálicos por parte de grupos que protagonizan acciones delincuenciales, aprovechando la coyuntura.

Demandamos acelerar el proceso de Dialogo Nacional entre los actores políticos, sociales y cívicos para lograr la pacificación del país y restituir de forma inmediata las condiciones de convivencia pacífica y armónica entre bolivianos, tomando para ello las decisiones legales y políticas que sean necesarias para viabilizar la pronta realización de las nuevas elecciones generales

Bolivia, 18 de noviembre de 2019

Coordinadora de la Mujer-Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – ONG Realidades – Oficina Jurídica para la Mujer – Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE – Fundación Tribuna Constitucional – Observatorio de Derechos – Foro Político de Mujeres – Fundación Igualdad LGBT – Fundación IVI MARAEI – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia-  Confraternidad Carcelaria Cochabamba – Fundación Paz y Esperanza – SALVAGINAS Colectivo Feminista – Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) – Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia (CNTPC) – Instituto de Formación Femenino Integral (IFFI) – Casa de la Mujer – Comité Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia (CNMTPCP) – Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) – Red de Mujeres y Minería – Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH Bolivia – Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar Bolivia (FENATRAHOB) – Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia – Derechos en Acción – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia del Estado (ITEI), Defensa de Niñas y Niños Internacional – Bolivia (DNI – Bolivia) – Libertades Laicas – Fundación TUTATOR Bolivia – Agencia de Noticias Fides (ANF) – Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV) – Colectivo GLBTI del Sur – Federación de las Diversidades Sexuales y de Género de Tarija – Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Observatorio Infanto Juvenil de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) – Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba – Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social (IIPS) – Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA) – Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Centro de Servicios Agropecuarios Técnicos de Chuquisaca (CESATCH) – Asociación Colmena Juvenil – Psinergia Bolivia – Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) – Movimiento de Educadores Populares – Bolivia (MEPB) – Marie Stopes – Asociación de Mujeres JUMAMPI LURATA – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) – Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – ADESPROC Libertad – Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN Bolivia) – Asociación con Alas Propias (ASCAP) – ERBOL- Construyendo Redes para el Desarrollo – Alianza por la Solidaridad

Defensores de Derechos Humanos

Marco Mendoza- Verónica Sandi- Mario Mazzoleni- Vivian Schwartz – Roberto Simoncelli – Ana María de la Fuente – Sonia Soto – Kathia Saucedo – Janeth Torrez- Juan Carlos Balderas

[1] EFE, La CIDH eleva a 23 los muertos y 715 los heridos en la crisis de Bolivia, disponible en línea: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-eleva-a-23-los-muertos-y-715-heridos-en-crisis-de-bolivia/20000013-4112715?fbclid=IwAR2c2XczMynCJSFOqbA6xq5FYyav-89sKa1xXpsmLrQc1TFkprKOGU1Qmiw