Las instituciones de la mesa de análisis de la conflictividad electoral, encabezada por la Defensoría del Pueblo, “proscriben toda acción, declaración o discurso que pretenda poner en duda o en vilo la realización de la segunda vuelta electoral”.
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, dispuso un despliegue nacional de fiscales, peritos y personal de apoyo para atender con inmediatez cualquier hecho delictivo antes, durante y después de la segunda vuelta.
El lunes 13 de octubre, personal de seguridad del PDC impidió el ingreso de los equipos de prensa de las redes Uno y Unitel a cubrir el acto realizado en Santa Cruz.
Las multas y sanciones económicas también alcanzan a distintos actores electorales, como notarios, servidores públicos y ciudadanos que incumplan sus deberes durante la segunda vuelta.
En Chuquisaca trabajarán 566 operadores de transmisión; el 17 de agosto fueron 482.
El Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) superó en las últimas horas un simulacro nacional de cara a la segunda vuelta. El Órgano Electoral ratifica que buscará acercarse lo más posible al 100 por ciento de las actas transmitidas el próximo domingo, día fijado para la segunda vuelta presidencial.
El despliegue militar se realiza en coordinación directa con los tribunales electorales departamentales para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.
El programa UNO DECIDE, de la Red Uno, presentó este 10 de agosto los resultados de la Gran Encuesta Nacional de Intención de Voto para conocer quiénes son los precandidatos que lideran la carrera por la silla presidencial.
La autoridad electoral explicó que «no existe norma que nos permita aplicar sanción a los partidos que se retiren», en alusión a Morena. Además, aclaró que no es sancionable promover el voto nulo.
Publicada ayer la convocatoria a postulantes para las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una lista de 192 candidatos en un plazo de 80 días. El registro para los interesados estará abierto por 20 días a partir del martes.
Al final, los comicios están encaminados, luego de una serie de trabas jurídicas, divergencias políticas y protestas sociales. En un plazo de 230 días, cuya fecha puede caer a finales de agosto o principios de septiembre, serán elegidos en urnas 23 magistrados, titulares y suplentes, de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) Agroambiental y Constitucional Plurinacional (TCP), y tres consejeros, también titulares y suplentes, del Consejo de la Magistratura.
A través de sus redes sociales, la Cámara de Senadores publicó ayer la convocatoria, que deberá ser difundida hasta este lunes, antes de iniciarse el siguiente paso: el registro de postulaciones.
NORMA. Así lo dispone la Ley 1549, Transitoria de Elecciones Judiciales, promulgada el 6 de febrero por el presidente Luis Arce.
Según la convocatoria aprobada el viernes en una no menos polémica sesión de la Asamblea Legislativa, el proceso de preselección terminará con la aprobación de la lista de candidatos. Luego de la publicación de la convocatoria, vendrá una serie de fases hasta la evaluación de méritos y la aprobación de informes de preselección y remisión al presidente de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca.
Finalmente, la Asamblea Legislativa dispondrá de ocho días para la aprobación —por dos tercios de votos de los presentes— o rechazo de los informes de las comisiones mixtas.
La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral será la encargada de elevar un informe a la Asamblea Legislativa con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, y un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el Tribunal Constitucional.
Y, por su lado, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal pasará un informe con la lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes al Tribunal Agroambiental, y otra de un mínimo de 10 y un máximo de 20 postulantes al Consejo de la Magistratura.
Sumarán hasta 192 los candidatos preseleccionados para los tres tribunales y la magistratura, a diferencia de los 96 que hubo en las elecciones de 2011 y 2017.
La convocatoria establece que la Asamblea Legislativa aprobará los informes finales de las dos comisiones “de manera completa, integral e indivisible”. “En caso de no lograr la mayoría calificada, se continuará con la votación alcanzar los dos tercios de votos”.
Una vez aprobada la lista de candidatos, la Asamblea Legislativa deberá derivarla en dos días al Tribunal Supremo Electoral (TSE), trámite que le permitirá a éste organizar las elecciones n un plazo de hasta 150 días.
GARANTÍAS. Sobre el trabajo de preselección de postulantes, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, comprometió transparencia.
“Vamos a buscar a los mejores hombres y las mejores mujeres con absoluta transparencia, dando énfasis a los méritos que tengan tanto profesionales como de experiencia, y también con veedores internacionales y nacionales”, dijo a Bolivia Tv.
Ley 1549 y la convocatoria a preselección de postulantes fueron posibles luego del acuerdo del 2 de febrero entre legisladores del MAS, de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, a instancias del presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca.
El proceso fue apurado luego de que el TCP anulara una convocatoria anterior y prorrogara el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017, esto último con su Declaración 049/2023.
Después de la promulgación de la Ley 144 de Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce afirmó este martes que las “elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural”, que tiene la “justicia boliviana”, porque a la población litigante no le interesa quién es el magistrado, sino que su caso se agilice.
“Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana, porque a las hermanas y a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado, les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía”, dijo el mandatario.
Junto al vicepresidente David Choquehuanca, Arce promulgó la tarde de este martes la Ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” ante organizaciones sociales y legisladores arcistas en la Casa Grande del Pueblo, y en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y más de mil millones de dólares de pérdidas en 16 días de interrupción caminera.
Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero, después de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.
Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.
“El trabajo de nuestra banca (arcistas del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.