Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomaron, por separado, el trabajo de preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales con la resolución de los amparos constitucionales e impugnaciones de postulantes inhabilitados y la decisión de iniciar el 2 de julio las pruebas orales a los aspirantes.
La Comisión Mixta de Constitución, presidida por el senador “evista” Miguel Rejas, resolvió 7 de los 10 amparos que fueron activados por igual número de postulantes inhabilitados.
Revisan caso por caso
En algunos casos, como de Juan José Subieta, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Santa Cruz, los legisladores determinaron aceptar la decisión judicial y modificaron su puntuación por su experiencia laboral que no fue considerado en las etapas previas.
En cambio, en el caso del postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes no hubo acuerdo entre los legisladores para cumplir la determinación judicial que ordenó su habilitación.
La senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos afirmó que un “tribunal no puede ordenarnos que habilitemos a un candidato”, y advirtió que “sería un nefasto precedente”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jauregui, discrepó con la senadora y explicó que se debe cumplir el fallo, pero para no ingresar “en discusiones bizantinas” propuso que cada bancada elabore un proyecto de resolución hasta el jueves y se los intercambien con el fin de que el lunes se opte en conjunto por una opción.
Una propuesta similar hizo para cada caso con el fin de que se cuente con resoluciones sólidas que impidan nuevos recursos legales de los aspirantes inhabilitados.
Pruebas orales
Esta fase de revisión fue definida por el diputado como “preliminar”, para luego dar inicio a las pruebas orales de los más de 400 aspirantes habilitados, labor que debió iniciar la segunda quincena de abril, pero que no se concretó por los varios amparos que postulantes presentaron en contra de todo el proceso.
Fue la Sentencia Constitucional Plurinacional 0191/2024-S2 del 23 de mayo que reactivó este proceso de preselección de los candidatos judiciales, luego de anular un fallo en primera instancia que truncó este trabajo.
Jauregui detalló que el 1 de julio se realizará la “recepción de nuevas preguntas que se sumarán al banco que ya tenemos, para luego, a partir del 2 de julio, procedamos a llevar adelante la evaluación oral de los postulantes”.
El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó que son 93 aspirantes al TCP que ingresarán a la etapa de las pruebas orales y 187 postulantes al TSJ.
En sintonía, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó por unanimidad la resolución que dispone iniciar las pruebas orales a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental desde el 2 de julio.
Con la promulgación de la ley 144 de Elecciones Judiciales este martes, los magistrados sostienen que se consolida la seguridad jurídica en el país y que todas las resoluciones y sentencias que estaban siendo cuestionadas de nulas por algunos sectores que rechazaban la Declaración del TCP 049, que amplió el mandato de las autoridades judiciales más allá de los seis años que establece la Constitución, tienen un “blindaje”.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, en entrevista con CORREO DEL SUR, destacó este martes la aprobación y promulgación de la ley 144 de Elecciones Judiciales, norma que en su interpretación jurídica reafirma la garantía de seguridad jurídica de los bolivianos.
Si bien está pendiente el tratamiento de dos proyectos de ley, uno referido a la suspensión de plazos y otro a la cesación de los magistrados por cumplimiento de mandato, Jaimes indicó que las propuestas serán debatidas en la Asamblea Legislativa, que analizará si es posible anular o dejar sin efecto una Declaración Constitucional con una ley, porque lo evidente es que ya han existido diferentes actos en los altos tribunales en función de la institucionalidad que rige en el Estado.
Jaimes indicó que a partir del 10 de enero de 2024, los magistrados del Órgano Judicial comenzaron a reactivar el servicio judicial en cumplimiento de la Declaración 049 y la premisa de que no se puede paralizar los servicios de justicia así como tampoco los de educación, salud y seguridad en Bolivia.
Mencionó al artículo 15 del Código Procesal Constitucional o ley 254 que establece que las sentencias, declaraciones y autos del TCP son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes. “Consecuentemente es ese el sustento jurídico para el desarrollo de las funciones del TSJ, cuyas resoluciones gozan de absoluta constitucionalidad y legalidad”, remarcó.
Con la Declaración Constitucional 049 y la nueva ley 144 de Elecciones Judiciales ya no hay lugar a los pedidos de nulidad que arguyen algunos abogados y sectores políticos, según el criterio jurídico de la autoridad.
DESTACA LA LEY
“Valoramos y saludamos el accionar de la Asamblea Legislativa en relación a sancionar la ley que finalmente fue promulgada por el presidente del Estado para que de esa forma podamos ingresar en los plazos que establece esta ley y los bolivianos podamos ser parte de las elecciones judiciales para, precisamente dar cumplimiento a la Constitución y a la Ley en relación a la forma en que los magistrados deben ocupar los altos tribunales, que es mediante elecciones y no de designaciones de otros órganos del Estado”, sostuvo.
EXHORTACIÓN
El Presidente recordó que las autoridades lo que hicieron es exhortar “por unas elecciones judiciales lo más antes posible pero sin dejar en el vacío al Órgano Judicial, porque lo fundamental es respetar los derechos y garantías de los ciudadanos”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, ha expresado su evaluación sobre el acuerdo político en relación con las elecciones judiciales y afirmó que esta elección será diferente a la realizada entre 2012 y 2017, cuando solo el entonces presidente Evo Morales tenía el poder de elegir a los candidatos a magistrados para los altos cargos del Órgano Judicial.
En este nuevo acuerdo, se espera que la elección de magistrados sea más inclusiva y democrática, con la participación del Parlamento en la selección de los candidatos.
Lima destacó la oportunidad de tener nuevos magistrados y expresó la esperanza de que se cumpla el compromiso de garantizar que al menos el 50% de los magistrados sean mujeres.
Además, hizo hincapié en la importancia de incluir representación indígena originaria campesina en el Órgano Judicial.
También señaló la necesidad de mejorar la representación de mujeres indígenas en los altos tribunales de justicia y expresó su deseo de que esta nueva composición conduzca a un modelo judicial mejorado.
El proyecto de ley, basado en el acuerdo político, se espera que ingrese a la Cámara de Diputados este lunes para su debate y, posiblemente, aprobación.
Luego, se prevé que sea elevado al Senado el martes para su consideración y, finalmente, enviado al Ejecutivo con la esperanza de que sea sancionado el miércoles. La intención es que este proceso asegure una elección judicial más transparente y representativa.
Luego de cinco días de diálogo, las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional acordaron agilizar el tratamiento del proyecto de ley 144 de las elecciones judiciales, además, de los proyectos de suspensión de plazos procesales y de cesación de funciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El acuerdo fue anunciado por el vicepresidente David Choquehuanca, acompañado de los presidentes de las cámaras de Diputados, Israel Huaytari, y de Senadores, Andrónico Rodríguez, además de los jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos y los presidentes de las Comisiones de Constitución y de Justicia Plural.
Choquehuanca leyó el contenido del acuerdo, donde se establece reanudar el procedimiento legislativo del proyecto de ley 144 y viabilizar su aprobación, sin ninguna modificación tanto en el pleno de la Cámara de Diputados, como en el pleno de la Cámara de Senadores, para su posterior remisión al Órgano Ejecutivo.
La presidencia de la Cámara de Diputados convocará para el lunes 5 de febrero a sesión con el fin de tratar de manera exclusiva y hasta su total aprobación del proyecto de ley 144 para las elecciones judiciales. La Cámara de Senadores sesionará el martes 6 de febrero con el mismo objetivo.
Además, se acordó que posterior a la aprobación de la ley de las elecciones judiciales se tratará el proyecto de ley 073, que suspende los plazos procesales en todas las materias en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional a partir del 2 de enero hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular.
En ese mismo punto está el tratamiento del proyecto de ley 075, que deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Es decir, anula la prórroga de mandato de las máximas autoridades judiciales.
La ampliación del mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP fue el principal motivo esgrimido para el bloqueo de caminos que este viernes cumple 12 días con un daño económico que supera los $us 680 millones, cuatro muertos y perjuicios a la población. Desde el Gobierno se advirtió que en el fondo el interés es revertir el fallo que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, lo que afecta los intereses de Morales.
En el acta también se establece que las cámaras abordarán y aprobarán una serie de proyectos de ley cruciales para el financiamiento de la agenda económica del país, en el marco de la reactivación económica del Estado.
Entre los proyectos de ley se encuentran el 145/2023-2024 (Contrato de préstamo para el proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta); 268/2022-2023 (contrato de préstamo para el programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo II); 156/2023-2024 (convenio de préstamo para el programa apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19); 079/2023-2024 (Adenda n° 1 al contrato de préstamo cfa 9545, para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo – Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo); 189/2023-2024 (contrato de préstamo para el programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz); 254/2023-2024 (contrato de préstamo para el Programa de Electrificación Rural III y para el proyecto mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia – IDTR III); 255/2023-2024 (contrato de préstamo para el proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní).
Según el Gobierno, están pendientes de aprobación en el Legislativo $us 825 millones.
Este acuerdo también prevé el tratamiento continuo y con la debida diligencia de otros proyectos de ley pendientes en la Cámara de Diputados.
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que con este acuerdo no habría más razones para que los seguidores de Morales mantengan el bloqueo de caminos que lleva 12 días.
“Ya no tiene razón de ser el bloquea. A nombre del pueblo, como miembro del Movimiento Al Socialismo, le pido al compañero Evo que instruya levantar el bloqueo”, solicitó en declaraciones a radio Panamericana.
Una jueza de Sucre determinó que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sean procesados en la vía de juicio de responsabilidades y no por vía ordinaria, en el proceso que se les instauró por presunta usurpación de funciones.
La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien indicó que la jueza ha declarado probado el recurso de excepción, disponiendo que la Fiscalía proceda al archivo de obrados del proceso penal.
El argumento para este fallo consiste en que los magistrados siguen ejerciendo el cargo, en virtud a la prórroga decidida por la Declaración Constitucional 049/2023, por lo cual les corresponde juicio de responsabilidades.
“Pues estamos ejerciendo funciones en condición de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en consecuencia la juez ha declarado probada la excepción de falta de acción establecido que debe aplicarse el contenido de la ley de juicio y responsabilidades número 044”, afirmó Franco, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.
Con esa decisión, el procesamiento de los magistrados corresponde a la Asamblea Legislativa, mediante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la ley 044.
“Quienes tiene que llevar adelante el procesamiento, en virtud al reconocimiento judicial que existe a la vinculatoriedad y obligatoriedad de la Declaración Constitucional 049, es precisamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, puesto que nosotros estamos en este momento cumpliendo funciones en nuestra condición de magistradas y magistrados”, recalcó Franco.
De promoverse el juicio de responsabilidades, la investigación debe estar a cargo del Comité de Ministerio Público de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Esa instancia debe decidir si imputa a los magistrados.
Los magistrados fueron denunciados por parlamentarios de Comunidad Ciudadana, que los acusaron de usurpar funciones con su prórroga, después de terminar su mandato el 31 de diciembre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este miércoles el auto constitucional 034/2024 -CA/S en el que instruye a la Asamblea Legislativa considere la adecuación del proyecto 144, antes del tratamiento de otra ley para las judiciales.
De acuerdo con el documento, la solicitud fue formulada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, dentro de la consulta de control previo sobre la constitucionalidad del proyecto de ley 144/2022-2023 “proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” del 31 de agosto de 2023, a objeto que se disponga la aplicación de medidas cautelares.
“El accionante refirió que conforme al artículo 115 de la CPE (Constitución Política del Estado), lo dispuesto en la DCPC 0049/2023 de 11 de diciembre, es de cumplimiento obligatorio para el Órgano Legislativo, sin embargo, este Órgano pretende volver a considerar el proyecto de ley sin adecuar ni eliminar las disposiciones normativas observadas, así como analizar otros proyectos de ley vinculados al mismo, lo cual produciría una daño irreparable al ordenamiento jurídico con graves violaciones a los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, siendo que varios de sus artículos fueron declarados inconstitucionales por la institución encargada de realizar el control de constitucionalidad, generando así un evidente incumplimiento a la referida DCP 049/2023 que no puede ser tolerado por un Estado Constitucional de Derecho”, señala el auto constitucional del TCP.
El TCP emitió el 11 de diciembre la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
La declaración constitucional 049/2023 además dispuso de la inconstitucionalidad por conexitud de «los artículos 14, 29.II, 30.I y la Disposición Adicional Séptima en su segundo párrafo, inc. a) todos del Proyecto “Proyecto de Ley Transitoria para las elecciones Judiciales 2023-2024”C, referidos a los plazos previsto en ellos, y la inconstitucionalidad de los parágrafos I y III de la Disposición Adicional Sexta, por ser contrarios a los arts. 9.4, 12, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado».
Además, el accionante, solicitó que “como medida cautelar se ordene a la Asamblea Legislativa Plurinacional que, en cualquiera de sus cámaras, se abstenga de aprobar o tratar otros proyectos de ley sin previamente cumplir con los dispuesto por la DCP 049/2023, debiendo velar porque el Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024 garantice el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales, aspecto que vulneraría el orden constitucional y legal en nuestro Estado, así como los derechos y garantías de los ciudadanos que pretender formar los altos Tribunales de Justicia, contrariando a los arts 15, 115, y 203 de la norma suprema, adames de incurrir en posibles conductas antijurídicas como la establecida en el art 179 del Código Penal”.
El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, adelantó para hoy, miércoles, la reunión para abordar las elecciones judiciales con autoridades legislativas y representantes de las fuerzas políticas que estaba prevista inicialmente para el jueves.
El Vicepresidente tomó esta determinación a solicitud de la comisión bicameral multipartidaria, que este martes se instaló y avanzó en la convocatoria a la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
La reunión está programada para las 9:30, con el objetivo de “tomar conocimiento sobre los avances que se tuvieron para garantizar la ley de las elecciones judiciales”, según una nota institucional de la Vicepresidencia.
PUNTOS PENDIENTES
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, destacó el aporte significativo de las fuerzas políticas y mencionó que aún quedan temas pendientes, incluyendo la forma de votación en la Asamblea Legislativa y la prórroga de magistrados.
Después de una reunión que duró varias horas este martes, la comisión multipartidaria y bicameral avanzó en consensuar un proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales; sin embargo, quedan por acordar dos puntos clave que se tratarán en reunión con autoridades del Legislativo y bancadas.
Los dos puntos pendientes se refieren a la forma de votación y la autoprórroga de los magistrados, según explicó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
Respecto a la forma de votación, la polémica surgió porque el proyecto de Ley 144 planteaba que la Asamblea elija en votación por plancha a los precandidatos a magistrados. Esa forma de elección legislativa es rechazada por el Gobierno.
En cuanto a la autoprórroga de magistrados, el ala “evista” y la oposición exigen que las actuales autoridades judiciales sean cesadas en sus cargos en tanto se realizan las elecciones judiciales.
OTRAS POSTURAS
El diputado Carlos Alarcón sostuvo que la comisión bicameral difiere en la forma de votación para aprobar la lista de candidatos a las Judiciales y sobre el cese de funciones de los magistrados.
“Donde no hay acuerdo todavía es en el tema de la forma de votación; nosotros creemos que, si no se cambia la forma de votación, es decir que el pleno de la Asamblea vote por la aprobación o el rechazo, con dos tercios del informe de preselección de las comisiones mixtas, va a ser imposible llegar a tiempo con la elección judicial”, indicó Alarcón.
“Otro tema, es el de la prórroga nosotros consideramos que deben dejar sus funciones los usurpadores judiciales, que están en ejercicio de facto de sus funciones”, agregó.
Por su parte, el senador de Creemos Henry Montero señaló que, desde su bancada, proponen “que (la votación) sea en plancha, para despolitizar este proceso porque no puede ser una decisión política que determine quién va y quién no, para que el pueblo vote”.
El diputado del MAS, Jerges Mercado, respecto a la ‘prorroga’ pidió a los que exigen el cese de magistrados presentar una alternativa para que “los bolivianos no nos quedemos sin justicia, sin cabezas en el Órgano Judicial, mientras se llevan adelante las elecciones judiciales”.
EN LA PAZ
La reunión se desarrollará en ambientes de la Vicepresidencia, en la ciudad de La Paz. Participarán los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas (MAS, CC y Creemos), además de los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia de ambas cámaras.
LA SOLUCIÓN
El expresidente Evo Morales indicó que la solución a los nueve días de bloqueo consiste en que “el Gobierno debe viabilizar de inmediato la convocatoria a elecciones judiciales y la cesación de funciones de los magistrados prorrogados”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en su comisión de admisión nuevamente puso en suspenso el tratamiento del proyecto de ley 144 de Elecciones Judiciales o de la consideración de otra propuesta de ley mientras no se cumpla con lo dispuesto en la Declaración Constitucional 049/2023.
Este Auto Constitucional fue notificado este miércoles por la Comisión de Admisión del TCP que acepta otorgar una medida cautelar hasta que el Pleno de magistrados resuelva un recurso de queja presentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, en sentido de que la Asamblea Legislativa en el tratamiento del proyecto de ley de elecciones judiciales no estaría cumpliendo con los términos de la Declaración 049, es decir, sin adecuar o eliminar las disposiciones observadas por el TCP e incurriendo nuevamente en la inconstitucionalidad.
Por Tanto, la Comisión de Admisión dispone: «Ha lugar a la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes, presidente del TSJ, disponiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de ley 144/2022-2023 (…) Necesariamente debe acatar la Declaración Constitucional 049, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena del TCP, resuelva la queja por incumplimiento formulada por el nombrado, el 24 de enero de 2024», señala el auto firmado por los magistrados Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores de la Comisión de Admisión.
La queja apunta a que en el Legislativo continúas las posiciones y propuestas que muestran la falta de garantías para el servicio judicial incumpliendo los establecido por la DCP 049.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la demanda de acción popular presentada por Amilcar Barral, contra Evo Morales, expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la convocatoria a bloqueos y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no evitar los cortes de rutas.
La audiencia fue fijada para el viernes 26 de enero a las 10:30 de forma virtual.
“Estamos demandando tanto a Evo Morales como incitador y organizador de estos conflictos y estos bloqueos de caminos por un interés personal. Y también contra el ministro Eduardo Del Castillo porque no está haciendo nada para evitar este tipo de bloqueos”, dijo Barral a Erbol.
Desde el lunes, sectores afines a Morales iniciaron un bloqueo de caminos en rechazo a la prórroga de los magistrados y para exigir elecciones judiciales. En tanto, desde el Gobierno se sostiene que esta medida de presión solo es para favorecer al jefe del MAS, esto en relación a la sentencia constitucional 1010/2023, la cual establece que la reelección presidencial indefinida no existe y tampoco es un derecho humano.
En el tercer día de movilización de sectores evistas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos reportó 14 puntos de bloqueo fijo y cuatro bloqueos esporádicos en cuatro departamentos, la mayor parte se concentra en Cochabamba.
Desde el Gobierno se habla de una pérdida de $us 128 millones por día en el sector productivo, mientras que desde la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) hicieron un llamado al diálogo entre las partes en conflicto.