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PRONUNCIAMIENTO: Justicia y Derechos Humanos, la sociedad civil rechaza cualquier intento de Reforma Regresiva al Sistema Penal para Adolescentes en Bolivia

Organizaciones y redes de la sociedad civil organizada, manifiestan preocupación ante la discusión pública orientada a reformar el Sistema Penal para Adolescentes para elevar las sanciones, misma que emerge en respuesta a recientes delitos que tuvieron un alto impacto mediático.

En este sentido, debe recordarse que el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes es fruto de muchos años de investigación y trabajo, en los que el Estado dio cumplimiento a sus compromisos en materia de derechos humanos y las recomendaciones de organismos internacionales. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40.3 obliga a los Estados Parte a tomar todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para personas menores de edad de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes. Con ello, se instaura el principio de especificidad y especialidad en dicho Sistema, cuya materialización resulta ser, la Ley 548 de 14 de julio de 2014, Código Niña Niño y Adolescente (CNNA).

Ello permitió un cambio de paradigma, donde las y los adolescentes con responsabilidad penal son considerados sujetos de derechos y obligaciones, estas últimas ejercidas a través de enfoque restaurativo que va más allá de la atenuación de las sanciones, puesto que permite programas que promueven la responsabilidad frente al hecho, la reparación del daño, la reintegración social y la satisfacción de las necesidades de la víctima para la restitución de sus derechos.

Este abordaje institucional y los procesos antes mencionados generan tres resultados favorables a los derechos humanos y la seguridad ciudadana: i) Posibilitan que el Estado en todos sus niveles asuma su responsabilidad de otorgar garantías reforzadas y proteger los derechos de esta población prioritaria, ii) Permiten una reparación adecuada del daño y la comprensión de las causas de la conducta del o la adolescente, iii) Permiten prevenir la reincidencia y reducir su tasa de ocurrencia. Por los avances mencionados, no es posible condenar a todo un sistema con base en estos casos, y especialmente, sin base en evidencia suficiente (estadísticas, diagnósticos, informes oficiales, etc.).

Por el contrario, para superar los retos pendientes para una implementación plena de la norma, deben reforzarse las medidas y políticas públicas que garanticen la institucionalización de los cargos en las instancias llamadas a intervenir, incrementar los recursos financieros asignados, mejorar la especialización de los servicios, garantizar espacios físicos adecuados que atienden a la dignidad de las personas; implementar programas de prevención de las violencias; reforzar los programas de post–egreso, programas de atención a adolescentes con trastornos mentales patológicos, programas para adolescentes que han cometido agresiones sexuales; socializar los alcances de la Justicia Restaurativa y sensibilizar a la sociedad, entre otros aspectos.

Motivo por el que, bajo los antecedentes expuestos, enfatizamos que es responsabilidad del Estado desde los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Regionales y Municipales el estricto cumplimiento de los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa nacional. En ese marco:

  • DEMANDAMOS al Estado, garantice los recursos económicos y humanos necesarios para garantizar la especialidad en la atención dirigida hacia adolescentes con responsabilidad penal.
  • EXIGIMOS el diseño y la implementación de programas especializados en el Sistema Penal para Adolescentes, cuyo alcance identifique las necesidades       post-egreso que respondan al fortalecimiento de los procesos de reintegración social.
  • SOLICITAMOS la creación e institucionalización de programas donde puedan ser rehabilitadas las y los adolescentes y jóvenes, cuyas condiciones mentales sean diagnosticadas como trastornos psiquiátricos.
  • PEDIMOS a la opinión pública no condenar un Sistema, cuyo progreso es mérito de profesionales de diversas disciplinas, servidores públicos especializados, adolescentes, víctimas, familias y comunidad que buscan cambiar el paradigma de delito-castigo por daño-reparación; y,
  • COMUNICAMOS la intención de la sociedad civil boliviana de continuar apoyando en la implementación de un sistema especial y especializado y constituir una veeduría ciudadana en el marco de los derechos de participación y control social garantizados por la legislación constitucional y las normas orgánicas que rigen la administración pública, para promover el fortalecimiento del Sistema Penal para Adolescentes en el país.

Instituciones, Redes y Colectivos 

Fundación IVI MARAEI – Fundación TUTATOR – Fundación CONSTRUIR – Progettomondo MLAL – ONG
Realidades – Centro Yachaywasi – Coordinadora de la Mujer – Comunidad de Derechos Humanos – CLADEM
Bolivia – Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos – Plataforma de Investigación
y Formación Especializada – Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE – Colectivo de voluntariado juvenil
EMPODERATE – Aldeas SOS Potosí – Visión Mundial Bolivia – CANNOT´STOP Potosí – ONG Ayninakuna –
Asociación de jóvenes ex niños, niñas y adolescentes Trabajadores AJOENATS – TS Potosí – Monvimiento Trans
Feminista de Bolivia – Coordinadora LGBTIQ+ Cochabamba – Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI
Bolivia – Colectivo Angirü – Instiuto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortuta y la Violencia de
Estado – ITEI – Centro Fortaleza – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Centro de Orientación y
Tratamiento Techo Pinardi – Oficina Jurídica para la Mujer – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo – Universidad NUR – Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad – OTN – Bolivia –
SEDEGES Chuquisaca – Nada Humano me es Ajeno – Asociación Derechos en Acción – Dirección de Igualdad de
Oportunidades del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca – Sociedad científica de estudiantes de
derecho de la universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca – Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia – Fundación La Paz – Alianza por la Niñez de Potosì – Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local –
ASONGS – Centro de Investigaciòn para el Desarrollo Socioeconómico CEINDES – Observatorio de Derechos
Humanos – Red Contra el Infanticidio – Fundación Levántate Mujer – Fundación Restaurativa – Proyecto Justicia
restaurativa y Capacitación y Derechos Ciudadanos – CDC.

Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 

María Chantal Cuellar CI. 9507205 CBA – Ninoska Flores Loza CI. 5203284 CBA – Willmer Marcelo Galarza
Mendoza CI. 2603882 LP – Sonia Soto Rios CI. 452917 TJ – Marco Antonio Mendoza 1662064 TJ – Torrez CI.
2638880 LP – Kathia Saucedo 3187196 SC – Gabriela Sauma 1141126 CH – María Elena Attard 4016979 PT –
Marcelo Claros 3323719 LP – Carmen Mary Navarro CI. 1143056 CH. – Carmen Elizabeth Bravo Molina
1381325 PT.- Patricia Serrudo 1094144 CH- Ana María de la Fuente CI. 829640 CBA, Janeth del Rocío Torrez
CI 2638880 LP.

Bolivia, 28 de septiembre de 2021

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