Las autoridades de la justicia, así como de los otros órganos del Estado, comienzan a plantearse la forma de cumplimiento de las conclusiones que arrojaron las mesas de trabajo.
El presidente Paz anunció su respaldo a las transformaciones en la justicia. as instituciones participantes del “Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial” determinaron el viernes que el Estado debe incrementar a corto plazo el presupuesto de la justicia que alcance a un 5 por ciento del Tesoro General de la Nación (TGN) para consolidar la independencia y hacer que el Órgano Judicial se desligue del poder político.
En la evaluación de méritos se tomarán tres criterios: experiencia profesional, formación académica y producción intelectual.
La Cámara de Senadores aprobó este martes la Ley 144 Transitoria de las Elecciones Judiciales, que fue promulgada en esta misma jornada por el presidente Luis Arce Catacora, por lo que ahora la Asamblea Legislativa tiene 80 días para elegir y definir la lista de los mejores y más idóneos postulantes a magistrados del Órgano Judicial, informó la senadora Virginia Velasco Condori.
De acuerdo con la legisladora, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe por dos tercios de votos la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 150 días para la realización de las elecciones judiciales.
“Hemos aprobado la Ley 144 para viabilizar las elecciones judiciales y estas contemplen a los mejores candidatos, los más idóneos y meritocráticos que serán evaluados y aprobados en el Legislativo. Pero lo que tenemos que lamentar es que, por la ambición y los intereses del ‘jefazo’ (Evo Morales), se ha ocasionado daños irreparables no solo a la economía del país, a los empresarios, a los productores, a los gremialistas, más aún cuando estamos a vísperas de carnavales, donde el comercio es muy alto”, dijo Velasco.
En ese marco, la senadora explicó que el proceso de preselección de los postulantes estará a cargo de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia del Legislativo, acompañados por veedurías internacionales y nacionales. Estas remitirán sus informes al pleno de la Asamblea Legislativa. El plazo para todas las fases de la preselección es de 80 días, conforme el siguiente detalle:
a) Publicación de la Convocatoria (3 días).
b) Presentación de postulaciones (20 días).
c) Verificación de requisitos habilitantes generales y específicos (5 días).
d) Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (2 días).
e) Presentación de impugnaciones (5 días).
f) Resolución de impugnaciones (5 días).
g) Presentación del Recurso de Revisión (5 días)
h) Resolución del Recurso de Revisión (5 días)
i) Publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día)
j) Evaluación de méritos (14 días).
k) Aprobación de los Informes de Preselección y remisión al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (5 días).
l) Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los Informes de las Comisiones Mixtas (hasta 8 días).
“Los requisitos para la presentación de postulantes estarán acorde a la Constitución, la Ley 025 y la Ley 027, demostrando idoneidad para el cargo. En caso de inhabilitación por incumplimiento de requisitos, las y los postulantes tienen el derecho de interponer una impugnación y un recurso de revisión. Se tendrá dos criterios para la preselección, ambos sobre 100 puntos, haciendo un total de 200 puntos calificables: Por lo que habrá una evaluación de méritos y un examen con preguntas escritas y respuestas orales”, dijo Velasco.
En la evaluación de méritos se tomarán tres criterios: experiencia profesional, formación académica y producción intelectual, conforme lo siguiente: Examen de preguntas escritas y respuestas orales, 5 preguntas elaboradas por universidades, colegios de abogados y escuelas de jueces. Por lo que para ingresar a la preselección los postulantes deben tener un mínimo de 130 puntos, señaló.
Explicó, que en la modalidad de la votación, se establece que las Comisión Mixta de Constitución enviará en su informe mínimo de 36 postulantes y una máximo de 72 para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, y la Comisión Mixta de Justicia enviará un mínimo de 14 y máximo de 28 postulantes para Tribunal Agroambiental y un mínimo de 10 y máximo de 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura. Es así que “la votación en la Asamblea contemplará a todas y todos los candidatos enviados en los informes de las comisiones mixtas para que ingresen a la papeleta”.
La norma, que garantiza las elecciones judiciales, fue promulgada al finalizar la tarde de este martes, por el presidente, Luis Arce.
Después de la promulgación de la Ley 144 de Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce afirmó este martes que las “elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural”, que tiene la “justicia boliviana”, porque a la población litigante no le interesa quién es el magistrado, sino que su caso se agilice.
“Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana, porque a las hermanas y a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado, les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía”, dijo el mandatario.
Junto al vicepresidente David Choquehuanca, Arce promulgó la tarde de este martes la Ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” ante organizaciones sociales y legisladores arcistas en la Casa Grande del Pueblo, y en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y más de mil millones de dólares de pérdidas en 16 días de interrupción caminera.
Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero, después de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.
Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.
“El trabajo de nuestra banca (arcistas del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.
Después de que se sancionó y promulgó ayer la Ley de las Elecciones Judiciales, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez exigió a la Cámara de Diputados tratar “a la brevedad” los proyectos de Ley 073 y 075 (aprobados en la Cámara Alta) con el objetivo de frenar la autoprórroga de los magistrados del Órgano Judicial. Sin embargo, no fue tratada por Diputados.
Tampoco está programado para hoy el tratamiento de las leyes antiprórroga. El diputado Marcelo Pedrazas publicó en sus redes la agenda para hoy en Diputados y sólo figura “trabajo en comisiones”. El asambleísta cuestionó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cumpla su promesa.
Fin de mandato
Los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura concluían su gestión el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, el TCP dispuso la ampliación de su mandato hasta la realización de las elecciones judiciales.
Rodríguez afirmó que, si hubiese existido “voluntad política” en su momento, se habría podido convocar a las elecciones judiciales en 2023 —como estaba previsto— y así evitar la prórroga de los actuales magistrados y consejeros.
En tanto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos dijo en declaraciones a los medios que el Gobierno debe cumplir el acuerdo para viabilizar las judiciales, “sacar a sus magistrados autoprorrogados” si quiere la aprobación de los proyectos le ley de contratos de préstamos por más de 704 millones de dólares.
La legisladora dijo que el MAS está acostumbrado a hacer “trampas”. “El Gobierno tiene la mala manía de jugar con trampas”, sostuvo ante la posibilidad de que esto suceda al cumplir el acuerdo suscrito entre las fuerzas políticas en la Vicepresidencia, la pasada semana.
Compromiso
Los partidos en la Asamblea Legislativa acordaron la pasada semana también debatir los proyectos de ley 075 y 073 sobre la cesación de funciones y la suspensión de plazos procesales.
El diputado Jerges Mercado, del ala arcista del MAS, afirmó que no hay consenso para echar a los magistrados que se prorrogaron en diciembre de 2023.
El presidente Luis Arce promulgó ayer la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. En el acto, arropado por organizaciones sociales afines y funcionarios, el mandatario expresó su rechazo a los bloqueos y consideró que esa medida de presión buscaba su “cabeza”.
La ley actual se consensuó luego de un bloqueo de casi dos semanas del ala “evista”, que exigía la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorroga.
“Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán: desgastar, venir por la cabeza del Presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente que es el objetivo no se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se no se puede ahorcar Ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares”, dijo Arce.
“Sacrificio del pueblo”
En tanto, el expresidente Evo Morales en sus redes sociales dijo que “gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales, bajo el liderazgo del movimiento indígena y la unidad del pueblo boliviano, se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas”.
Según Morales, el Gobierno no tiene la intención de devolverle a Bolivia la institucionalidad de los poderes del Estado, “su plan es todavía violar la Constitución Política del Estado para prorrogarse en el poder a cualquier precio, incluso atentando contra la democracia y las libertades”, escribió en la red X.
Reproches
En su discurso, Arce reprochó los perjuicios económicos de los bloqueos del ala “evista”, porque considera que sólo buscaban intereses personales y desgastar al Gobierno.
El Presidente denunció que las medidas de presión causaron un daño de mil millones de dólares, además de problemas como el tránsito de las cisternas.
Rechazó que se utilice las elecciones judiciales para sacrificar al pueblo y darle una puñalada a la economía”. “Es absolutamente insensible, más aún cuando todo el pueblo boliviano sabe que la motivación fue política para satisfacer la ambición personal de poder”, aseveró.
Críticas
En el acto, se pronunciaron legisladores “arcistas” como el diputado Juan José Jaúregui, a quien “evistas” y opositores acusan de ser el principal obstaculizador de las elecciones judiciales, con actitudes como haber remitido una proyecto de ley anterior ante los altos tribunales para su consulta.
Jáuregui acusó a las otras bancadas de tener un contubernio y de haber promovido leyes que tenían elementos inconstitucionales para convocar a elecciones judiciales.
Aseguró que estas elecciones no son “producto de la imposición de los bloqueos” ni de la imposición del bloque radical, sino “producto del mandato de nuestro presidente Lucho”.
El proceso electoral tendrá dos etapas
La disposición Quinta I de la nueva ley señala que la elección tiene dos etapas: el proceso de preselección y el proceso de elección. Los plazos serán de acuerdo a la Ley 026 de Régimen Electoral.
“La postulación y preselección tendrá una duración de hasta 80 días calendario”, dice la norma; mientras que “la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta 150 días calendario”.
Asimismo, precisa en el parágrafo III que el “Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente ley”.
Después de dos semanas de bloqueos de carreteras en el país, la Asamblea Legislativa Plurinacional logró el viernes un acuerdo para encaminar el proceso de las elecciones judiciales, que según el Gobierno, debe realizarse hasta octubre una vez que la convocatoria sea promulgada en los próximos días, antes del Carnaval.
Los parlamentarios se dieron un plazo de una semana para la aprobación del proyecto de ley en el Legislativo y luego seguir con el procedimiento hasta remitir listas de postulantes a magistrados al Órgano Electoral.
Ese convenio, según el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el diputado Carlos Alarcón (CC), no reconoce la prórroga de los actuales magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Se estima que hasta el miércoles se promulgue la Ley 144 que convoque a los comicios judiciales.
Según el acuerdo, la Cámara de Diputados tratará por tiempo y materia y aprobará hasta el viernes dos proyectos de ley, que son 073 y 075, sobre los magistrados: el primero cesa en su cargo a los magistrados prorrogados y el otro es para que se suspendan los plazos procesales mientras se eligen a los nuevos tribunos.
“Este acuerdo no reconoce la autoprórroga. Esto fue el motivo de discusión. En el artículo 3, inciso g, estaba insertado que el marco legal tenía que regirse bajo esta declaración constitucional 049, este inciso estaría vigente y de manera indirecta en toda su dimensión se reconocería prácticamente no solo los artículos y la disposición, sino también la extensión de mandato”, detalló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en entrevista con El Deber Radio.
Lo reiteró nuevamente para asentar la idea. “No puede ser que se reconozca (la prórroga de los magistrados), de ninguna manera. También ellos reconocieron que no es legal la extensión de mandato. Entonces, se suprimió ese inciso y por tanto se dejó sin efecto, en la Ley (144), el reconocimiento legal a los actuales exmagistrados y consejeros”, complementó.
Mientras, el diputado Alarcón, también en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio, aseguró que este acuerdo tiene tres componentes y que uno de ellos no reconoce la prórroga de mandato de las actuales autoridades judiciales. El legislador también aseguró que las elecciones judiciales deben ser desarrolladas máximo hasta julio de este año.
“El segundo objetivo de este acuerdo era no renunciar a garantizar elecciones judiciales transparentes y reales en el tiempo que nos da el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que es hasta fines de julio de este año, porque si no se logra hasta julio ya no habrá elecciones judiciales en este periodo constitucional porque ya se superpone con las primarias y el próximo año con las elecciones generales”, dijo Alarcón.
El legislador explicó también que este acuerdo establece la salida de los actuales magistrados a través de las elecciones judiciales y también con la aprobación del proyecto de ley 075, que cesa en sus funciones a las autoridades. Además, Alarcón destacó que el acuerdo también prevé la aprobación de siete créditos en el Legislativo.
“Pero, además, seguir en la pelea y la lucha para que los (magistrados) prorrogados, los usurpadores judiciales se vayan a su casa. La gran preocupación que teníamos de parte de Comunidad Ciudadana (CC) en estas mesas de diálogo y concertación es que el Gobierno ya entró a este partido con la mitad de tiempo ganado, porque la apuesta del Gobierno fue los prorrogados y como estos tienen el respaldo oficial, prácticamente al Gobierno le convenía que ya no hubiera ninguna ley sobre elecciones judiciales e iban a culpar a la oposición”, afirmó Alarcón.
ELECCIONES EN OCTUBRE
La posesión de nuevas autoridades judiciales será hasta octubre de este año y no chocará con las elecciones primarias de los partidos porque esas se realizarán en febrero del siguiente año, precisó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“El Órgano Electoral, que es un órgano independiente, tiene que decir cuánto tiempo le va a tomar, tendrán entre 120 y 180 días para llevar adelante ese proceso electoral, es un tema que nos permite avizorar que tendremos nuevos magistrados en el país alrededor de septiembre octubre de este año”, dijo.
De acuerdo con su explicación, las elecciones generales serán el 17 de octubre del 2025 y, contando los plazos hacia atrás, las primarias debían realizarse el 23 de febrero de 2025 no será este año.
LEY DE CRÉDITOS
El acuerdo alcanzado en el Legislativo para garantizar la ley de elecciones judiciales también compromete aprobar seis créditos por $us 728.296.082,37 y, uno por 415.000.000.000 de yenes japoneses, que estuvieron estancados en su tratamiento.
Gobierno pide elecciones en plazos justos
A tiempo de interpretar el comunicado que emitió la CIDH, sobre el conflicto en Bolivia, el ministro de Justicia, Iván Lima, abogó para que la elección judicial no se desarrolle en plazos breves, sino en tiempos que garanticen condiciones de acceso igualitario de postulantes y la calificación de méritos.
“La CIDH, en un comunicado, nos está planteando que la elección no puede ser en plazos breves, como lo que se ha sostenido en el debate intenso que hemos tenido en las últimas jornadas. Tiene que ser en plazos y procedimientos que garanticen el acceso y la gran conquista del pueblo boliviano: que la mitad de las magistradas y consejeras puedan ocupar las mujeres el 50% de estos tribunales, que los indígenas originarios y campesinos sean parte de nuestros tribunales, está planteando la CIDH la meritocracia”, dijo Lima en conferencia de prensa.
Horas antes de conocerse el acuerdo político para las elecciones judiciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado referido a la situación de conflicto en Bolivia.
El organismo exhortó que el procedimiento de selección de magistrados cumpla con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social, entre otros aspectos. La CIDH señaló que existe un contexto de alta polarización política, en el cual instó a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes participan de ella.
Facción ‘camachista’ de Creemos no firmó el consenso
La facción de Creemos, que responde al liderazgo de Luis Fernando Camacho, decidió no firmar el acuerdo para convocar a elecciones judiciales, además de que expresó su rechazo al convenio anunciado en la Vicepresidencia.
El delegado de esta facción era el senador Henry Montero, quien no firmó el documento bajo el argumento de que convalida a los magistrados prorrogados.
“Los legisladores de Creemos no firmamos el acuerdo sobre #EleccionesJudiciales porque primero deberían irse los violadores de la CPE, los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial, recién tratar y aprobar la Ley de Elecciones Judiciales; sin embargo, el acuerdo de hoy es al revés”, criticó Montero, mediante redes sociales.
El acuerdo fue firmado por el MAS ‘evista’ y ‘arcista’, Comunidad Ciudadana y la facción disidente de Creemos, mediante el diputado Leonardo Ayala.
El convenio implica que se apruebe la ley para convocar a elecciones judiciales, mientras que el cese de los prorrogados se tratará después incluso de aprobar cuatro leyes de créditos internacionales.
El senador Montero consideró que así se echó “agua bendita” a los prorroguistas.
De la misma facción “camachista”, María René Álvarez, denunció que con el acuerdo se ha “negociado abrir más deuda para los bolivianos en forma de créditos, a cambio de tratar la autoprórroga de los magistrados usurpadores”.
Consideró que existe ingenuidad o complicidad de esta oposición, porque se permite que los magistrados prorrogados sigan en funciones.
“Como miembro de la Directiva y Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados, expreso públicamente mi total desacuerdo con este pacto entre masistas y opositores, porque permiten que se siga vulnerando la Constitución, las leyes vigentes y las atribuciones de la función legislativa”, agregó Álvarez.
Evo saludó el acuerdo horas antes
Pasadas las 17:00 del viernes se anunció que el acuerdo para llevar adelante las elecciones judiciales; sin embargo, horas antes Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció su beneplácito por el consenso.
“Saludamos el consenso de las bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional para convocar a las elecciones judiciales”, escribió Morales a las 9:52 del viernes.
En el mismo mensaje, Morales acusó al presidente, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, por boicotear la solución a los conflictos.
“Tienen que instruir la inmediata aprobación de la ley que está consensuada para garantizar las elecciones del Órgano Judicial”, escribió Morales.
Mientras la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que apoya al Gobierno de Luis Arce, advirtió que desde el lunes se realizará la “toma pacífica” de la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta la aprobación del proyecto de ley para las elecciones judiciales, tal como señala el último compromiso político.
Otro punto señala “exigir de forma inmediata” la renuncia de todos los diputados y senadores que se prestan a “convulsionar y bloquear la economía nacional” del país.
El ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó que se buscará entablar un “gran diálogo nacional” a realizarse con “urgencia y lo más pronto posible” para consensuar el tema de las elecciones judiciales, sin embargo, desde ya expresó su rechazo al proyecto de Ley 144, que ya fue aprobado en el Senado, por considerar que favorecería a un cuoteo.
Lima se pronunció respecto al comunicado de la relatora de la ONU para independencia judicial, Margaret Sutterwaite, quien expresó su preocupación por el retraso de las elecciones judiciales y la falta de acuerdo político.
El Ministro recogió el anunció el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, de realizar un diálogo para consensuar las judiciales.
“El llamado del vicepresidente que se va a concretar en las próximas horas para este gran diálogo nacional exige que los diputados y senadores busquen el camino de establecido por la relatora, un camino que garantice transparencia, independencia, respeto a los derechos humanos y principalmente el respeto a nuestra Constitución”, dijo Lima la noche de este lunes.
No al cuoteo
El Ministro señaló que el proyecto de ley 144, aprobado en el Senado, aún tiene que adecuarse a los criterios que emitió el Tribunal Constitucional al respecto.
Además, señaló que ese proyecto generará cuoteo porque omite la entrevista para los postulantes y establece que se elijan a los precandidatos en votación por plancha en la Asamblea.
Según Lima, el proyecto de ley 144 obedece a un acuerdo entre Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, para cuotearse los cargos de magistrados.
El ala “evista” y los opositores suman dos tercios de la Asamblea, con lo cual tendrían la ventaja de seleccionar a los candidatos a magistrados, que se someterán al voto popular.
Lima señaló que también existe otro proyecto de ley presentado por el diputado Jerges Mercado (del ala arcista) y la senadora Silvia Salame. Dijo que todas las posiciones deben tratarse en el diálogo.
La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, aceptó reunirse con magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de visitar Bolivia en los próximos meses, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Satterthwaite ya expresó su “grave preocupación” por el retraso en las elecciones judiciales, que debieron realizarse en 2023, y la falta de acuerdo político, que ha derivado en la prórroga de los actuales magistrados.
“Se está generando ya la reunión presencial o virtual que vaya a tener la relatora con los magistrados, porque los magistrados del Tribunal Constitucional son una parte relevante importante en esta situación que se ha presentado”, dijo Lima.
Visita académica
Respecto a la llegada de la relatora al país, el Ministro señaló que será una visita académica que se podría realizar en un tiempo de entre tres a máximo seis meses.
De llegar Satterthwaite a Bolivia, sería la segunda visita de un relator para la independencia judicial desde 2022, cuando ya estuvo en el país su antecesor Diego García-Sayán.
El ministro Lima ratificó que se buscará consolidar la realización de las elecciones judiciales. Recordó que el vicepresidente David Choquehuanca ya ha anunciado un diálogo nacional para tratar este tema y que se afinarán las fechas al respecto.
La preocupación por la demora de las elecciones judiciales, expresada esta semana por la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, generó un revuelo no solo en foros judiciales, sino en el ámbito político, dada la pulseta en el partido gobernante con este tema, a partir del bloqueo iniciado por los sectores sociales afines al expresidente Evo Morales y la prórroga de los magistrados mediante una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Satterthwaite expresó ya su interés en el tema el año pasado, en septiembre, a través de una carta dirigida al presidente Luis Arce, y en noviembre, de manera pública, en sus redes sociales.
Tras lo sucedido esta semana, que motivó el anuncio del Gobierno, de una visita de la Relatora, CORREO DEL SUR solicitó una entrevista, que la experta de la ONU accedió a contestar mediante un cuestionario por escrito.
CORREO DEL SUR (CS).- ¿Qué sectores le expresaron su preocupación por la actual crisis judicial en Bolivia?
Margaret Satterthwaite (MS).- Desde que mi predecesor realizó una visita al país en 2022, el mandato que represento ha dado seguimiento a los acontecimientos en el país.
CS.- ¿Cómo recibió el Gobierno de Bolivia su preocupación por el retraso de las elecciones judiciales?
MS.- Mi diálogo con las autoridades bolivianas ha sido positivo.
CS.- ¿La Relatoría observa la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que prorroga los cargos de las actuales autoridades judiciales o que esta prórroga no tenga un tiempo perentorio?
MS.- Como dije en mi comunicado público, dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido.
CS.- ¿Hay algún antecedente similar en otros sistemas?
MS.- No tengo conocimiento de ellos en este momento.
CS.- ¿Un vacío de poder en el Órgano Judicial boliviano también está dentro de sus preocupaciones?
MS.- Como dije en mi comunicado de prensa, mi principal preocupación es el retraso en las elecciones judiciales, requisito constitucional para el nombramiento de los magistrados del tribunal superior y del Consejo de la Judicatura en Bolivia.
CS.- A la luz de la coyuntura actual, ¿ve mayor politización de la justicia en Bolivia? ¿Ve responsables?
MS.- La politización de la administración de justicia es un problema mundial. Nos compete a todos y todas en nuestros países respectivos estar bien informados y participar de manera proactiva para identificar y evitar la politización de la justicia. Todos los poderes del gobierno, así como la sociedad civil, pueden contribuir respetando y promoviendo un poder judicial independiente y entendiendo su papel para garantizar el debido proceso y el estado de derecho.
CS.- Respecto a las recomendaciones formuladas por su antecesor tras su visita en 2022, ¿qué avances ve en Bolivia y qué debilidades?
MS.- No es posible que un Relator Especial haga este tipo de evaluación en un instante. Tenemos un mandato que abarca todo el mundo y tratamos de apoyar a los países en sus esfuerzos por garantizar la protección de los derechos humanos y, en mi caso en particular, la independencia del poder judicial. Nosotros, las y los Relatores, dialogamos con los países cuando surge la necesidad, y por eso hablé con las autoridades bolivianas sobre el retraso en las elecciones judiciales y luego emití un comunicado público.
CS.- Ese informe justamente señala que la Relatoría tomó nota de las preocupaciones sobre el sistema de designación de autoridades judiciales. ¿Cómo cuidar el proceso para que consideraciones de índole político no prevalezcan?
MS.- Esta es una decisión que Bolivia debe tomar por sí misma, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Hay muchas formas diferentes de realizar los nombramientos, por lo que Bolivia podrá elegir la que mejor le convenga. Sin embargo, lo que ya puedo decir es que la participación de la sociedad civil es clave.