Las elecciones judiciales podrían realizarse el primer o el último domingo de noviembre, si la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba una ley transitoria o el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un recurso abstracto de inconstitucionalidad.
«Para el político en Bolivia no se considera la presunción de inocencia, sino que ya se afirma la culpabilidad, y esa exposición ante el público en general es una forma de tortura”, dijo el abogado Quiroz.
Iván Lima denuncia “turismo judicial” y afirma que esto impide un trabajo normal.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Justicia anunciaron que en octubre entrará en vigencia el nuevo modelo informático de gestión de causas en materia penal en Bolivia.
La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa todavía no sesionó, pero trabaja en dos normativas para blindar y acomodar plazos para las elecciones judiciales y garantizar que se lleve este 2023.
Según Lima, hay dos “obstáculos legales” a favor de autoridades procesadas
Cuestionaron que se designó autoridades con historial, incluso, penal.
El fallo fue notificado en julio de 2022 y el Consejo de la Magistratura tenía tres meses para implementar la evaluación, pero nueve meses después no lo hace.
La Asamblea Legislativa inicia una semana clave para reencauzar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de que el proceso fue anulado por determinación de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Beni.
Los actuales magistrados y consejeros del TCP, TSJ, TA y del Consejo de la Magistratura finalizarán sus mandatos en diciembre de 2023 y las nuevas autoridades deben asumir funciones en enero de 2024.