La Ley de Elecciones Judiciales, promulgada la tarde de este martes por el presidente Luis Arce, prevé la realización de los comicios la semana entre el 22 y 29 de septiembre de este año. El plazo de 230 días dictado por la norma se cumple el 24 de ese mes.
Aprobada en medio de presiones políticas, sociales e incluso un bloqueo nacional de caminos de 16 días, diputados y senadores dieron luz verde al documento redactado por la comisión bicameral tripartidaria de la Asamblea Legislativa.
En su contenido, y subsanados los ocho artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TCP), la ley establece la evaluación meritocrática de los postulantes, que dispone una calificación específica a la experiencia profesional, la formación académica, la producción intelectual e incluso valida y califica el ejercicio de autoridades indígenas; todo eso sobre 100 puntos.
También existe una serie de nuevas medidas, entre ellas, los novedosos mecanismos de comunicación y verificación electrónica descritos en el artículo 6 de la ley.
“En la fase de preselección se podrá hacer uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación”, señala el parágrafo I de dicho artículo.
Elecciones judiciales
Además, el segundo parágrafo dicta: “las y los postulantes al momento de su postulación autorizan a la Comisión Mixta respectiva el acceso a las bases de datos públicos para la verificación de la información proporcionada”.
Finalmente, manda que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia, encargadas del proceso de preselección, deberán hacer conocer sus determinaciones a las y los postulantes a través del correo electrónico y/o WhatsApp, a efectos de notificaciones.
Otro de los temas que se debatió en las cámaras de Diputados y Senadores fue la veeduría del proceso, que constará con actores nacionales e internacionales.
En el ámbito nacional, están incluidas las universidades públicas y privadas, los colegios de auditores, las asociaciones de periodistas y medios de comunicación, asociaciones de profesionales y sectores indígenas, gremiales “o de cualquier otra naturaleza”, que deberán acreditar sus representantes ante las comisiones que llevan el proceso.
Por otra parte, las organizaciones internacionales consideradas para la veeduría son la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El Estado Plurinacional de Bolivia podrá considerar las recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de los próximos procesos de Elecciones de Máximas Autoridades Judiciales (sic)”, dice el parágrafo II del artículo 8 de la ley.
La norma marca un plazo de 80 días calendario para cumplir con todas la fase de la preselección de candidatos, desde la recepción de documentos de los postulantes hasta la aprobación de la lista de los habilitados para los comicios. Cumplido ese proceso, será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de organizar las elecciones en 150 días.
La que viene será la tercera elección judicial en el país luego de las de 2011 y 2017.
Después de que se sancionó y promulgó ayer la Ley de las Elecciones Judiciales, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez exigió a la Cámara de Diputados tratar “a la brevedad” los proyectos de Ley 073 y 075 (aprobados en la Cámara Alta) con el objetivo de frenar la autoprórroga de los magistrados del Órgano Judicial. Sin embargo, no fue tratada por Diputados.
Tampoco está programado para hoy el tratamiento de las leyes antiprórroga. El diputado Marcelo Pedrazas publicó en sus redes la agenda para hoy en Diputados y sólo figura “trabajo en comisiones”. El asambleísta cuestionó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cumpla su promesa.
Fin de mandato
Los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura concluían su gestión el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, el TCP dispuso la ampliación de su mandato hasta la realización de las elecciones judiciales.
Rodríguez afirmó que, si hubiese existido “voluntad política” en su momento, se habría podido convocar a las elecciones judiciales en 2023 —como estaba previsto— y así evitar la prórroga de los actuales magistrados y consejeros.
En tanto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos dijo en declaraciones a los medios que el Gobierno debe cumplir el acuerdo para viabilizar las judiciales, “sacar a sus magistrados autoprorrogados” si quiere la aprobación de los proyectos le ley de contratos de préstamos por más de 704 millones de dólares.
La legisladora dijo que el MAS está acostumbrado a hacer “trampas”. “El Gobierno tiene la mala manía de jugar con trampas”, sostuvo ante la posibilidad de que esto suceda al cumplir el acuerdo suscrito entre las fuerzas políticas en la Vicepresidencia, la pasada semana.
Compromiso
Los partidos en la Asamblea Legislativa acordaron la pasada semana también debatir los proyectos de ley 075 y 073 sobre la cesación de funciones y la suspensión de plazos procesales.
El diputado Jerges Mercado, del ala arcista del MAS, afirmó que no hay consenso para echar a los magistrados que se prorrogaron en diciembre de 2023.
En sendas posiciones, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y una facción de legisladores de esa alianza advirtieron con no reconocer la eventual validación legislativa de la prórroga de magistrados y consejeros.
“(…) Elecciones judiciales, en base al PL 144, y la salida de los magistrados autoprorrogados incluida en el PL 075 propuesto por nuestra alianza, son condiciones imprescindibles para avanzar en la reforma judicial”, escribió el expresidente en su cuenta de X.
Al final de la tarde del viernes, representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), CC y Creemos acordaron viabilizar los comicios y considerar la situación de prórroga de magistrados y consejeros electos en 2017. La reunión fue presidente por David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa.
“Desde CC vamos a sostener (nuestra posición) en todos los espacios, frente al masismo bicéfalo que sigue insistiendo en imponer magistrados al servicio del gobierno”, dijo Mesa.
En tanto, en un comunicado público difundido en redes sociales, una facción de legisladores de CC denunció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pretende “anular las atribuciones de la Asamblea Legislativa”.
“No aceptaremos ningún acuerdo de la Comisión Bicamaral que implique la continuidad y el reconocimiento de los autoprorrogados”, se lee en el manifiesto.
El comunicado fue suscrito por los legisladores Luisa Nayar, Luciana Campero, Samantha Nogales, Pamela Alurralde, Jairo Guiteras, Pablo Arizaga, Janira Román, Lily Fernández, Mayra Zalles, Toribia Lero, Andrea Barrientos y Corina Ferreira.
La tarde del viernes, una comisión de diputados y senadores de las tres fuerzas políticas acordó la consideración del Proyecto de Ley 144 entre el lunes y el martes, con el fin de apurar la convocatoria a comicios. Apostaron por la discusión de la prórroga luego de ese trámite. Este asunto es considerado crucial para resolver el empantanamiento legislativo respecto de los comicios.
Entre 2019 y 2023 el hacinamiento en las cárceles del país creció en un 50,6%, según un reporte de Régimen Penitenciario al que accedió La Razón. En el punto de partida se registraron 18.208 privados de libertad y la cifra del año pasado alcanzó a 28.838.
A diciembre de 2023, el departamento que más reclusos tiene, entre detenidos preventivos y sentenciados, es Santa Cruz, con el 37,1% del total; le sigue, La Paz con el 20,21%, Cochabamba con 14,18%, Tarija con 6,12%, Beni con 4,66%, Oruro con 6,23%, Potosí con 5%, Chuquisaca con 4,14% y Pando con 2,4%.
Otro dato que llama la atención en ese documento es que en enero de 2022 había un total de 19.300 reclusos, frente a los 28.838 en diciembre de 2023. Es decir que, solo en ese periodo, hubo crecimiento de la población carcelaria de 9.538 personas, entre varones y mujeres, con detención preventiva y sentencia. O sea que, en 24 meses, el hacinamiento se incrementó en 33,1%.
Del total de personas que habitan los recintos penitenciarios del país, solo 10.758 cuenta con una sentencia por sus procesos, que representa el 37,30%; mientras que 18.080, es decir el 62,70%, cumple con detención preventiva.
Respecto del estado de la causa de los privados de libertad, el Director Nacional de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias, atribuyó los altos índices de detención preventiva al “temor” de algunos jueces a partir del caso del violador serial Richard Choque, liberado por un juez a pesar de varios procesos abiertos en su contra.
El caso cobró fuerza a finales de 2021, cuando se conoció que el ahora sentenciado a 30 años violó y asesinó a varias mujeres. Entonces, se descubrió que el psicópata había sido liberado por el juez Rafael Alcón, que lo benefició, inicialmente, con detención domiciliaria. Las autoridades judiciales desbarataron el consorcio compuesto por varios abogados y jueces.
“Hoy en día (los jueces) tienen, parece, miedo de liberar a quienes no corresponde”, dijo Limpias en entrevista con La Razón
Hacinamiento
Otro de los factores que identificó Limpias es “el uso discrecional de la detención preventiva”, que —según dijo— se incrementó desde 2000. “Los jueces tienen miedo porque piensan que los van a censurar”.
Además, dijo que los jueces “burocratizan” la salida de algunos reos que cumplieron con los tres años previstos en la cautelar. “Les piden documentos que saben que para un privado de libertad son difíciles de conseguir”.
“Les piden garantes solventes, o con hipotecas, y para una persona que está varios años en la cárcel, es bastante difícil eso. Muchos, por el tiempo que están encarcelados, ya han perdido familia, entorno social”, reclamó.
En el detalle de privados por libertad por género, el reporte muestra que hay 26.759 varones, o sea un 92,79%, frente a 1.917 mujeres, que representan el 6,65%; incluso hay datos de miembros del colectivo LGBTI; son 162 que están recluidos en las cárceles del país, suman un 0,56%.
De ellos, el grupo etario con más presencia en las cárceles está entre 29 y 59 años, edades con las que ingresaron 18.050 (62,59%) personas. Le sigue el grupo de 8.744 (30.32%) reclusos entre 18 y 28 años. Unas 1.245 (4,32%) personas mayores de 60 años están en las cárceles del país y otras 798 (2,77%) de las que no se tiene el dato.
La lista de departamentos que más hacinamiento tiene la lidera Santa Cruz, con 10.694 (272%); le siguen La Paz, con 5.827 (176 %); Cochabamba 4.089 (179%); Tarija 1.766 (95%); Beni 1.343 (336%); Oruro 1.796 (125%); Potosí 1.437 (47%); Chuquisaca 1.194 (156%) y Pando cierra la lista con 692 privados de libertad; tiene el 15% de hacinamiento.
Otro de los datos brindados por la oficina de Limpias, que depende del Ministerio de Gobierno, es la cantidad de personas extranjeras que están privadas de libertad en los penales del país. Hasta diciembre del año pasado, esa cifra llegó a 1.023: 923 varones (91,10%) y 91 mujeres (8,90%). De ellos, 235 tienen nacionalidad peruana, 189 son de Brasil y 194 de Colombia, en una lista de 33 países.
Privados
En el país existen 46 cárceles; 20 en el área urbana y 26 en el área rural, según esa oficina. Dichos recintos reciben a los privados de libertad nacionales y extranjeros por diferentes procesos. La infraestructura de esos centros carcelarios tiene una capacidad para albergar a 10.521 personas, sin embargo, hasta diciembre del año pasado, la cantidad de privados de libertad alcanzó a 28.838. Eso muestra que actualmente el país tiene un hacinamiento del 174%, entre reclusos con detención preventiva y sentenciados, por los motivos que expuso Limpias.
El 15,93% (4.594 personas) de los reclusos están en las cárceles por procesos vinculados con violación de niña, niño o adolescente; el 14,47% (4.173) por delitos de narcotráfico, sancionados en la Ley 1008; un 13,15% (3.792) por robo y robo agravado.
Informe
Esos tres delitos son los que inciden en la lista de un total de 21 descritos en el informe.
Con el fin de disminuir la tasa de hacinamiento en las cárceles del país, el Ministerio de Gobierno, a través de Régimen Penitenciario, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, impulsa las denominadas jornadas de descongestionamiento judicial.
Esa medida permitió la liberación de reclusos cuyos plazos procesales ya se cumplieron o de aquellos que están por cumplir dicho periodo de sanción.
Además de eso, Limpias aseguró que se tiene proyectada la ampliación de algunas cárceles e incluso adelantó que el Gobierno prevé, aunque no explicó cuándo, la construcción de nuevos recintos penitenciarios.
Buscan ‘consolidar’ educación superior
El director de nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó que su despacho busca “consolidar” la educación superior para las personas privadas de libertad en las cárceles del país.
El funcionario destacó que, desde hace tiempo, se logró, en coordinación con el Ministerio de Educación, promover a varios bachilleres en los recintos penitenciario a través de los Centros de Educación Alternativa (CEA) y que, debido al largo periodo que algunos deben cumplir, “es necesario darles la oportunidad de tener un título universitario o de técnico superior”.
“Los pilares fundamentales de la reinserción social son la educación, el trabajo, la salud, el deporte y la cultura”, dijo.
“Estamos viendo de consolidar el otro pilar que es el tema de educación (superior)”, añadió en entrevista con La Razón.
Citó el caso del penal de Palmasola, recinto en que dos universidades privadas dictan clases de Derecho. Explicó que al menos el 90% de los reclusos accede a esa formación a través de becas, mientras que algunos reclusos, que cuentan con recursos económicos, pagan sus estudios.
Universidades
“Ya hay dos universidades (que dictan clases en las cárceles de Santa Cruz) y estamos queriendo que se sume la (Universidad Autónoma) Gabriel (René Moreno) con algunas carreras”, agregó.
Dijo que las universidades decidieron participar en ese programa de acuerdo a sus políticas de responsabilidad social empresarial.
En el penal de San Pedro, en La Paz, la encargada de impartir clases es la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con la carrera de Sociología, pero “estamos viendo la incorporación de Derecho”.
En Chonchocoro, adelantó, la universidad Pública de El Alto (UPEA) también impartirá clases.
En el país hay un policía por cada 18 reclusos
En Bolivia existe un efectivo policial por cada 18 privados de libertad en las 46 cárceles del país. La mayoría de ellos se encuentra en el departamento de Santa Cruz.
La información está contenida en un reporte de la Dirección de Régimen Penitenciario al que accedió La Razón.
A diciembre de 2023, 1.541 policías, entre hombres y mujeres, fueron destinados a resguardar la seguridad en los centros penitenciarios del país, donde habitan, en el mismo periodo, 28.838 reclusos.
Distribuidos en las 46 cárceles del país, entre hombres y mujeres, 391 efectivos están concentrados en La Paz, 285 en Cochabamba, 261 en Santa Cruz, en Oruro, Potosí y Tarija 110, respectivamente; 99 en Pando, 88 en Beni y 87 en Chuquisaca.
Del total de 1.541, policías, solo 296 son mujeres, eso significa una participación femenina del 19% respecto de 1.245 efectivos varones, es decir, el 80,79%.
Cifras
El hecho llamativo en esas cifras es que Santa Cruz, que es el departamento que cuenta con la mayor cantidad de privados de libertad, cuenta con solo 261 policías, frente a un total de 10.694. En proporción, eso significa que en esa región hay un policía por cada 41 reclusos.
De acuerdo con el documento de Penitenciarías, Cochabamba tiene a 14 efectivos por cada privado de libertad. Finalmente, La Paz tiene 5.827 personas en sus cárceles, frente a 391 policías que resguardan esos centros. Significa que, por cada uno de ellos existe la presencia de 15 policías.
Desde la administración penitenciaria se impulsó la implementación de tecnología como una máquina de rayos X para el control de las personas que ingresan a los penales en condición de visitante. Eso, aparte del protocolo que cumplen antes de su ingreso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este miércoles el auto constitucional 034/2024 -CA/S en el que instruye a la Asamblea Legislativa considere la adecuación del proyecto 144, antes del tratamiento de otra ley para las judiciales.
De acuerdo con el documento, la solicitud fue formulada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, dentro de la consulta de control previo sobre la constitucionalidad del proyecto de ley 144/2022-2023 “proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” del 31 de agosto de 2023, a objeto que se disponga la aplicación de medidas cautelares.
“El accionante refirió que conforme al artículo 115 de la CPE (Constitución Política del Estado), lo dispuesto en la DCPC 0049/2023 de 11 de diciembre, es de cumplimiento obligatorio para el Órgano Legislativo, sin embargo, este Órgano pretende volver a considerar el proyecto de ley sin adecuar ni eliminar las disposiciones normativas observadas, así como analizar otros proyectos de ley vinculados al mismo, lo cual produciría una daño irreparable al ordenamiento jurídico con graves violaciones a los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, siendo que varios de sus artículos fueron declarados inconstitucionales por la institución encargada de realizar el control de constitucionalidad, generando así un evidente incumplimiento a la referida DCP 049/2023 que no puede ser tolerado por un Estado Constitucional de Derecho”, señala el auto constitucional del TCP.
El TCP emitió el 11 de diciembre la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
La declaración constitucional 049/2023 además dispuso de la inconstitucionalidad por conexitud de «los artículos 14, 29.II, 30.I y la Disposición Adicional Séptima en su segundo párrafo, inc. a) todos del Proyecto “Proyecto de Ley Transitoria para las elecciones Judiciales 2023-2024”C, referidos a los plazos previsto en ellos, y la inconstitucionalidad de los parágrafos I y III de la Disposición Adicional Sexta, por ser contrarios a los arts. 9.4, 12, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado».
Además, el accionante, solicitó que “como medida cautelar se ordene a la Asamblea Legislativa Plurinacional que, en cualquiera de sus cámaras, se abstenga de aprobar o tratar otros proyectos de ley sin previamente cumplir con los dispuesto por la DCP 049/2023, debiendo velar porque el Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024 garantice el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales, aspecto que vulneraría el orden constitucional y legal en nuestro Estado, así como los derechos y garantías de los ciudadanos que pretender formar los altos Tribunales de Justicia, contrariando a los arts 15, 115, y 203 de la norma suprema, adames de incurrir en posibles conductas antijurídicas como la establecida en el art 179 del Código Penal”.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la demanda de acción popular presentada por Amilcar Barral, contra Evo Morales, expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la convocatoria a bloqueos y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no evitar los cortes de rutas.
La audiencia fue fijada para el viernes 26 de enero a las 10:30 de forma virtual.
“Estamos demandando tanto a Evo Morales como incitador y organizador de estos conflictos y estos bloqueos de caminos por un interés personal. Y también contra el ministro Eduardo Del Castillo porque no está haciendo nada para evitar este tipo de bloqueos”, dijo Barral a Erbol.
Desde el lunes, sectores afines a Morales iniciaron un bloqueo de caminos en rechazo a la prórroga de los magistrados y para exigir elecciones judiciales. En tanto, desde el Gobierno se sostiene que esta medida de presión solo es para favorecer al jefe del MAS, esto en relación a la sentencia constitucional 1010/2023, la cual establece que la reelección presidencial indefinida no existe y tampoco es un derecho humano.
En el tercer día de movilización de sectores evistas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos reportó 14 puntos de bloqueo fijo y cuatro bloqueos esporádicos en cuatro departamentos, la mayor parte se concentra en Cochabamba.
Desde el Gobierno se habla de una pérdida de $us 128 millones por día en el sector productivo, mientras que desde la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) hicieron un llamado al diálogo entre las partes en conflicto.
En Bolivia hay 937 extranjeros privados de libertad en las diferentes cárceles del sistema penitenciario. La mayoría de ellos se encuentran en recintos del departamento de Santa Cruz.
Solo el 35,6% de los privados de libertad en Bolivia tiene sentencia.
La Asamblea Legislativa inicia una semana clave para reencauzar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de que el proceso fue anulado por determinación de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Beni.
“Reafirmamos nuestro más firme e inquebrantable compromiso con el cumplimiento y garantía de los derechos humanos”, dijo el presidente Luis Arce al término de su reunión con la CIDH.