Cuestionaron que se designó autoridades con historial, incluso, penal.
El fallo fue notificado en julio de 2022 y el Consejo de la Magistratura tenía tres meses para implementar la evaluación, pero nueve meses después no lo hace.
La Asamblea Legislativa inicia una semana clave para reencauzar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de que el proceso fue anulado por determinación de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Beni.
Los actuales magistrados y consejeros del TCP, TSJ, TA y del Consejo de la Magistratura finalizarán sus mandatos en diciembre de 2023 y las nuevas autoridades deben asumir funciones en enero de 2024.
El MAS busca elaborar un nuevo reglamento de preselección de candidatos tras la anulación del proceso anterior.
La decisión fue asumida 24 horas después de que la Sala Constitucional Primera de Beni suspendió el proceso legislativo y ordenó establecer “un nuevo cronograma y plazos correspondientes para su ejecución”.
“Acaba de consumarse el obstáculo principal al ejercicio de la democracia directa y participativa”, lamentaron los juristas independientes.
La justicia admitió un recurso y dispuso que, hasta que se resuelva este asunto, se suspenda este proceso en la Asamblea Legislativa.
El TSE solicitó al Ministerio de Economía 183 millones de bolivianos para la organización de las elecciones judiciales.
Un equipo de jueces del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba trabajará al interior de los penales, donde se priorizará las causas de presos con mandamientos de libertad no concretados, aquellos que recibieron medidas sustitutivas o cometieron delitos menores.