La Comisión Mixta de Constitución solicitará al Ministerio de Economía un presupuesto adicional de Bs 830.723,8 para encargarse del proceso de preselección de los candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
No tener militancia en ninguna organización política al momento de su postulación, haber cumplido con los deberes militares (sólo varones), no tener sentencia condenatoria ejecutoriada y hablar al menos dos idiomas oficiales del país son algunos de los requisitos que los postulantes deben tener para acceder a los altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.
El ‘arcismo’ reiteró que ya no hace falta tratar el cese de los prorrogados.
El presidente Luis Arce promulgó ayer la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. En el acto, arropado por organizaciones sociales afines y funcionarios, el mandatario expresó su rechazo a los bloqueos y consideró que esa medida de presión buscaba su “cabeza”.
La ley actual se consensuó luego de un bloqueo de casi dos semanas del ala “evista”, que exigía la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorroga.
“Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán: desgastar, venir por la cabeza del Presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente que es el objetivo no se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se no se puede ahorcar Ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares”, dijo Arce.
“Sacrificio del pueblo”
En tanto, el expresidente Evo Morales en sus redes sociales dijo que “gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales, bajo el liderazgo del movimiento indígena y la unidad del pueblo boliviano, se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas”.
Según Morales, el Gobierno no tiene la intención de devolverle a Bolivia la institucionalidad de los poderes del Estado, “su plan es todavía violar la Constitución Política del Estado para prorrogarse en el poder a cualquier precio, incluso atentando contra la democracia y las libertades”, escribió en la red X.
Reproches
En su discurso, Arce reprochó los perjuicios económicos de los bloqueos del ala “evista”, porque considera que sólo buscaban intereses personales y desgastar al Gobierno.
El Presidente denunció que las medidas de presión causaron un daño de mil millones de dólares, además de problemas como el tránsito de las cisternas.
Rechazó que se utilice las elecciones judiciales para sacrificar al pueblo y darle una puñalada a la economía”. “Es absolutamente insensible, más aún cuando todo el pueblo boliviano sabe que la motivación fue política para satisfacer la ambición personal de poder”, aseveró.
Críticas
En el acto, se pronunciaron legisladores “arcistas” como el diputado Juan José Jaúregui, a quien “evistas” y opositores acusan de ser el principal obstaculizador de las elecciones judiciales, con actitudes como haber remitido una proyecto de ley anterior ante los altos tribunales para su consulta.
Jáuregui acusó a las otras bancadas de tener un contubernio y de haber promovido leyes que tenían elementos inconstitucionales para convocar a elecciones judiciales.
Aseguró que estas elecciones no son “producto de la imposición de los bloqueos” ni de la imposición del bloque radical, sino “producto del mandato de nuestro presidente Lucho”.
El proceso electoral tendrá dos etapas
La disposición Quinta I de la nueva ley señala que la elección tiene dos etapas: el proceso de preselección y el proceso de elección. Los plazos serán de acuerdo a la Ley 026 de Régimen Electoral.
“La postulación y preselección tendrá una duración de hasta 80 días calendario”, dice la norma; mientras que “la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta 150 días calendario”.
Asimismo, precisa en el parágrafo III que el “Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente ley”.
El proyecto 144 de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales, consensuado por las tres fuerzas políticas, prevé un plazo máximo de 230 días para tener nuevas autoridades judiciales, un mayor peso de la meritocracia y la votación de 2/3 de los legisladores en todas sus etapas.
El documento será tratado este lunes desde las 18:00 en la Cámara de Diputados, tras el acuerdo alcanzado el viernes en la comisión bicameral, que se reunió en medio de presiones por los bloqueos de sectores “evistas” en las carreteras.
El documento señala que “la postulación y preselección de postulantes, tendrá una duración de hasta ochenta (80) días calendario. La organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta ciento cincuenta (150) días calendario”.
Otro detalle importante es que el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “con el voto de dos tercios del total de los presentes, aprobará los informes finales de cada comisión de manera completa, integral e indivisible elevados por la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”, señala el documento.
Este punto era uno de los obstáculos para la aprobación de las elecciones el año pasado, e incluso fue objeto de observación constitucional.
El jefe de bancada del Movimiento A Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, explicó que este lunes se aprobará el proyecto consensuado y se lo remitirá a
Senadores, para que lo sancione el martes. Posteriormente, el documento será enviado al presidente Luis Arce, “quien ha prometido aprobar inmediatamente esa ley”.
Durante la preselección de los candidatos judiciales la meritocracia será un elemento central a tomarse en cuenta en el Legislativo, para contar con los mejores profesionales, afirmó.
Hasta 30 puntos se calificará las maestrías, hasta 40 los doctorados, la experiencia profesional y otros aspectos tendrán una valoración que sumados llegarán a 200 puntos.
Solo aquellos que lleguen a sumar 130 puntos podrán pasar la preselección que estará a cargo de la comisión mixta de Justicia y Constitución.
La norma también prevé transparencia bajo la forma de observaciones civiles o sociales, entre otras.
El MAS, entre ellos los evistas, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) acordaron el viernes llevar adelante las elecciones judiciales y aprobar créditos externos en medio de un bloqueo de caminos de evistas que dejó cuatro muertos, pérdidas económicas por $us 1.000 millones.
El secretario de Justicia y Trabajo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Daniel Cáceres, lamentó el estancamiento de la Justicia Indígena Originaria Campesina por la falta de funcionarios que conozcan este concepto para poder impulsarlo. Dijo que esto se debe a que funcionarios que tienen que ver con el tema solo piensan en cobrar el sueldo luego de haber llegado al cargo de manera irregular.
«Los dirigentes ponen en los ministerios y viceministerios a gente a costa de dinero, y ellos están ahí porque han pagado plata a los dirigentes, seguramente, no hacen nada porque sienten haber comprado su cargo, ni siquiera hacen su informe, ni coordinan, solamente están ahí por sueldo, nada más», dijo Cáceres a ANF.
Indicó que el hecho de que no existan avances en el tema de la justicia indígena se debe a que quien debería encargarse del tema no conoce ni el significado.
En el estudio presentado por la CPILAP, se determinó que la media de concentración de mercurio en las personas evaluadas es de 4 ppm.
El TSE solicitó al Ministerio de Economía 183 millones de bolivianos para la organización de las elecciones judiciales.
El plazo para la presentación de postulaciones en la Comisión Mixta de la ALB fenece dentro de una semana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este lunes su visita oficial «in loco» al país y aseguró que escuchará «todas las voces».