El Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD) de la Defensoría del Pueblo identificó y documentó 30 hechos relevantes relacionados con vulneraciones de derechos, expresiones de racismo y discriminación, actos de violencia y manifestaciones de discurso de odio en el actual contexto electoral.
Coordinadora de la Mujer pide sancionar el acoso político que sufren candidatas de distintos frentes
En particular en cinco casos que consideran emblemáticos: Eva Copa, Mariana Prado, Susana Bejarano, Toribia Lero y Karla Robledo.
Es el segundo ataque a un partido en medio de la campaña en las últimas 48 horas. El candidato de APB- Súmate denunció el hecho por redes sociales.
La región de mayor preocupación está en el Trópico de Cochabamba, bastión político de Evo Morales, quien está autoconfinado en Lauca Ñ, para evitar ser aprehendido por un proceso penal pendiente.
Ante la falta de consensos para la aprobación de créditos internacionales y el tratamiento de proyectos de ley contra la prorroga judicial, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, sostuvo que los acuerdos alcanzados por la “Comisión Bicameral Multipartidaria” fracasaron, realidad que impide a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) avanzar en otros temas que le competen.
“Sin duda se puede decir que ha habido un fracaso del acuerdo alcanzado en la Vicepresidencia, pero eso es culpa del actual Gobierno al no cumplir dicho pacto. Las fechas señalaban un tiempo entre el 5 y el 9 de febrero, ya se ha sobrepasado ese lapso y ha quedado demostrada la falta de interés en encontrar salidas a este tema”, dijo Astorga en conferencia de prensa.
Señaló además que, desde la oposición se mantendrá la posición de no viabilizar ningún crédito que llegue desde el Ejecutivo, mientras no se elimine la “autoprorroga” dispuesta por el TCP en favor de Magistrados en el Órgano Judicial.
Por ello, Astorga apuntó al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por no convocar a sesiones de esta instancia con la finalidad de tratar los proyectos de ley aprobados anteriormente en el Senado para terminar con la prorroga judicial.
Asimismo, adelantó que mientras no se avance en esos temas, el trabajo de la Asamblea Legislativa quedará estancado y no se podrán realizar sesiones absolutamente de nada, “si no quieren que exista un empantanamiento en el Parlamento, se tiene que convocar a sesiones para, de una vez, aprobar la anulación de la prorroga y otros proyectos de ley que son de interés para el país”, finalizó.
En el acuerdo firmado por los integrantes de la “Comisión Bicameral Multipartidaria”, el pasado viernes 2 de febrero, se estableció que entre los días 5 y 9 del presente mes, Diputados y Senadores traten y aprueben proyectos de ley que tienen que ver con la agenda económica del país, después de tratar, por tiempo y materia, los proyectos de ley contra la prorroga judicial.
Después de la promulgación de la Ley 144 de Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce afirmó este martes que las “elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural”, que tiene la “justicia boliviana”, porque a la población litigante no le interesa quién es el magistrado, sino que su caso se agilice.
“Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana, porque a las hermanas y a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado, les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía”, dijo el mandatario.
Junto al vicepresidente David Choquehuanca, Arce promulgó la tarde de este martes la Ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” ante organizaciones sociales y legisladores arcistas en la Casa Grande del Pueblo, y en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y más de mil millones de dólares de pérdidas en 16 días de interrupción caminera.
Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero, después de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.
Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.
“El trabajo de nuestra banca (arcistas del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.
Después de que se sancionó y promulgó ayer la Ley de las Elecciones Judiciales, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez exigió a la Cámara de Diputados tratar “a la brevedad” los proyectos de Ley 073 y 075 (aprobados en la Cámara Alta) con el objetivo de frenar la autoprórroga de los magistrados del Órgano Judicial. Sin embargo, no fue tratada por Diputados.
Tampoco está programado para hoy el tratamiento de las leyes antiprórroga. El diputado Marcelo Pedrazas publicó en sus redes la agenda para hoy en Diputados y sólo figura “trabajo en comisiones”. El asambleísta cuestionó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cumpla su promesa.
Fin de mandato
Los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura concluían su gestión el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, el TCP dispuso la ampliación de su mandato hasta la realización de las elecciones judiciales.
Rodríguez afirmó que, si hubiese existido “voluntad política” en su momento, se habría podido convocar a las elecciones judiciales en 2023 —como estaba previsto— y así evitar la prórroga de los actuales magistrados y consejeros.
En tanto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos dijo en declaraciones a los medios que el Gobierno debe cumplir el acuerdo para viabilizar las judiciales, “sacar a sus magistrados autoprorrogados” si quiere la aprobación de los proyectos le ley de contratos de préstamos por más de 704 millones de dólares.
La legisladora dijo que el MAS está acostumbrado a hacer “trampas”. “El Gobierno tiene la mala manía de jugar con trampas”, sostuvo ante la posibilidad de que esto suceda al cumplir el acuerdo suscrito entre las fuerzas políticas en la Vicepresidencia, la pasada semana.
Compromiso
Los partidos en la Asamblea Legislativa acordaron la pasada semana también debatir los proyectos de ley 075 y 073 sobre la cesación de funciones y la suspensión de plazos procesales.
El diputado Jerges Mercado, del ala arcista del MAS, afirmó que no hay consenso para echar a los magistrados que se prorrogaron en diciembre de 2023.
El presidente Luis Arce promulgó ayer la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. En el acto, arropado por organizaciones sociales afines y funcionarios, el mandatario expresó su rechazo a los bloqueos y consideró que esa medida de presión buscaba su “cabeza”.
La ley actual se consensuó luego de un bloqueo de casi dos semanas del ala “evista”, que exigía la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorroga.
“Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán: desgastar, venir por la cabeza del Presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente que es el objetivo no se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se no se puede ahorcar Ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares”, dijo Arce.
“Sacrificio del pueblo”
En tanto, el expresidente Evo Morales en sus redes sociales dijo que “gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales, bajo el liderazgo del movimiento indígena y la unidad del pueblo boliviano, se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas”.
Según Morales, el Gobierno no tiene la intención de devolverle a Bolivia la institucionalidad de los poderes del Estado, “su plan es todavía violar la Constitución Política del Estado para prorrogarse en el poder a cualquier precio, incluso atentando contra la democracia y las libertades”, escribió en la red X.
Reproches
En su discurso, Arce reprochó los perjuicios económicos de los bloqueos del ala “evista”, porque considera que sólo buscaban intereses personales y desgastar al Gobierno.
El Presidente denunció que las medidas de presión causaron un daño de mil millones de dólares, además de problemas como el tránsito de las cisternas.
Rechazó que se utilice las elecciones judiciales para sacrificar al pueblo y darle una puñalada a la economía”. “Es absolutamente insensible, más aún cuando todo el pueblo boliviano sabe que la motivación fue política para satisfacer la ambición personal de poder”, aseveró.
Críticas
En el acto, se pronunciaron legisladores “arcistas” como el diputado Juan José Jaúregui, a quien “evistas” y opositores acusan de ser el principal obstaculizador de las elecciones judiciales, con actitudes como haber remitido una proyecto de ley anterior ante los altos tribunales para su consulta.
Jáuregui acusó a las otras bancadas de tener un contubernio y de haber promovido leyes que tenían elementos inconstitucionales para convocar a elecciones judiciales.
Aseguró que estas elecciones no son “producto de la imposición de los bloqueos” ni de la imposición del bloque radical, sino “producto del mandato de nuestro presidente Lucho”.
El proceso electoral tendrá dos etapas
La disposición Quinta I de la nueva ley señala que la elección tiene dos etapas: el proceso de preselección y el proceso de elección. Los plazos serán de acuerdo a la Ley 026 de Régimen Electoral.
“La postulación y preselección tendrá una duración de hasta 80 días calendario”, dice la norma; mientras que “la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta 150 días calendario”.
Asimismo, precisa en el parágrafo III que el “Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente ley”.
El presidente Luis Arce promulgó ayer la ley de convocatoria para los comicios judiciales, que garantiza la elección de los nuevos magistrados de los máximos tribunales de justicia del país en un plazo máximo de 230 días, luego de que las fuerzas políticas del Legislativo cumplieran su acuerdo y aprobaran la norma por dos tercios y casi sin oposición, en menos de 48 horas. Con ello, Bolivia tendrá nuevas autoridades judiciales, como máximo, a finales de septiembre de este año.
Pese al ambiente de tensión y a las denuncias de “boicot” por parte del ‘evismo’, al final, las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional no se alejaron del acuerdo de la comisión bicameral y multipartidaria y dieron curso, casi sin oposición sobre su contenido, al proyecto de ley pactado la semana pasada.
En la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron la norma un poco antes de las 4:00 de ayer y en el Senado, alrededor de las 13:00, tras casi tres horas de debate, donde la exigencia de los opositores y la bancada ‘evista’ de tratar con urgencia el cese de los actuales magistrados, al igual que en la Cámara Baja, fue uno de los puntos centrales de la discusión.
Tras la aprobación de la “Ley 144 – Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024”, y luego de conocer la noticia, Arce, en un acto en Oruro, anunció que iba a promulgar la norma por la tarde.
Así lo hizo, en un acto en La Paz, arropado por sus seguidores y los dirigentes de las organizaciones sociales que lo respaldan, en medio de vítores de “¡Lucho no está solo, carajo!”.
Arce, tras firmar la norma, dijo que “la falta de capacidad de algunos asambleístas” provocó el conflicto por las elecciones judiciales, algo que pudo evitarse si estos “hubieran sido más hidalgos en reconocer sus errores”.
Agregó que su “tozudez” y su “intencionalidad política” de buscar “desgastar al Gobierno con un tema que no nos corresponde”, hizo que las elecciones judiciales no tuvieran lugar en 2023.
“El único camino que viabiliza y tranquiliza a todos los bolivianos es volver a la constitucionalidad, y la constitucionalidad nos dice que el único camino son las elecciones judiciales. No hay más camino”, afirmó en su discurso.
En esa línea, agregó que la bancada ‘arcista’ del MAS’ trabajará para “procurar y evitar cualquier cuoteo” en la Asamblea Legislativa Plurinacional que busque “resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, en alusión a la intención del ‘evismo’ de asegurarse a los magistrados necesarios para evitar que el expresidente Evo Morales sea inhabilitado como candidato para las elecciones generales de 2025.
LOS PLAZOS Y LA PRESELECCIÓN
Según la ley promulgada por Arce, el Legislativo tendrá 80 días calendario para la preselección de candidatos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un máximo de 150 días para la organización y realización de las elecciones judiciales. Es decir, ambos procesos deberán cumplirse en 230 días como máximo, lo que significa que el proceso electoral no deberá durar más allá del 24 de septiembre de este año.
La norma, por otro lado, establece que el proceso electoral debe contar con veeduría nacional e internacional y que todo el proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobarse por dos tercios de los votos de los presentes.
Sobre la evaluación, la ley dice que la calificación de méritos tendrá un valor de 200 puntos: 100 puntos, la experiencia profesional y formación académica, entre otros, y otros 100 puntos, el examen escrito y oral. Para pasar a la etapa de preselección, los postulantes deberán obtener un mínimo de 130 puntos.
Para la votación, la Comisión Mixta de Constitución deberá enviar al pleno de la Asamblea una lista con un mínimo y máximo de 36 y 72 postulantes para Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); un mínimo y máximo de 14 y 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental; y un mínimo y máximo de 10 y 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura. Esas listas deberán aprobarse en la Asamblea de manera completa, indivisible e integral por dos tercios.
PLAZOS
La “Ley 144 – Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024” establece un plazo máximo de 230 días para la preselección y la realizaación de las elecciones judiciales, es decir, el proceso deberá acabar septiembre.
Créditos y cesación de magistrados, la próxima pelea
Tras la promulgación de la ley de convocatoria para las elecciones judiciales, la próxima batalla en el Legislativo será por los créditos internacionales demorados y la cesación de los magistrados prorrogados.
Tanto la oposición como la bancada evista del MAS exigieron ayer al ‘arcismo’ que cumpla el acuerdo de la comisión bicameral y multipartidaria, que señala que, una vez aprobado el proyecto de ley 144, deben tratarse los proyectos de ley 073 y 075 de suspensión de plazos procesales y cesación del mandato de los actuales magistrados.
De hecho, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tras la aprobación de la ley para las elecciones judiciales, exigió que se trate de manera “inmediata” los dos proyectos de ley antes señalados.
La senadora Andrea Barrientos (CC) expresó algo parecido. “Mientras el Gobierno y sus voceros insistan en desconocer acuerdos, no vamos a aprobar ningún crédito”, advirtió, luego de que la Cámara de Diputados no pusiera fecha al tratamiento de las normas en cuestión.
Por su parte, el diputado ‘arcista’ Juan José Jáuregui, anoche, quiso poner paños fríos al asunto y dio a entender que el ‘arcismo’ cumplirá con el acuerdo. En esa línea, aseguró que “el jueves ya tendría que estar instalándose la sesión, donde se van a considerar los proyectos de ley 073 y 075”, además de al menos créditos internacionales pendientes, y añadió que, para cumplir con ello, el plazo vence este viernes 9 de enero.
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, por su lado, dijo que espera que se aprueben unos $us 800 millones en créditos externos, con el acuerdo en el Legislativo.
¿QUE DICE LA LEY?
•Veeduría nacional e internacional
Universidades públicas y privadas, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, organizaciones sociales y empresariales, entre otros, podrán acreditarse como veedores o fiscalizadores en la fase de preselección
El Legislativo invitará a organismo internacionales, como la ONU, Unión Europea y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que participen de las elecciones en calidad de veedores en todas Ias etapa del proceso de preselección.
•Votación
Para la preselección de candidatos, todas las decisiones de las comisiones mixtas y del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, serán adoptadas por dos tercios de votos de los asambleístas presentes.
•Ruta crítica y cronograma
a) Publicación de la Convocatoria (3 días).
b) Presentación de postulaciones (20, días).
c) Verificación de requisitos habilitantes generales y específicos (5 días).
d) Publicación de Ios postulantes habilitados e inhabilitados (2 días).
e) Presentación de impugnaciones (5 días).
f) Resolución de impugnaciones (5 días).
g) Presentación del Recurso de Revisión (5 dias)
h) Resolución del Recurso de Revisión (5 días)
i) Publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día)
j) Evaluación de méritos (14 días).
k) Aprobación de los informes de Preselección y remisión al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (5 días).
I) Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los lnformes de las Comisiones Mixtas (hasta 8 días).
II. Remisión al Tribunal Supremo Electoral de la nómina de los postulantes preseleccionados (2 días).
Ill. Todas las fases de preselección y las decisiones en las comisiones Mixtas y la Asamblea Legislativa Plurinacional requieren de 2/3 de los miembros presentes.
•Los plazos para cumplir con el proceso electoral:
a) La postulación y preselección de postulantes tendrá una duración de hasta ochenta (80) días calendario.
b) La organización y realización de la votación popular tendrá una duración de hasta ciento cincuenta (150) días calendario.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó este viernes el acuerdo arribado por la Comisión Bicameral y Multipartidaria conformada por las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir el rumbo de las elecciones judiciales.
“Destacamos el acuerdo arribado en la ALP para llevar adelante las Elecciones Judiciales como muestra del respeto a los Derechos humanos. Exhortamos a los movilizados a efectivizar una pausa solidaria en bloqueos”, escribió la autoridad en sus cuentas de redes sociales.
Según el acuerdo, el 5 de febrero, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley 144/2023 hasta aprobarla y al día siguiente hará lo propio el Senado y luego será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En la víspera, el Defensor del Pueblo alertó sobre “un peligroso agravamiento de la conflictividad en el país”, mismo que está afectando los derechos de la población desde el 22 de enero cuando comenzaron los bloqueos en varias partes del país.
En ese sentido exigió al Estado y los actores políticos involucrados a que “agoten el diálogo y resuelvan este conflicto como único camino de solución”.
Desde que se instalaron los bloqueos en Oruro, Cochabamba, Potosí y La Paz, la Defensoría del Pueblo dispuso profesionales defensoriales de las 21 oficinas en los puntos de conflicto para atender posibles vulneraciones de derechos, tanto de los terceros afectados, con prioridad personas en situación de vulnerabilidad, así como los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta pacífica. //ag