De acuerdo con el calendario oficial de audiencias públicas publicado por la CIDH, el caso de Bolivia se abordará de oficio, es decir, por iniciativa de la propia comisión.
El titular del Consejo informó que también se reactivaron procesos penales contra jueces investigados por presuntos delitos de prevaricato, que permanecían inactivos desde gestiones anteriores.
El ministro de Justicia señala como responsables del fracaso a los legisladores; estos, incluidos los arcistas, señalan a Lima como el saboteador.
Aunque la Asamblea informó que recibieron una nota de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para informar sobre el fallido proceso de preselección de candidatos a magistrados; este martes el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó la realización de una audiencia el viernes 5 de julio, y la visita del relator de esta organización para los días 7 y 8 de agosto próximo.
“El 5 de julio tenemos una reunión virtual entre la CIDH y la Asamblea, porque la institucionalidad internacional ha identificado que el problema es la Asamblea; luego el 7 y 8 de agosto ya viene la CIDH en visita del relator país de Bolivia y de otros miembros de la comisión para reunirse con la Asamblea”, informó el ministro Lima en radio Éxito.
En la sesión de la comisión mixta de Constitución del 29 de mayo, se leyó una nota de ese organismo multilateral, en el que se pedía información de todo el proceso y las dificultades que atravesaron a lo largo de este tiempo.
Cinco peticiones puntuales
1.- Una tabla que sume todas las acciones de defensa del proceso de elecciones judiciales que se encuentran actualmente en trámite.
2.- Una tabla que se sume las demandas constitucionales contra el proceso que se encuentran en trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
3.- Informes del Órgano Legislativo, a través de la Asamblea, por el estado actual del proceso y las etapas que deben cumplirse.
4.- Reglamentos de trabajo de las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa encargadas del proceso de preselección de candidaturas para las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional.
5.- Listado de las organizaciones que estén acreditadas para participar en el proceso de preselección en calidad de veedores, nacionales e internacionales
Son 15 meses que el Estado boliviano no puede cumplir con el mandato constitucional de elegir magistrados, lo que ocasionó la observación de los organismos multilaterales como los tribunales internacionales. En febrero de este año el Presidente del Estado, Luis Arce, dijo que a la población no le interesa las elecciones judiciales.
Este martes el ministro responsabilizó enteramente a la Asamblea por no cumplir ese mandato y señaló a los dos presidentes de las comisiones mixtas, Miguel Rejas y Roberto Padilla como los principales responsables.
“Aquí los responsables de lo que ha ocurrido y los que van a rendir cuentas, porque esto es una grave distorsión que han provocado, son los miembros de la Asamblea Legislativa, entonces la solución que ha planteado el Tribunal Constitucional Plurinacional y que el país habla como autoprórroga es una situación que ha sido evaluada no solamente en Bolivia, la está evaluando y la está viendo la Relatora de Independencia Judicial de Naciones Unidas, el sistema interamericano de Derechos Humanos”, alertó Lima.
Sin embargo, los legisladores, incluso los de la bancada arcista como el diputado Froilán Mamani señalan precisamente al ministro Iván Lima como el principal autor de todo el caos generado y a su “operador”, el diputado Juan José Jauregui. La senadora Patricia Arce lo señaló directamente y le recordó que durante 2023 cuando ya el procedo debía marchar, Jauregui le recordaba que cada paso que dieran como comisión debía ser de conocimiento del ministro Lima.
En la evaluación de méritos se tomarán tres criterios: experiencia profesional, formación académica y producción intelectual.
La Cámara de Senadores aprobó este martes la Ley 144 Transitoria de las Elecciones Judiciales, que fue promulgada en esta misma jornada por el presidente Luis Arce Catacora, por lo que ahora la Asamblea Legislativa tiene 80 días para elegir y definir la lista de los mejores y más idóneos postulantes a magistrados del Órgano Judicial, informó la senadora Virginia Velasco Condori.
De acuerdo con la legisladora, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe por dos tercios de votos la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 150 días para la realización de las elecciones judiciales.
“Hemos aprobado la Ley 144 para viabilizar las elecciones judiciales y estas contemplen a los mejores candidatos, los más idóneos y meritocráticos que serán evaluados y aprobados en el Legislativo. Pero lo que tenemos que lamentar es que, por la ambición y los intereses del ‘jefazo’ (Evo Morales), se ha ocasionado daños irreparables no solo a la economía del país, a los empresarios, a los productores, a los gremialistas, más aún cuando estamos a vísperas de carnavales, donde el comercio es muy alto”, dijo Velasco.
En ese marco, la senadora explicó que el proceso de preselección de los postulantes estará a cargo de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia del Legislativo, acompañados por veedurías internacionales y nacionales. Estas remitirán sus informes al pleno de la Asamblea Legislativa. El plazo para todas las fases de la preselección es de 80 días, conforme el siguiente detalle:
a) Publicación de la Convocatoria (3 días).
b) Presentación de postulaciones (20 días).
c) Verificación de requisitos habilitantes generales y específicos (5 días).
d) Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (2 días).
e) Presentación de impugnaciones (5 días).
f) Resolución de impugnaciones (5 días).
g) Presentación del Recurso de Revisión (5 días)
h) Resolución del Recurso de Revisión (5 días)
i) Publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día)
j) Evaluación de méritos (14 días).
k) Aprobación de los Informes de Preselección y remisión al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (5 días).
l) Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los Informes de las Comisiones Mixtas (hasta 8 días).
“Los requisitos para la presentación de postulantes estarán acorde a la Constitución, la Ley 025 y la Ley 027, demostrando idoneidad para el cargo. En caso de inhabilitación por incumplimiento de requisitos, las y los postulantes tienen el derecho de interponer una impugnación y un recurso de revisión. Se tendrá dos criterios para la preselección, ambos sobre 100 puntos, haciendo un total de 200 puntos calificables: Por lo que habrá una evaluación de méritos y un examen con preguntas escritas y respuestas orales”, dijo Velasco.
En la evaluación de méritos se tomarán tres criterios: experiencia profesional, formación académica y producción intelectual, conforme lo siguiente: Examen de preguntas escritas y respuestas orales, 5 preguntas elaboradas por universidades, colegios de abogados y escuelas de jueces. Por lo que para ingresar a la preselección los postulantes deben tener un mínimo de 130 puntos, señaló.
Explicó, que en la modalidad de la votación, se establece que las Comisión Mixta de Constitución enviará en su informe mínimo de 36 postulantes y una máximo de 72 para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, y la Comisión Mixta de Justicia enviará un mínimo de 14 y máximo de 28 postulantes para Tribunal Agroambiental y un mínimo de 10 y máximo de 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura. Es así que “la votación en la Asamblea contemplará a todas y todos los candidatos enviados en los informes de las comisiones mixtas para que ingresen a la papeleta”.
La norma, que garantiza las elecciones judiciales, fue promulgada al finalizar la tarde de este martes, por el presidente, Luis Arce.
Después de la promulgación de la Ley 144 de Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce afirmó este martes que las “elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural”, que tiene la “justicia boliviana”, porque a la población litigante no le interesa quién es el magistrado, sino que su caso se agilice.
“Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana, porque a las hermanas y a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado, les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía”, dijo el mandatario.
Junto al vicepresidente David Choquehuanca, Arce promulgó la tarde de este martes la Ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” ante organizaciones sociales y legisladores arcistas en la Casa Grande del Pueblo, y en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y más de mil millones de dólares de pérdidas en 16 días de interrupción caminera.
Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero, después de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.
Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.
“El trabajo de nuestra banca (arcistas del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, agradeció ‘al pueblo y a los sectores movilizados’ el haber logrado la aprobación de la ley para las elecciones judiciales este martes.
La misma fue aprobada esta jornada por la Cámara de Senadores y enviada al Ejecutivo para su promulgación; a lo cual el presidente Luis Arce respondió que lo hará ‘hoy mismo’.
“Logramos (sancionar la ley) gracias al esfuerzo conjunto de la Cámara de Senadores, a la voluntad predispuesta de estos asambleístas, pero fundamentalmente gracias al pueblo boliviano y a nuestros sectores movilizados en las carreteras que han exigido el cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE)”, expresó.
AUTOPRORROGADOS También pidió al presidente de Diputados convocar a sesión para tratar los proyectos de ley 073 y 075, que se refieren precisamente al cese de funciones de los magistrados.
“Estamos pidiendo a la Cámara de Diputados agendar de manera inmediata la sesión para el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075”, dijo.
El bloqueo evista cumple 16 días de estar en carreteras, exige la aprobación del proyecto de ley para las judiciales y la renuncia de los magistrados prorrogados en sus cargos.
MOVILIZACIONES También pidió a los sectores movilizados estar vigilantes hasta el cumplimiento de la norma.
“Frente al objetivo cumplido que es la aprobación y sanción, también exhortar a nuestras hermanas y hermanos que todavía se encuentran en algunos sectores movilizados a levantar con una firme posición de estar vigilantes hasta el cumplimiento efectivo de estar norma que es la preselección y elecciones judiciales”, sostuvo.
Después de que se sancionó y promulgó ayer la Ley de las Elecciones Judiciales, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez exigió a la Cámara de Diputados tratar “a la brevedad” los proyectos de Ley 073 y 075 (aprobados en la Cámara Alta) con el objetivo de frenar la autoprórroga de los magistrados del Órgano Judicial. Sin embargo, no fue tratada por Diputados.
Tampoco está programado para hoy el tratamiento de las leyes antiprórroga. El diputado Marcelo Pedrazas publicó en sus redes la agenda para hoy en Diputados y sólo figura “trabajo en comisiones”. El asambleísta cuestionó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cumpla su promesa.
Fin de mandato
Los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura concluían su gestión el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, el TCP dispuso la ampliación de su mandato hasta la realización de las elecciones judiciales.
Rodríguez afirmó que, si hubiese existido “voluntad política” en su momento, se habría podido convocar a las elecciones judiciales en 2023 —como estaba previsto— y así evitar la prórroga de los actuales magistrados y consejeros.
En tanto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos dijo en declaraciones a los medios que el Gobierno debe cumplir el acuerdo para viabilizar las judiciales, “sacar a sus magistrados autoprorrogados” si quiere la aprobación de los proyectos le ley de contratos de préstamos por más de 704 millones de dólares.
La legisladora dijo que el MAS está acostumbrado a hacer “trampas”. “El Gobierno tiene la mala manía de jugar con trampas”, sostuvo ante la posibilidad de que esto suceda al cumplir el acuerdo suscrito entre las fuerzas políticas en la Vicepresidencia, la pasada semana.
Compromiso
Los partidos en la Asamblea Legislativa acordaron la pasada semana también debatir los proyectos de ley 075 y 073 sobre la cesación de funciones y la suspensión de plazos procesales.
El diputado Jerges Mercado, del ala arcista del MAS, afirmó que no hay consenso para echar a los magistrados que se prorrogaron en diciembre de 2023.
El presidente Luis Arce promulgó ayer la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. En el acto, arropado por organizaciones sociales afines y funcionarios, el mandatario expresó su rechazo a los bloqueos y consideró que esa medida de presión buscaba su “cabeza”.
La ley actual se consensuó luego de un bloqueo de casi dos semanas del ala “evista”, que exigía la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorroga.
“Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán: desgastar, venir por la cabeza del Presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente que es el objetivo no se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se no se puede ahorcar Ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares”, dijo Arce.
“Sacrificio del pueblo”
En tanto, el expresidente Evo Morales en sus redes sociales dijo que “gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales, bajo el liderazgo del movimiento indígena y la unidad del pueblo boliviano, se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas”.
Según Morales, el Gobierno no tiene la intención de devolverle a Bolivia la institucionalidad de los poderes del Estado, “su plan es todavía violar la Constitución Política del Estado para prorrogarse en el poder a cualquier precio, incluso atentando contra la democracia y las libertades”, escribió en la red X.
Reproches
En su discurso, Arce reprochó los perjuicios económicos de los bloqueos del ala “evista”, porque considera que sólo buscaban intereses personales y desgastar al Gobierno.
El Presidente denunció que las medidas de presión causaron un daño de mil millones de dólares, además de problemas como el tránsito de las cisternas.
Rechazó que se utilice las elecciones judiciales para sacrificar al pueblo y darle una puñalada a la economía”. “Es absolutamente insensible, más aún cuando todo el pueblo boliviano sabe que la motivación fue política para satisfacer la ambición personal de poder”, aseveró.
Críticas
En el acto, se pronunciaron legisladores “arcistas” como el diputado Juan José Jaúregui, a quien “evistas” y opositores acusan de ser el principal obstaculizador de las elecciones judiciales, con actitudes como haber remitido una proyecto de ley anterior ante los altos tribunales para su consulta.
Jáuregui acusó a las otras bancadas de tener un contubernio y de haber promovido leyes que tenían elementos inconstitucionales para convocar a elecciones judiciales.
Aseguró que estas elecciones no son “producto de la imposición de los bloqueos” ni de la imposición del bloque radical, sino “producto del mandato de nuestro presidente Lucho”.
El proceso electoral tendrá dos etapas
La disposición Quinta I de la nueva ley señala que la elección tiene dos etapas: el proceso de preselección y el proceso de elección. Los plazos serán de acuerdo a la Ley 026 de Régimen Electoral.
“La postulación y preselección tendrá una duración de hasta 80 días calendario”, dice la norma; mientras que “la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta 150 días calendario”.
Asimismo, precisa en el parágrafo III que el “Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente ley”.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó este viernes el acuerdo arribado por la Comisión Bicameral y Multipartidaria conformada por las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir el rumbo de las elecciones judiciales.
“Destacamos el acuerdo arribado en la ALP para llevar adelante las Elecciones Judiciales como muestra del respeto a los Derechos humanos. Exhortamos a los movilizados a efectivizar una pausa solidaria en bloqueos”, escribió la autoridad en sus cuentas de redes sociales.
Según el acuerdo, el 5 de febrero, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley 144/2023 hasta aprobarla y al día siguiente hará lo propio el Senado y luego será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En la víspera, el Defensor del Pueblo alertó sobre “un peligroso agravamiento de la conflictividad en el país”, mismo que está afectando los derechos de la población desde el 22 de enero cuando comenzaron los bloqueos en varias partes del país.
En ese sentido exigió al Estado y los actores políticos involucrados a que “agoten el diálogo y resuelvan este conflicto como único camino de solución”.
Desde que se instalaron los bloqueos en Oruro, Cochabamba, Potosí y La Paz, la Defensoría del Pueblo dispuso profesionales defensoriales de las 21 oficinas en los puntos de conflicto para atender posibles vulneraciones de derechos, tanto de los terceros afectados, con prioridad personas en situación de vulnerabilidad, así como los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta pacífica. //ag