Desde la reelección como derecho humano hasta la suspensión de las judiciales, el TCP emitió al menos siete sentencias por encima de la Constitución o del TSE para “favorecer políticamente al MAS”.
El primer reporte consolidado por el Observatorio Defensorial Judicial (ODJ) da cuenta que en juzgados se dirimen, a nivel nacional, 3.074 procesos sobre los delitos de feminicidio, infanticidio, tentativa de feminicidio e infanticidio, o violación a infantes, niñas, niños y adolescentes (NNA’s).
Con elecciones judiciales paralizadas e iniciativas ciudadanas que no prosperaron, el presidente Luis Arce reconoció la noche de este martes, en su mensaje a Bolivia, que la justicia es un tema pendiente.
Las elecciones judiciales podrían realizarse el primer o el último domingo de noviembre, si la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba una ley transitoria o el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un recurso abstracto de inconstitucionalidad.
«Para el político en Bolivia no se considera la presunción de inocencia, sino que ya se afirma la culpabilidad, y esa exposición ante el público en general es una forma de tortura”, dijo el abogado Quiroz.
Iván Lima denuncia “turismo judicial” y afirma que esto impide un trabajo normal.
Los vocales del Órgano Electoral Dina Chuquimia, Tahuichi Tahuichi Quispe y Nancy Gutiérrez se reunieron con los parlamentarios del MAS de la comisión mixta de Constitución, pero no se tomó en cuenta a la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Justicia anunciaron que en octubre entrará en vigencia el nuevo modelo informático de gestión de causas en materia penal en Bolivia.
La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa todavía no sesionó, pero trabaja en dos normativas para blindar y acomodar plazos para las elecciones judiciales y garantizar que se lleve este 2023.
Según Lima, hay dos “obstáculos legales” a favor de autoridades procesadas