“Una inconstitucional acción popular pretende nuevamente afectar el proceso electoral. Extrañamente la acción es admitida en el Tribunal departamental del Beni», dijo Silvia Salame.
Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomaron, por separado, el trabajo de preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales con la resolución de los amparos constitucionales e impugnaciones de postulantes inhabilitados y la decisión de iniciar el 2 de julio las pruebas orales a los aspirantes.
La Comisión Mixta de Constitución, presidida por el senador “evista” Miguel Rejas, resolvió 7 de los 10 amparos que fueron activados por igual número de postulantes inhabilitados.
Revisan caso por caso
En algunos casos, como de Juan José Subieta, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Santa Cruz, los legisladores determinaron aceptar la decisión judicial y modificaron su puntuación por su experiencia laboral que no fue considerado en las etapas previas.
En cambio, en el caso del postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes no hubo acuerdo entre los legisladores para cumplir la determinación judicial que ordenó su habilitación.
La senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos afirmó que un “tribunal no puede ordenarnos que habilitemos a un candidato”, y advirtió que “sería un nefasto precedente”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jauregui, discrepó con la senadora y explicó que se debe cumplir el fallo, pero para no ingresar “en discusiones bizantinas” propuso que cada bancada elabore un proyecto de resolución hasta el jueves y se los intercambien con el fin de que el lunes se opte en conjunto por una opción.
Una propuesta similar hizo para cada caso con el fin de que se cuente con resoluciones sólidas que impidan nuevos recursos legales de los aspirantes inhabilitados.
Pruebas orales
Esta fase de revisión fue definida por el diputado como “preliminar”, para luego dar inicio a las pruebas orales de los más de 400 aspirantes habilitados, labor que debió iniciar la segunda quincena de abril, pero que no se concretó por los varios amparos que postulantes presentaron en contra de todo el proceso.
Fue la Sentencia Constitucional Plurinacional 0191/2024-S2 del 23 de mayo que reactivó este proceso de preselección de los candidatos judiciales, luego de anular un fallo en primera instancia que truncó este trabajo.
Jauregui detalló que el 1 de julio se realizará la “recepción de nuevas preguntas que se sumarán al banco que ya tenemos, para luego, a partir del 2 de julio, procedamos a llevar adelante la evaluación oral de los postulantes”.
El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó que son 93 aspirantes al TCP que ingresarán a la etapa de las pruebas orales y 187 postulantes al TSJ.
En sintonía, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó por unanimidad la resolución que dispone iniciar las pruebas orales a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental desde el 2 de julio.
La Comisión Mixta de Justicia Plural trabajará la tarde de este martes en resolver los 35 recursos de revisión presentados por aspirantes marginados a las elecciones judiciales, así como los amparos resueltos por la justicia, informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerjes Mercado.
“El trabajo interno que empezaremos a desarrollar hoy (martes) va enfocado a resolver los problemas que se han suscitado (y que paralizaron la preselección de candidatos), ya para el lunes empezar lo que es la preselección mediante exámenes correspondientes a los que estén en carreras para las altas y bajas magistraturas del país”, confirmó.
La Comisión Mixta de Justicia Plural está a cargo de la evaluación a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental, y tras mandato de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe reactivar su labor de preselección del 25 de junio al 5 de julio, con la remisión del informe al pleno.
De acuerdo a un informe de la Comisión Mixta de Constitución, la justicia dio la razón a al menos 17 de 35 candidatos a las elecciones judiciales para que las comisiones mixtas reconsideren sus casos, revisando documentación para ajustar sus puntajes.
“Reiteramos nuestro absoluto compromiso para que lo antes posible tengamos preseleccionadas a las nuevas autoridades judiciales”, insistió Mercado.
En tanto, la Comisión Mixta de Constitución determinó reiniciar el trabajo el 1 de julio con las pruebas orales a los más de 400 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Fuente: ABI
Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural informaron este martes que la fase de exámenes orales a los 406 candidatos, en el marco del proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales, empezará a las 18:00 del lunes 1 de julio, después de una paralización en abril pasado.
“Con esto, el lunes 1 de julio, una vez que se instale la sesión se recepcione las preguntas nuevamente, a partir de las 18:00 se procedería a llevar adelante la evaluación de los postulantes por departamentos y cercanía”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui.
Explicó que los primeros en rendir la prueba oral serán los postulantes del departamento de La Paz.
El diputado arcista mencionó que las comisiones mixtas tienen que resolver algunos amparos y resoluciones que fueron presentados por candidatos inhabilitados, los mismos que frenaron la continuación del trabajo de preselección de los postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial.
“En este entendido, existiendo una condición novedosa, el hecho de que exista amparos constitucionales, resoluciones de estos amparos constitucionales que deben ser objeto de cumplimiento de las comisiones de Justicia y de Constitución, se ha señalado esta semana como reuniones trabajo para preparar las resoluciones que van a atender estas resoluciones constitucionales para que a partir, concluido este trabajo preliminar, del lunes (1 de julio) ya se arranque con el cómputo de los 11 días para desarrollar el proceso de evaluación oral de todos los postulantes”, aseveró Jáuregui.
La Comisión Mixta de Constitución, presidida por el senador evista Miguel Rejas, resolvió siete de los 10 amparos que fueron activados por postulantes inhabilitados del proceso de preselección.
En abril de esta gestión, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz paralizó el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales luego de que Margarita Medrano, candidata inhabilitada, presentara un amparo constitucional.
Fue la Sentencia Constitucional Plurinacional 0191/2024-S2 del 23 de mayo que reactivó este proceso de preselección de los candidatos judiciales, luego de anular un fallo en primera instancia que truncó este trabajo en las dos comisiones mixtas.
Asimismo, Jáuregui señaló también que existe información de que habría la probabilidad de que se estaría filtrando las preguntas del examen oral y que para controlar eso, dijo, que solicitarán a las instituciones remitir los cuestionarios con un mayor número de preguntas y que las mismas se aplicarán desde el 1 de julio.
“En ese sentido que también se ha tomado una determinación, ha habido cuenta de que ha existido información en la probabilidad de que existiría algún tipo de filtración de las preguntas y a objeto de garantizar de que exista transparencia en adelante se ha solicitado ya la semana pasado al sistema universitario, al Colegio de Abogados y otras entidades para que se nos pueda remitir nuevamente una mayor cantidad de preguntas para que de esa manera se incremente la batería de preguntas que van a ser objeto de aplicación del lunes, 1 de julio”, dijo Jáuregui.
El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó que son 93 aspirantes al TCP que ingresarán a la etapa de las pruebas orales y 187 postulantes al TSJ.
En sintonía, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó por unanimidad la resolución que dispone iniciar las pruebas orales a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental desde el 2 de julio.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerjes Mercado, informó que la Comisión Mixta de Justicia Plural la tarde de este martes empezará a resolver los problemas entre recursos y amparos que paralizaron la preselección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales.
“El trabajo interno que empezaremos a desarrollar hoy (martes) va enfocado a resolver los problemas que se han suscitado (y paralizaron la preselección de candidatos), ya para el lunes empezar lo que es la preselección mediante exámenes correspondientes a los que estén en carreras para las altas y bajas magistraturas del país”, indicó Mercado.
La Comisión Mixta de Justicia Plural está a cargo de la evaluación a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental.
Según informe de la Comisión Mixta de Constitución, la justicia dio la razón a al menos 17 de 35 candidatos a las elecciones judiciales para que las comisiones mixtas reconsideren sus casos, revisando documentación para ajustar sus puntajes.
“Reiteramos nuestro absoluto compromiso para que lo antes posible tengamos preseleccionadas a las nuevas autoridades judiciales”, añadió.
Por su parte, la Comisión Mixta de Constitución determinó reiniciar el trabajo el 1 de julio con las pruebas orales a los más de 400 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El ministro de Justicia señala como responsables del fracaso a los legisladores; estos, incluidos los arcistas, señalan a Lima como el saboteador.
Aunque la Asamblea informó que recibieron una nota de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para informar sobre el fallido proceso de preselección de candidatos a magistrados; este martes el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó la realización de una audiencia el viernes 5 de julio, y la visita del relator de esta organización para los días 7 y 8 de agosto próximo.
“El 5 de julio tenemos una reunión virtual entre la CIDH y la Asamblea, porque la institucionalidad internacional ha identificado que el problema es la Asamblea; luego el 7 y 8 de agosto ya viene la CIDH en visita del relator país de Bolivia y de otros miembros de la comisión para reunirse con la Asamblea”, informó el ministro Lima en radio Éxito.
En la sesión de la comisión mixta de Constitución del 29 de mayo, se leyó una nota de ese organismo multilateral, en el que se pedía información de todo el proceso y las dificultades que atravesaron a lo largo de este tiempo.
Cinco peticiones puntuales
1.- Una tabla que sume todas las acciones de defensa del proceso de elecciones judiciales que se encuentran actualmente en trámite.
2.- Una tabla que se sume las demandas constitucionales contra el proceso que se encuentran en trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
3.- Informes del Órgano Legislativo, a través de la Asamblea, por el estado actual del proceso y las etapas que deben cumplirse.
4.- Reglamentos de trabajo de las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa encargadas del proceso de preselección de candidaturas para las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional.
5.- Listado de las organizaciones que estén acreditadas para participar en el proceso de preselección en calidad de veedores, nacionales e internacionales
Son 15 meses que el Estado boliviano no puede cumplir con el mandato constitucional de elegir magistrados, lo que ocasionó la observación de los organismos multilaterales como los tribunales internacionales. En febrero de este año el Presidente del Estado, Luis Arce, dijo que a la población no le interesa las elecciones judiciales.
Este martes el ministro responsabilizó enteramente a la Asamblea por no cumplir ese mandato y señaló a los dos presidentes de las comisiones mixtas, Miguel Rejas y Roberto Padilla como los principales responsables.
“Aquí los responsables de lo que ha ocurrido y los que van a rendir cuentas, porque esto es una grave distorsión que han provocado, son los miembros de la Asamblea Legislativa, entonces la solución que ha planteado el Tribunal Constitucional Plurinacional y que el país habla como autoprórroga es una situación que ha sido evaluada no solamente en Bolivia, la está evaluando y la está viendo la Relatora de Independencia Judicial de Naciones Unidas, el sistema interamericano de Derechos Humanos”, alertó Lima.
Sin embargo, los legisladores, incluso los de la bancada arcista como el diputado Froilán Mamani señalan precisamente al ministro Iván Lima como el principal autor de todo el caos generado y a su “operador”, el diputado Juan José Jauregui. La senadora Patricia Arce lo señaló directamente y le recordó que durante 2023 cuando ya el procedo debía marchar, Jauregui le recordaba que cada paso que dieran como comisión debía ser de conocimiento del ministro Lima.
Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomaron, por separado, el trabajo de preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales con la resolución de los amparos constitucionales e impugnaciones de postulantes inhabilitados y la decisión de iniciar el 2 de julio las pruebas orales a los aspirantes.
La Comisión Mixta de Constitución, presidida por el senador “evista” Miguel Rejas, resolvió 7 de los 10 amparos que fueron activados por igual número de postulantes inhabilitados.
Revisan caso por caso
En algunos casos, como de Juan José Subieta, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Santa Cruz, los legisladores determinaron aceptar la decisión judicial y modificaron su puntuación por su experiencia laboral que no fue considerado en las etapas previas.
En cambio, en el caso del postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes no hubo acuerdo entre los legisladores para cumplir la determinación judicial que ordenó su habilitación.
La senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos afirmó que un “tribunal no puede ordenarnos que habilitemos a un candidato”, y advirtió que “sería un nefasto precedente”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jauregui, discrepó con la senadora y explicó que se debe cumplir el fallo, pero para no ingresar “en discusiones bizantinas” propuso que cada bancada elabore un proyecto de resolución hasta el jueves y se los intercambien con el fin de que el lunes se opte en conjunto por una opción.
Una propuesta similar hizo para cada caso con el fin de que se cuente con resoluciones sólidas que impidan nuevos recursos legales de los aspirantes inhabilitados.
Pruebas orales
Esta fase de revisión fue definida por el diputado como “preliminar”, para luego dar inicio a las pruebas orales de los más de 400 aspirantes habilitados, labor que debió iniciar la segunda quincena de abril, pero que no se concretó por los varios amparos que postulantes presentaron en contra de todo el proceso.
Fue la Sentencia Constitucional Plurinacional 0191/2024-S2 del 23 de mayo que reactivó este proceso de preselección de los candidatos judiciales, luego de anular un fallo en primera instancia que truncó este trabajo.
Jauregui detalló que el 1 de julio se realizará la “recepción de nuevas preguntas que se sumarán al banco que ya tenemos, para luego, a partir del 2 de julio, procedamos a llevar adelante la evaluación oral de los postulantes”.
El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó que son 93 aspirantes al TCP que ingresarán a la etapa de las pruebas orales y 187 postulantes al TSJ.
En sintonía, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó por unanimidad la resolución que dispone iniciar las pruebas orales a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental desde el 2 de julio.
Después de la promulgación de la Ley 144 de Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce afirmó este martes que las “elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural”, que tiene la “justicia boliviana”, porque a la población litigante no le interesa quién es el magistrado, sino que su caso se agilice.
“Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana, porque a las hermanas y a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado, les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía”, dijo el mandatario.
Junto al vicepresidente David Choquehuanca, Arce promulgó la tarde de este martes la Ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” ante organizaciones sociales y legisladores arcistas en la Casa Grande del Pueblo, y en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y más de mil millones de dólares de pérdidas en 16 días de interrupción caminera.
Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero, después de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.
Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.
“El trabajo de nuestra banca (arcistas del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.
Después de que se sancionó y promulgó ayer la Ley de las Elecciones Judiciales, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez exigió a la Cámara de Diputados tratar “a la brevedad” los proyectos de Ley 073 y 075 (aprobados en la Cámara Alta) con el objetivo de frenar la autoprórroga de los magistrados del Órgano Judicial. Sin embargo, no fue tratada por Diputados.
Tampoco está programado para hoy el tratamiento de las leyes antiprórroga. El diputado Marcelo Pedrazas publicó en sus redes la agenda para hoy en Diputados y sólo figura “trabajo en comisiones”. El asambleísta cuestionó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cumpla su promesa.
Fin de mandato
Los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura concluían su gestión el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, el TCP dispuso la ampliación de su mandato hasta la realización de las elecciones judiciales.
Rodríguez afirmó que, si hubiese existido “voluntad política” en su momento, se habría podido convocar a las elecciones judiciales en 2023 —como estaba previsto— y así evitar la prórroga de los actuales magistrados y consejeros.
En tanto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos dijo en declaraciones a los medios que el Gobierno debe cumplir el acuerdo para viabilizar las judiciales, “sacar a sus magistrados autoprorrogados” si quiere la aprobación de los proyectos le ley de contratos de préstamos por más de 704 millones de dólares.
La legisladora dijo que el MAS está acostumbrado a hacer “trampas”. “El Gobierno tiene la mala manía de jugar con trampas”, sostuvo ante la posibilidad de que esto suceda al cumplir el acuerdo suscrito entre las fuerzas políticas en la Vicepresidencia, la pasada semana.
Compromiso
Los partidos en la Asamblea Legislativa acordaron la pasada semana también debatir los proyectos de ley 075 y 073 sobre la cesación de funciones y la suspensión de plazos procesales.
El diputado Jerges Mercado, del ala arcista del MAS, afirmó que no hay consenso para echar a los magistrados que se prorrogaron en diciembre de 2023.
El ministro de Justicia, Iván Lima, ha expresado su evaluación sobre el acuerdo político en relación con las elecciones judiciales y afirmó que esta elección será diferente a la realizada entre 2012 y 2017, cuando solo el entonces presidente Evo Morales tenía el poder de elegir a los candidatos a magistrados para los altos cargos del Órgano Judicial.
En este nuevo acuerdo, se espera que la elección de magistrados sea más inclusiva y democrática, con la participación del Parlamento en la selección de los candidatos.
Lima destacó la oportunidad de tener nuevos magistrados y expresó la esperanza de que se cumpla el compromiso de garantizar que al menos el 50% de los magistrados sean mujeres.
Además, hizo hincapié en la importancia de incluir representación indígena originaria campesina en el Órgano Judicial.
También señaló la necesidad de mejorar la representación de mujeres indígenas en los altos tribunales de justicia y expresó su deseo de que esta nueva composición conduzca a un modelo judicial mejorado.
El proyecto de ley, basado en el acuerdo político, se espera que ingrese a la Cámara de Diputados este lunes para su debate y, posiblemente, aprobación.
Luego, se prevé que sea elevado al Senado el martes para su consideración y, finalmente, enviado al Ejecutivo con la esperanza de que sea sancionado el miércoles. La intención es que este proceso asegure una elección judicial más transparente y representativa.