Las comisiones revisoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional habilitaron a los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro e Israel Campero, cuestionados por su afinidad con el arcismo y sus actuaciones en favor del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Fueron habilitados por las comisiones revisoras 405 aspirantes a magistrados: 84 del Consejo de la Magistratura; 40 del Tribunal Agroambiental; 93 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y 188 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En el segundo día de la fase de impugnaciones a habilitaciones e inhabilitaciones de candidatos judiciales, postulantes inhabilitados anunciaron que pedirán la revisión de sus casos. Por ejemplo, la excandidata Tomasa Yarhui, que fue excluida de la lista, señaló que la convocatoria “está amañada”.
Basado en las leyes vigentes y en anteriores comicios judiciales, ante la falta del número necesario de postulantes judiciales mujeres para cumplir la paridad de género, el ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que hay dos caminos: que se declare desierta la convocatoria o que se amplíen los plazos, lo que demandará modificaciones a normativas.
En medio del desacuerdo para tratar con prioridad normas en la Cámara de Diputados, la diputada arcista Deisy Choque dijo este miércoles que legisladores evistas y de oposición tienen como “bandera política” su demanda de tratar primero los dos proyectos de ley antiprórroga de mandato de magistrados, con el fin de retrasar las elecciones judiciales.
“Sería una pérdida de tiempo querer tratar los proyectos de ley 073 y 075. Mis colegas de Comunidad Ciudadana, Creemos y el grupo radical o evista lo saben, conocen y entienden, pero necesitan tener bandera política que siga generando el retraso en el proceso de preselección; ahora entran en ese chantaje de decir no va a haber elecciones si no hay estas leyes porque ellos son los que, en realidad, quieren retrasar las elecciones”, afirmó a radio Panamericana Choque.
Este miércoles se cumplen cinco días desde que la sesión de la Cámara de Diputados fue declarada en cuarto intermedio sin fecha ni hora de reanudación, luego de que arcistas, que exigían primero la aprobación de créditos internacionales, y evistas y opositores, que también demandaban aprobar primero los proyectos de ley 073 y 075 o de cesación de funciones a magistrados autoprorrogados.
Ambos grupos de legisladores se acusaron mutuamente de incumplir el acuerdo de la comisión bicameral multipartidaria, del 2 de febrero, que había tratado esas demandas y se había comprometido a aprobarlas hasta el viernes de la semana pasada.
“Si la comisión que estaba tratando por tiempo y materia una semana no se animó a poner de que estos proyectos de ley iban a ser aprobados y sólo pusieron tratar por tiempo y materia, es porque no tienen argumento ni fundamentos para decir que se va a aprobar”, insistió Choque cuando explicó que ya hay una sentencia constitucional que impide la aprobación de esas normativas.
Por su lado, legisladores evistas y opositores exigieron este miércoles nuevamente al presidente de la Cámara de Diputados, el arcista Israel Huaytari, reanudar la sesión de esa instancia legislativa, para tratar los proyectos de ley 073 y 075.
El Pacto de Unidad evista advierte con reanudar movilizaciones de protesta desde el 23 de febrero, después de su ampliado, para exigir no sólo la aprobación de las leyes antiprórroga, sino también en rechazo a la escasez de combustible y dólares en el país.
Después de la promulgación de la Ley 144 de Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce afirmó este martes que las “elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural”, que tiene la “justicia boliviana”, porque a la población litigante no le interesa quién es el magistrado, sino que su caso se agilice.
“Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana, porque a las hermanas y a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado, les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía”, dijo el mandatario.
Junto al vicepresidente David Choquehuanca, Arce promulgó la tarde de este martes la Ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” ante organizaciones sociales y legisladores arcistas en la Casa Grande del Pueblo, y en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y más de mil millones de dólares de pérdidas en 16 días de interrupción caminera.
Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero, después de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.
Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.
“El trabajo de nuestra banca (arcistas del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.
En sintonía con la senadora Virginia Velasco, el diputado arcista Juan José Jáuregui dijo este martes que la Ley 144 de Elecciones Judiciales no permitirá “cuoteo” judicial en una presunta alianza entre evistas y la oposición, y aseguró que ahora la nueva norma “garantiza el acceso a la justicia de los bolivianos”.
“Esta nueva ley garantiza el acceso a la justicia de los bolivianos, el proyecto ley no va a permitir el cuoteo entre algunos jefes políticos que ya han consumado una alianza política en la Asamblea Legislativa. El tratamiento de este proyecto de ley ha permitido revelar el contubernio, la sintonía, el romance discursivo entre el sector radical del Movimiento Al Socialismo con Comunidad Ciudadana y Creemos”, dijo Jáuregui, antes que el presidente Luis Arce promulgara la Ley 144.
Sin embargo, en septiembre de 2023 Jáuregui envió a consulta el proyecto de Ley 144 a los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo para que aclaren sobre los recursos del Presupuesto General del Estado, para garantizar las elecciones judiciales, también envió consultas al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Pese a que la respuesta a la consulta no debía tardar más de 10 días, el TCP tardó más de tres meses en enviar su posición, después que el presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez, envió una conminatoria al TCP para que en 72 horas entregue su respuesta.
Durante la promulgación de la Ley 144 y en la línea con Jáuregui, la senadora Velasco también afirmó que “esa ley (144) no tenía la entrevista oral ni personal, (la oposición) querían cuotear ese órgano judicial, incluso una vez en la Comisión de Constitución y de Justicia entraron en pelea de quien estaba cuoteando más”.
Velasco, que fue ministra de Justicia en la gestión de Evo Morales y ahora afín al presidente Arce, sostuvo que el retraso para aprobar el proyecto se dio por un presunto pacto entre el ala radical del MAS y legisladores de la oposición, sabiendo que el proyecto de ley no cumplía con la Constitución.
El diputado arcista, que también es presidente de la Comisión de Constitución, explicó que las propuestas de modificaciones a la Ley 144, presentada por la Cámara de Senadores “no se adecuaba” a la Constitución Política del Estado, por lo que, dijo, se elaboró otro que cumple con lo establecido en la Carta Magna.
“Fue la irresponsabilidad de aquellos que obraron de manera antijurídica, anticonstitucional y (nosotros) tuvimos que ir resolviendo todos esos problemas (…) Ahora tenemos un proyecto nuevo, ajustado a la Constitución, lo que se pretendía era abandonar la evaluación de las altas autoridades de la administración de la justicia, lo que buscaban con el proyecto ley trabajado en agosto, en sintonía con el sector radical, Comunidad Ciudadana y Camachista, era no evaluar a los futuros magistrados, era simplemente hacer una chek list”, sostuvo Jáuregui.
Acusó a los legisladores evistas y de la oposición de ser los causantes para que el proyecto se retrase en su tratamiento durante el 2023. “Hemos iniciado un proceso de renovación, pero no todo lo sucedido obedece a la voluntad de los legisladores, (…) en esta oportunidad se han interpuesto recursos inconstitucionales producto de la irresponsabilidad de legisladores que obedecen al sector radical, que obedecen los mandatos de Evo Morales, (ellos) permanentemente fueron incorporando, desde marzo de 2023, elementos visiblemente inconstitucionales, no fue nuestra irresponsabilidad señor Presidente”, dijo el diputado Jáuregui.