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Justicia para María Fernanda

Organizaciones de la sociedad civil, redes, colectivos, defensoras y defensores de los derechos de las mujeres, nos pronunciamos demandando transparencia y esclarecimiento en la investigación de la muerte de MAFP joven fallecida el pasado miércoles 6 de octubre de 2021 en celdas de la EPI de Chasquipampa en la ciudada de La Paz.

Manifestamos nuestra preocupación por Ia ausencia de información y respuestas claras de parte  de las autoridades a 72 horas  de suscitarse el hecho, principalmente  porque al momenta de fallecer MAFP se encontraba en custodia de las fuerzas policiales, mismas que en estas circunstancias adquieren obligaciones reforzadas para garantizar los derechos de las personas detenidas, debiendo cumplir no solo los protocolos que aseguren un resguardo adecuado de su vida e integridad, sino también asegurar Ia proporcionalidad  de las medidas adoptadas – en este caso la detención – acorde a las circunstancias que motivaron la intervención de las fuerzas de seguridad.

Recordamos que Bolivia tiene la tasa más alta de feminicidios en América del Sur[1] estimado en 2.0 por cada 100.000 habitantes, tan sólo en los primeros ocho meses del año se produjo un (1) feminicidio cada tres (3) días[2], cuya investigación y sanción enfrenta graves barreras dentro del sistema de administración de justicia, considerando la alta mora procesal y cantidad de casos que permanecen sin condena. A ello suman los altos índices de violencia contra las mujeres, considerando que estos delitos constituyen en promedio el 30% de las denuncias recibidas por el Ministerio Público en 2020[3], y el 83% de los delitos denunciados en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia a nivel nacional durante la misma gestión.[4]

Estas cifras evidencian que Bolivia es un país inseguro para ser mujer, “nos están matando y violentando cada día”, y, las medidas que adoptan nuestras autoridades, no han logrado respuestas plausibles para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, y tampoco son capaces de hacer de los espacios públicos de las instituciones llamadas a intervenir, un lugar seguro para el resguardo e integridad de las mismas. Bajo esta premisa, nos pronunciamos:

Exigiendo a las autoridades de la Policía Boliviana respuestas claras sobre la investigación de las circunstancias en las que MAFP perdió la vida, y si procede, la adopción de medidas para sancionar a los responsables.

Exhortando a la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la materialización de las reformas a la Ley N° 348 que llevan casi un año de tratamiento sin que a la fecha se haya logrado avanzar en este proceso.

Demandando al Estado en todos sus niveles a cumplir con la obligación de garantizar la cobertura, especialización, presupuestos y personal especializado para que los sistemas de prevención, atención, sanción y reparación a las víctimas de violencia cumplan con sus funciones.

Anunciamos que la sociedad civil organizada a nivel nacional se mantendrá vigilante del curso que tome la investigación por la muerte de MAFP, y, en el marco de los principios de transparencia, publicidad y el derecho de control social, desarrollaremos una veeduría ciudadana al caso.

[1] PNUD (2021). Informe de Desarrollo Humano 2021, Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Central y el Caribe. Pp.220
[2] ANF (2/09/2021). Los feminicidios no paran, 81 mujeres fueron asesinadas y dejan 74 huérfanos. Disponible en línea: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/los-feminicidios-no-paran-en-ocho-meses-81-mujeres-fueron-asesinadas-y-dejan-74-huerfanos-411435
[3] FGR (2021). Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 Inicial 2021. Pp. 9
[4] De acuerdo a datos de la FELCV durante 2020 las divisiones de la FELCV recibieron 35.419 denuncias, de las cuales 29.510 corresponden a delitos de violencia familiar o doméstica.

¡justicia-para-maría-fernanda

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