En Sucre se reunieron 500 representantes del Poder Judicial, Ejecutivo, y Legislativo, así como autoridades electorales, un encuentro en el que se determinaron una serie de puntos para mejorar la administración de justicia en Bolivia, para lo que solicitaron recibir el 5% del presupuesto general del Estado, además de modificar la Carta Magna.
Bolivia enfrenta una crisis silenciosa tras los muros de sus cárceles. A septiembre de 2025, los penales albergaban a más de 33.180 privados de libertad, cuando su capacidad no supera las 15.600 plazas. En cada celda donde debería vivir uno, están dos o tres. En los últimos años, el hacinamiento se convirtió en parte del paisaje cotidiano, una muestra del colapso carcelario.
Solo Nicaragua, Haití y Venezuela se encuentran más abajo en el listado, el puesto 29 de 32, mientras que Uruguay es el país mejor posicionado en la región.
Entre 2019 y 2023 el hacinamiento en las cárceles del país creció en un 50,6%, según un reporte de Régimen Penitenciario al que accedió La Razón. En el punto de partida se registraron 18.208 privados de libertad y la cifra del año pasado alcanzó a 28.838.
A diciembre de 2023, el departamento que más reclusos tiene, entre detenidos preventivos y sentenciados, es Santa Cruz, con el 37,1% del total; le sigue, La Paz con el 20,21%, Cochabamba con 14,18%, Tarija con 6,12%, Beni con 4,66%, Oruro con 6,23%, Potosí con 5%, Chuquisaca con 4,14% y Pando con 2,4%.
Otro dato que llama la atención en ese documento es que en enero de 2022 había un total de 19.300 reclusos, frente a los 28.838 en diciembre de 2023. Es decir que, solo en ese periodo, hubo crecimiento de la población carcelaria de 9.538 personas, entre varones y mujeres, con detención preventiva y sentencia. O sea que, en 24 meses, el hacinamiento se incrementó en 33,1%.
Del total de personas que habitan los recintos penitenciarios del país, solo 10.758 cuenta con una sentencia por sus procesos, que representa el 37,30%; mientras que 18.080, es decir el 62,70%, cumple con detención preventiva.
Respecto del estado de la causa de los privados de libertad, el Director Nacional de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias, atribuyó los altos índices de detención preventiva al “temor” de algunos jueces a partir del caso del violador serial Richard Choque, liberado por un juez a pesar de varios procesos abiertos en su contra.
El caso cobró fuerza a finales de 2021, cuando se conoció que el ahora sentenciado a 30 años violó y asesinó a varias mujeres. Entonces, se descubrió que el psicópata había sido liberado por el juez Rafael Alcón, que lo benefició, inicialmente, con detención domiciliaria. Las autoridades judiciales desbarataron el consorcio compuesto por varios abogados y jueces.
“Hoy en día (los jueces) tienen, parece, miedo de liberar a quienes no corresponde”, dijo Limpias en entrevista con La Razón
Hacinamiento
Otro de los factores que identificó Limpias es “el uso discrecional de la detención preventiva”, que —según dijo— se incrementó desde 2000. “Los jueces tienen miedo porque piensan que los van a censurar”.
Además, dijo que los jueces “burocratizan” la salida de algunos reos que cumplieron con los tres años previstos en la cautelar. “Les piden documentos que saben que para un privado de libertad son difíciles de conseguir”.
“Les piden garantes solventes, o con hipotecas, y para una persona que está varios años en la cárcel, es bastante difícil eso. Muchos, por el tiempo que están encarcelados, ya han perdido familia, entorno social”, reclamó.
En el detalle de privados por libertad por género, el reporte muestra que hay 26.759 varones, o sea un 92,79%, frente a 1.917 mujeres, que representan el 6,65%; incluso hay datos de miembros del colectivo LGBTI; son 162 que están recluidos en las cárceles del país, suman un 0,56%.
De ellos, el grupo etario con más presencia en las cárceles está entre 29 y 59 años, edades con las que ingresaron 18.050 (62,59%) personas. Le sigue el grupo de 8.744 (30.32%) reclusos entre 18 y 28 años. Unas 1.245 (4,32%) personas mayores de 60 años están en las cárceles del país y otras 798 (2,77%) de las que no se tiene el dato.
La lista de departamentos que más hacinamiento tiene la lidera Santa Cruz, con 10.694 (272%); le siguen La Paz, con 5.827 (176 %); Cochabamba 4.089 (179%); Tarija 1.766 (95%); Beni 1.343 (336%); Oruro 1.796 (125%); Potosí 1.437 (47%); Chuquisaca 1.194 (156%) y Pando cierra la lista con 692 privados de libertad; tiene el 15% de hacinamiento.
Otro de los datos brindados por la oficina de Limpias, que depende del Ministerio de Gobierno, es la cantidad de personas extranjeras que están privadas de libertad en los penales del país. Hasta diciembre del año pasado, esa cifra llegó a 1.023: 923 varones (91,10%) y 91 mujeres (8,90%). De ellos, 235 tienen nacionalidad peruana, 189 son de Brasil y 194 de Colombia, en una lista de 33 países.
Privados
En el país existen 46 cárceles; 20 en el área urbana y 26 en el área rural, según esa oficina. Dichos recintos reciben a los privados de libertad nacionales y extranjeros por diferentes procesos. La infraestructura de esos centros carcelarios tiene una capacidad para albergar a 10.521 personas, sin embargo, hasta diciembre del año pasado, la cantidad de privados de libertad alcanzó a 28.838. Eso muestra que actualmente el país tiene un hacinamiento del 174%, entre reclusos con detención preventiva y sentenciados, por los motivos que expuso Limpias.
El 15,93% (4.594 personas) de los reclusos están en las cárceles por procesos vinculados con violación de niña, niño o adolescente; el 14,47% (4.173) por delitos de narcotráfico, sancionados en la Ley 1008; un 13,15% (3.792) por robo y robo agravado.
Informe
Esos tres delitos son los que inciden en la lista de un total de 21 descritos en el informe.
Con el fin de disminuir la tasa de hacinamiento en las cárceles del país, el Ministerio de Gobierno, a través de Régimen Penitenciario, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, impulsa las denominadas jornadas de descongestionamiento judicial.
Esa medida permitió la liberación de reclusos cuyos plazos procesales ya se cumplieron o de aquellos que están por cumplir dicho periodo de sanción.
Además de eso, Limpias aseguró que se tiene proyectada la ampliación de algunas cárceles e incluso adelantó que el Gobierno prevé, aunque no explicó cuándo, la construcción de nuevos recintos penitenciarios.
Buscan ‘consolidar’ educación superior
El director de nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó que su despacho busca “consolidar” la educación superior para las personas privadas de libertad en las cárceles del país.
El funcionario destacó que, desde hace tiempo, se logró, en coordinación con el Ministerio de Educación, promover a varios bachilleres en los recintos penitenciario a través de los Centros de Educación Alternativa (CEA) y que, debido al largo periodo que algunos deben cumplir, “es necesario darles la oportunidad de tener un título universitario o de técnico superior”.
“Los pilares fundamentales de la reinserción social son la educación, el trabajo, la salud, el deporte y la cultura”, dijo.
“Estamos viendo de consolidar el otro pilar que es el tema de educación (superior)”, añadió en entrevista con La Razón.
Citó el caso del penal de Palmasola, recinto en que dos universidades privadas dictan clases de Derecho. Explicó que al menos el 90% de los reclusos accede a esa formación a través de becas, mientras que algunos reclusos, que cuentan con recursos económicos, pagan sus estudios.
Universidades
“Ya hay dos universidades (que dictan clases en las cárceles de Santa Cruz) y estamos queriendo que se sume la (Universidad Autónoma) Gabriel (René Moreno) con algunas carreras”, agregó.
Dijo que las universidades decidieron participar en ese programa de acuerdo a sus políticas de responsabilidad social empresarial.
En el penal de San Pedro, en La Paz, la encargada de impartir clases es la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con la carrera de Sociología, pero “estamos viendo la incorporación de Derecho”.
En Chonchocoro, adelantó, la universidad Pública de El Alto (UPEA) también impartirá clases.
En el país hay un policía por cada 18 reclusos
En Bolivia existe un efectivo policial por cada 18 privados de libertad en las 46 cárceles del país. La mayoría de ellos se encuentra en el departamento de Santa Cruz.
La información está contenida en un reporte de la Dirección de Régimen Penitenciario al que accedió La Razón.
A diciembre de 2023, 1.541 policías, entre hombres y mujeres, fueron destinados a resguardar la seguridad en los centros penitenciarios del país, donde habitan, en el mismo periodo, 28.838 reclusos.
Distribuidos en las 46 cárceles del país, entre hombres y mujeres, 391 efectivos están concentrados en La Paz, 285 en Cochabamba, 261 en Santa Cruz, en Oruro, Potosí y Tarija 110, respectivamente; 99 en Pando, 88 en Beni y 87 en Chuquisaca.
Del total de 1.541, policías, solo 296 son mujeres, eso significa una participación femenina del 19% respecto de 1.245 efectivos varones, es decir, el 80,79%.
Cifras
El hecho llamativo en esas cifras es que Santa Cruz, que es el departamento que cuenta con la mayor cantidad de privados de libertad, cuenta con solo 261 policías, frente a un total de 10.694. En proporción, eso significa que en esa región hay un policía por cada 41 reclusos.
De acuerdo con el documento de Penitenciarías, Cochabamba tiene a 14 efectivos por cada privado de libertad. Finalmente, La Paz tiene 5.827 personas en sus cárceles, frente a 391 policías que resguardan esos centros. Significa que, por cada uno de ellos existe la presencia de 15 policías.
Desde la administración penitenciaria se impulsó la implementación de tecnología como una máquina de rayos X para el control de las personas que ingresan a los penales en condición de visitante. Eso, aparte del protocolo que cumplen antes de su ingreso.