Organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres, colectivos feministas y activistas, nos pronunciamos exigiendo al Estado boliviano, y, a todas sus instancias, cumplir con el deber de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
La última semana, a través de los medios de comunicación, se ha conocido la aprehensión de R.C.F. persona condenada por el asesinato de una mujer en 2013, quien desde el 2019, se benefició con detención domiciliaria temporal y sin custodios, para un supuesto tratamiento médico por una enfermedad incurable que al parecer dista mucho de la situación de enfermedad terminal prevista en la Ley 2298, debiendo estar sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de control y retornar a la cárcel 18 meses después, sin que al no hacerlo, las autoridades hayan procedido a su captura al tratarse de un prófugo. Durante ese tiempo R.C.F habría contactado y cometido los delitos de extorsión y violación a 77 víctimas, y el feminicidio de dos menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en su domicilio dentro de una fosa común.
Ante estos hechos tan dramáticos, manifestamos nuestra indignación por las omisiones sistemáticas que se produjeron en el actuar del Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Boliviana, desde el momento de la imposición de la medida, que no consideró la opinión de las víctimas y tampoco se ajustó a las medidas de prevención requeridas para una persona condenada por este tipo de delitos violentos. Asimismo, la existencia de imputaciones por otros delitos, constituye una evidencia de la negligencia en el control que debía de existir desde el juzgado al cumplimiento de las condiciones impuestas, ya que dicha medida no fue revocada y excedió el plazo de 18 meses, lo que fue facilitado al “extraviar” el expediente. Finalmente, debe condenarse la omisión del deber de atención prioritaria a los casos de menores desaparecidas, donde las autoridades no actuaron de manera oportuna por argumentos que tienen un trasfondo de género, al suponer que las mismas, habían fugado de sus hogares con sus novios o promovido “auto secuestros”[1], perdiendo tiempo valioso para encontrarlas con vida, y, permitiendo a través de estas cuestionables decisiones, que este agresor cometa otros ilícitos contra niñas y adolescentes.
Las cifras oficiales de hechos de violencia, son la evidencia de que Bolivia cada vez es un país más peligroso para las mujeres, considerando que en 2021 la Fiscalía General del Estado registró a nivel nacional 45.174 denuncias por delitos vinculados a la Ley N° 348, ello representa un promedio de 123 casos por día, así como un total de 107 feminicidios en la misma gestión, lo que significa que cada tres días muere una mujer por causas relacionadas a la violencia machista. La mayoría de estos casos espera una condena.
Hacemos un firme llamado de atención a las autoridades del Estado, porque el evidente incremento de la violencia machista y la impunidad emergente de las falencias estructurales en las instancias llamadas a intervenir no puede continuar, ya que las mujeres tenemos el derecho a vivir libres de violencia y obtener respuestas oportunas y eficientes de nuestras autoridades. En este contexto, las instituciones y activistas firmantes:
EXIGIMOS al Estado cumplir con los compromisos de fortalecer y ampliar la cobertura de los servicios de atención, investigación, sanción y reparación de los hechos de violencia y la instauración de juzgados especializados y exclusivos en materia de violencia, considerando que, en casi nueve (9) años de la promulgación de la ley N° 348, sólo se han instaurado 27 en todo el país.
EXHORTAMOS al Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana, asumir medidas de protección para las víctimas y sus familias en los procesos penales vinculados a la Ley N° 348, considerando que ni la mora procesal, ni las dificultades materiales, excluyen a las autoridades de asumir acciones para aliviar la situación de las personas en proceso de buscar justicia y su deber de realizar la búsqueda de mujeres desaparecidas en un contexto de violencia como en el que vive nuestro país.
SOLICITAMOS a estas instancias que, en la adopción de medidas cautelares y la cesación de las mismas, en casos de violencia en razón de género, se adopte una perspectiva de género, analizando los riesgos para las víctimas y, en general para las mujeres, considerando el perfil psicológico del agresor, su conducta anterior y posterior a la comisión del delito, conforme a los criterios señalados en la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 394/2018-S2.
PEDIMOS a las autoridades del Consejo de la Magistratura y Ministerio Público conformar una comisión especial para desarrollar auditorías jurídicas imparciales no sólo de este caso sino de otros similares que se han venido denunciando, con el fin de auditar las actuaciones judiciales y de la fiscalía a fin de proseguir con las acciones legales en contra de todos los responsables hasta la determinación de las sanciones correspondientes.
INSTAMOS a los Órganos Ejecutivo y Legislativo a cumplir con la reforma a la Ley N° 348, recordando que ha pasado más de un año desde el anuncio del proceso de consulta y promoción de esta reforma, que debe venir acompañada de los recursos suficientes para su implementación y cambios procesales que hagan accesible la justicia en tiempos razonables.
RECORDAMOS que el Estado aún tiene pendiente la misión de garantizar a las niñas y mujeres una vida libre de violencia, por lo que la sociedad civil organizada continuará vigilante interpelando a todas las instancias necesarias hasta alcanzar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Bolivia 28 de enero de 2022
Redes, organizaciones y plataformas
Acción por los Derechos Humanos – Activistas en acción – ADESPROC LIBERTAD – Alianza por la Solidaridad – Alianza de Defensoras y Defensores de DDHH de Tarija – AMUPEI – Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre Bolivia – Asociación Aguayo – Asociación Civil Equidad LGBTI Oruro – Asociación con Alas propias – ASCAP – Asociación de Familias Adoptivas de Cochabamba – Asociación de Gestoras Comunitarias en Derechos de Tarija – Asociación de Gestoras Comunitarias en Derechos de Tarija – Asociación de Víctimas de la Justicia de Potosí – Asociación Jach’a Uru – ASONGs Cochabamba – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – Casa de la Mujer – Católicas por el Derecho a Decidir-Bolivia – CEADL – CEDIM YACUIBA – Centro de Orientación y Tratamiento Techo Pinardi – Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza – Centro Juana Azurduy – Centro YachayWasi – CEPROSI – Ciudadanía – Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – CLADEM Bolivia – COALIBOL LGBTI+ – Colectivo Angirü – Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Cochabamba – Colectivo de Derechos Humanos Empodérate – Colectivo GLBT del Sur – Colectivo Rebeldía – Colectivo TLGB Potosí – Comité de Derechos y Justicia del Beni – Comité de Derechos y Justicia Promotoras Unidas contra la violencia – Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales y de Género de La Paz – Coordinadora de la Mujer – Coordinadora LGTBIQ+ Cochabamba – ECAM – El Observatorio de los derechos LGBTI+ – Encuentro Social Alternativo – Fundación ALALAY – Fundación Colectivo Cabildeo – Fundación Defensa de la Vejez Trabajadora – Fundación Esperanza Desarrollo y Dignidad – Fundación Igualdad LGBT – Fundación IVI Maraei – Fundación La Paz – Fundación Levántate Mujer – IGUAL – Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular – INDICEP – Instituto de Terapia e Investigación – ITEI – Internet Bolivia – IPAS – Justicia para todos – LIDER – MEPB – Movimiento de justicia Socioambiental Tarija – Mujeres en Acción – Mujeres Trans Potosí – MUSUQ ÑAN – Nada Humano me es Ajeno – Ni Una Menos – Santa Cruz – Observatorio de Derechos – Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres – Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos Humanos – Oficina Jurídica para la Mujer – ONG Realidades – OTN-B – Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos – Plataforma de Investigación y Formación Especializada – Plataforma de lucha contra la Violencia hacia las Mujeres – Santa Cruz – Plataforma por los Derechos Humanos Santa Cruz – Promotoras Comunitarias en Prevención de la Violencia en Razón de Género -Psinergia – Radio San Simón – Red Ada – Red Ada filial Beni – Red Ciudadana De Prevención Del Infanticidio – Red contra la violencia a mujeres – Tarija – Red contra la Violencia de las mujeres en Cochabamba – Red Habitat – Reserva Humanitaria – Sociedad San José – Somos Sur – T. S. Independientes Potosí – TdH Suiza – Veeduría ciudadana de los Derechos Humanos – Red de Difusoras de Leyes y Derechos – Asociación AGUAYO – Bolivia Internet
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Ana María de la Fuente CI. 829640 CB. – Ana María Salas Cáceres CI. 10332843 CH. – Ana Paola Garcia Villagómez CI. 5858328 SC. – Bertha Pooley CI. 2465544 LP – Betty Pinto CI. 2285182 – Camila Patricia Alvarez Cartagena CI. 5811399 TJ. – Carla Jenny López Lezano CI. 5659624 CH. – Daniela Guzman Rivero CI. 1907437 BE. – Erika Camacho Guzmán CI. 3589640-1 CB. – Erika Meneses Aguilera CI. 3932279 SC. – Eva Esther Morales CI. 3580653 – Feliza Velarde Ojeda CI. 4584555 SC. – Gabriela Sauma CI. 1141126 CH. – Grethel Ruiz Casso CI. 3448953 LP. – Gretzel Brozovich S. CI. 2712619 LP. – Guadalupe Pérez CI. 13049717 SC. – Hugo Eduardo Maraz CI. 4120489 TJ. – Jacqueline Delmira Garrido Cortés Villazon CI. 2877397 CB. – Janeth del Rocío Torrez CI. 2638880 LP. – Jimena Freitas O. CI. 488361 LP. – Juan Carlos Balderas Gamarra CI. 1037752 CH. – Julieta Montaño CI. 771431 – Laura Padilla Yapura CI. 12414914 SC. – Lizeth Estrada CI. 4845652 LP. – Magaly Arancibia Aceituno CI. 7503102 CH. – Marcelino Higueras Saavedra CI. 7476314 CH. – Marco Mendoza CI. 1662064 TJ. – María Adela Zamora Urioste CI. 2340354 LP – María Amparo Aliaga Bruch CI. 147372 LP. – María Carmiña Galarza CI. 2445716 LP – María Elena Attard CI. 4016979 PT. – María Elena Burgos Palacios CI. 1335410 PT. – MariaEsther Nacho CI. 6176002 LP. – Mariel Paz Ramírez CI. 1845745 – Mariela Ortiz CI. 5960466 LP. – Maritza Valdez Sánchez CI. 3656373 – Moira Rimassa Paz CI. 986526 CB. – Morgan Colque Campos CI. 8522872 PO. – Ninoska Flores Loza CI. 5203284 CB. – Pamela Ríos Mostacedo CI. 7521332 CH. – Patricia Telleria CI. 348343 LP. – Tahi Abrego Marin CI. 3625097 CH. – Vicenta Patricia Chocllu Quispe CI. 5630239 CH. – Willmer Marcelo Galarza Mendoza CI. 2603882 LP. – Ximena Viscarra CI. 2057314 – Francisca Gladys Achá Tarqui CI. 2641537 LP. – Martha Marca Añamuro CI. 3479626 – Magaly Iriarte G. CI. 2945273 SC. – Mercedes Noza Moreno CI. 1737737 BE. – Isabel Peredo Canedo CI. 3822854 SC. – Guido España CI. 1093179 – Rita Poma Laime, CI. 2694378 LP. – José Ros Izquierdo CI. 1023527 CH. – Gerardo Burgos Lino CI. 2814569 SC. – Adalid Montaño Echalar CI. 1057856 CH.
[1] Correo del Sur (27.01.2022). Decían que se había ido con su novio: madre de la víctima del psicópata cuestiona a la policía y Fiscalía. Disponible en línea: https://correodelsur.com/seguridad/20220127_decian-que-se-habia-ido-con-su-novio-madre-de-victima-del-psicopata-cuestiona-a-la-policia-y-la-fiscalia.html