Después de la promulgación de la Ley 144 de Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce afirmó este martes que las “elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural”, que tiene la “justicia boliviana”, porque a la población litigante no le interesa quién es el magistrado, sino que su caso se agilice.
“Estas elecciones judiciales no van a resolver la problemática estructural que tiene nuestra justicia boliviana, porque a las hermanas y a los hermanos que están litigando en los diferentes tribunales, no les interesa quién es su magistrado, les interesa que se agilice su trámite, su juicio que tiene ahí, que salga no en 20, en 30 años, y salga mal todavía”, dijo el mandatario.
Junto al vicepresidente David Choquehuanca, Arce promulgó la tarde de este martes la Ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” ante organizaciones sociales y legisladores arcistas en la Casa Grande del Pueblo, y en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y más de mil millones de dólares de pérdidas en 16 días de interrupción caminera.
Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero, después de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.
Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.
“El trabajo de nuestra banca (arcistas del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.
En sintonía con la senadora Virginia Velasco, el diputado arcista Juan José Jáuregui dijo este martes que la Ley 144 de Elecciones Judiciales no permitirá “cuoteo” judicial en una presunta alianza entre evistas y la oposición, y aseguró que ahora la nueva norma “garantiza el acceso a la justicia de los bolivianos”.
“Esta nueva ley garantiza el acceso a la justicia de los bolivianos, el proyecto ley no va a permitir el cuoteo entre algunos jefes políticos que ya han consumado una alianza política en la Asamblea Legislativa. El tratamiento de este proyecto de ley ha permitido revelar el contubernio, la sintonía, el romance discursivo entre el sector radical del Movimiento Al Socialismo con Comunidad Ciudadana y Creemos”, dijo Jáuregui, antes que el presidente Luis Arce promulgara la Ley 144.
Sin embargo, en septiembre de 2023 Jáuregui envió a consulta el proyecto de Ley 144 a los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo para que aclaren sobre los recursos del Presupuesto General del Estado, para garantizar las elecciones judiciales, también envió consultas al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Pese a que la respuesta a la consulta no debía tardar más de 10 días, el TCP tardó más de tres meses en enviar su posición, después que el presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez, envió una conminatoria al TCP para que en 72 horas entregue su respuesta.
Durante la promulgación de la Ley 144 y en la línea con Jáuregui, la senadora Velasco también afirmó que “esa ley (144) no tenía la entrevista oral ni personal, (la oposición) querían cuotear ese órgano judicial, incluso una vez en la Comisión de Constitución y de Justicia entraron en pelea de quien estaba cuoteando más”.
Velasco, que fue ministra de Justicia en la gestión de Evo Morales y ahora afín al presidente Arce, sostuvo que el retraso para aprobar el proyecto se dio por un presunto pacto entre el ala radical del MAS y legisladores de la oposición, sabiendo que el proyecto de ley no cumplía con la Constitución.
El diputado arcista, que también es presidente de la Comisión de Constitución, explicó que las propuestas de modificaciones a la Ley 144, presentada por la Cámara de Senadores “no se adecuaba” a la Constitución Política del Estado, por lo que, dijo, se elaboró otro que cumple con lo establecido en la Carta Magna.
“Fue la irresponsabilidad de aquellos que obraron de manera antijurídica, anticonstitucional y (nosotros) tuvimos que ir resolviendo todos esos problemas (…) Ahora tenemos un proyecto nuevo, ajustado a la Constitución, lo que se pretendía era abandonar la evaluación de las altas autoridades de la administración de la justicia, lo que buscaban con el proyecto ley trabajado en agosto, en sintonía con el sector radical, Comunidad Ciudadana y Camachista, era no evaluar a los futuros magistrados, era simplemente hacer una chek list”, sostuvo Jáuregui.
Acusó a los legisladores evistas y de la oposición de ser los causantes para que el proyecto se retrase en su tratamiento durante el 2023. “Hemos iniciado un proceso de renovación, pero no todo lo sucedido obedece a la voluntad de los legisladores, (…) en esta oportunidad se han interpuesto recursos inconstitucionales producto de la irresponsabilidad de legisladores que obedecen al sector radical, que obedecen los mandatos de Evo Morales, (ellos) permanentemente fueron incorporando, desde marzo de 2023, elementos visiblemente inconstitucionales, no fue nuestra irresponsabilidad señor Presidente”, dijo el diputado Jáuregui.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, agradeció ‘al pueblo y a los sectores movilizados’ el haber logrado la aprobación de la ley para las elecciones judiciales este martes.
La misma fue aprobada esta jornada por la Cámara de Senadores y enviada al Ejecutivo para su promulgación; a lo cual el presidente Luis Arce respondió que lo hará ‘hoy mismo’.
“Logramos (sancionar la ley) gracias al esfuerzo conjunto de la Cámara de Senadores, a la voluntad predispuesta de estos asambleístas, pero fundamentalmente gracias al pueblo boliviano y a nuestros sectores movilizados en las carreteras que han exigido el cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE)”, expresó.
AUTOPRORROGADOS También pidió al presidente de Diputados convocar a sesión para tratar los proyectos de ley 073 y 075, que se refieren precisamente al cese de funciones de los magistrados.
“Estamos pidiendo a la Cámara de Diputados agendar de manera inmediata la sesión para el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075”, dijo.
El bloqueo evista cumple 16 días de estar en carreteras, exige la aprobación del proyecto de ley para las judiciales y la renuncia de los magistrados prorrogados en sus cargos.
MOVILIZACIONES También pidió a los sectores movilizados estar vigilantes hasta el cumplimiento de la norma.
“Frente al objetivo cumplido que es la aprobación y sanción, también exhortar a nuestras hermanas y hermanos que todavía se encuentran en algunos sectores movilizados a levantar con una firme posición de estar vigilantes hasta el cumplimiento efectivo de estar norma que es la preselección y elecciones judiciales”, sostuvo.
Después de que se sancionó y promulgó ayer la Ley de las Elecciones Judiciales, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez exigió a la Cámara de Diputados tratar “a la brevedad” los proyectos de Ley 073 y 075 (aprobados en la Cámara Alta) con el objetivo de frenar la autoprórroga de los magistrados del Órgano Judicial. Sin embargo, no fue tratada por Diputados.
Tampoco está programado para hoy el tratamiento de las leyes antiprórroga. El diputado Marcelo Pedrazas publicó en sus redes la agenda para hoy en Diputados y sólo figura “trabajo en comisiones”. El asambleísta cuestionó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cumpla su promesa.
Fin de mandato
Los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura concluían su gestión el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, el TCP dispuso la ampliación de su mandato hasta la realización de las elecciones judiciales.
Rodríguez afirmó que, si hubiese existido “voluntad política” en su momento, se habría podido convocar a las elecciones judiciales en 2023 —como estaba previsto— y así evitar la prórroga de los actuales magistrados y consejeros.
En tanto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos dijo en declaraciones a los medios que el Gobierno debe cumplir el acuerdo para viabilizar las judiciales, “sacar a sus magistrados autoprorrogados” si quiere la aprobación de los proyectos le ley de contratos de préstamos por más de 704 millones de dólares.
La legisladora dijo que el MAS está acostumbrado a hacer “trampas”. “El Gobierno tiene la mala manía de jugar con trampas”, sostuvo ante la posibilidad de que esto suceda al cumplir el acuerdo suscrito entre las fuerzas políticas en la Vicepresidencia, la pasada semana.
Compromiso
Los partidos en la Asamblea Legislativa acordaron la pasada semana también debatir los proyectos de ley 075 y 073 sobre la cesación de funciones y la suspensión de plazos procesales.
El diputado Jerges Mercado, del ala arcista del MAS, afirmó que no hay consenso para echar a los magistrados que se prorrogaron en diciembre de 2023.
El presidente Luis Arce promulgó ayer la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. En el acto, arropado por organizaciones sociales afines y funcionarios, el mandatario expresó su rechazo a los bloqueos y consideró que esa medida de presión buscaba su “cabeza”.
La ley actual se consensuó luego de un bloqueo de casi dos semanas del ala “evista”, que exigía la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorroga.
“Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán: desgastar, venir por la cabeza del Presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente que es el objetivo no se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se no se puede ahorcar Ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares”, dijo Arce.
“Sacrificio del pueblo”
En tanto, el expresidente Evo Morales en sus redes sociales dijo que “gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales, bajo el liderazgo del movimiento indígena y la unidad del pueblo boliviano, se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas”.
Según Morales, el Gobierno no tiene la intención de devolverle a Bolivia la institucionalidad de los poderes del Estado, “su plan es todavía violar la Constitución Política del Estado para prorrogarse en el poder a cualquier precio, incluso atentando contra la democracia y las libertades”, escribió en la red X.
Reproches
En su discurso, Arce reprochó los perjuicios económicos de los bloqueos del ala “evista”, porque considera que sólo buscaban intereses personales y desgastar al Gobierno.
El Presidente denunció que las medidas de presión causaron un daño de mil millones de dólares, además de problemas como el tránsito de las cisternas.
Rechazó que se utilice las elecciones judiciales para sacrificar al pueblo y darle una puñalada a la economía”. “Es absolutamente insensible, más aún cuando todo el pueblo boliviano sabe que la motivación fue política para satisfacer la ambición personal de poder”, aseveró.
Críticas
En el acto, se pronunciaron legisladores “arcistas” como el diputado Juan José Jaúregui, a quien “evistas” y opositores acusan de ser el principal obstaculizador de las elecciones judiciales, con actitudes como haber remitido una proyecto de ley anterior ante los altos tribunales para su consulta.
Jáuregui acusó a las otras bancadas de tener un contubernio y de haber promovido leyes que tenían elementos inconstitucionales para convocar a elecciones judiciales.
Aseguró que estas elecciones no son “producto de la imposición de los bloqueos” ni de la imposición del bloque radical, sino “producto del mandato de nuestro presidente Lucho”.
El proceso electoral tendrá dos etapas
La disposición Quinta I de la nueva ley señala que la elección tiene dos etapas: el proceso de preselección y el proceso de elección. Los plazos serán de acuerdo a la Ley 026 de Régimen Electoral.
“La postulación y preselección tendrá una duración de hasta 80 días calendario”, dice la norma; mientras que “la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta 150 días calendario”.
Asimismo, precisa en el parágrafo III que el “Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente ley”.
El presidente Luis Arce promulgó ayer la ley de convocatoria para los comicios judiciales, que garantiza la elección de los nuevos magistrados de los máximos tribunales de justicia del país en un plazo máximo de 230 días, luego de que las fuerzas políticas del Legislativo cumplieran su acuerdo y aprobaran la norma por dos tercios y casi sin oposición, en menos de 48 horas. Con ello, Bolivia tendrá nuevas autoridades judiciales, como máximo, a finales de septiembre de este año.
Pese al ambiente de tensión y a las denuncias de “boicot” por parte del ‘evismo’, al final, las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional no se alejaron del acuerdo de la comisión bicameral y multipartidaria y dieron curso, casi sin oposición sobre su contenido, al proyecto de ley pactado la semana pasada.
En la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron la norma un poco antes de las 4:00 de ayer y en el Senado, alrededor de las 13:00, tras casi tres horas de debate, donde la exigencia de los opositores y la bancada ‘evista’ de tratar con urgencia el cese de los actuales magistrados, al igual que en la Cámara Baja, fue uno de los puntos centrales de la discusión.
Tras la aprobación de la “Ley 144 – Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024”, y luego de conocer la noticia, Arce, en un acto en Oruro, anunció que iba a promulgar la norma por la tarde.
Así lo hizo, en un acto en La Paz, arropado por sus seguidores y los dirigentes de las organizaciones sociales que lo respaldan, en medio de vítores de “¡Lucho no está solo, carajo!”.
Arce, tras firmar la norma, dijo que “la falta de capacidad de algunos asambleístas” provocó el conflicto por las elecciones judiciales, algo que pudo evitarse si estos “hubieran sido más hidalgos en reconocer sus errores”.
Agregó que su “tozudez” y su “intencionalidad política” de buscar “desgastar al Gobierno con un tema que no nos corresponde”, hizo que las elecciones judiciales no tuvieran lugar en 2023.
“El único camino que viabiliza y tranquiliza a todos los bolivianos es volver a la constitucionalidad, y la constitucionalidad nos dice que el único camino son las elecciones judiciales. No hay más camino”, afirmó en su discurso.
En esa línea, agregó que la bancada ‘arcista’ del MAS’ trabajará para “procurar y evitar cualquier cuoteo” en la Asamblea Legislativa Plurinacional que busque “resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, en alusión a la intención del ‘evismo’ de asegurarse a los magistrados necesarios para evitar que el expresidente Evo Morales sea inhabilitado como candidato para las elecciones generales de 2025.
LOS PLAZOS Y LA PRESELECCIÓN
Según la ley promulgada por Arce, el Legislativo tendrá 80 días calendario para la preselección de candidatos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un máximo de 150 días para la organización y realización de las elecciones judiciales. Es decir, ambos procesos deberán cumplirse en 230 días como máximo, lo que significa que el proceso electoral no deberá durar más allá del 24 de septiembre de este año.
La norma, por otro lado, establece que el proceso electoral debe contar con veeduría nacional e internacional y que todo el proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobarse por dos tercios de los votos de los presentes.
Sobre la evaluación, la ley dice que la calificación de méritos tendrá un valor de 200 puntos: 100 puntos, la experiencia profesional y formación académica, entre otros, y otros 100 puntos, el examen escrito y oral. Para pasar a la etapa de preselección, los postulantes deberán obtener un mínimo de 130 puntos.
Para la votación, la Comisión Mixta de Constitución deberá enviar al pleno de la Asamblea una lista con un mínimo y máximo de 36 y 72 postulantes para Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); un mínimo y máximo de 14 y 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental; y un mínimo y máximo de 10 y 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura. Esas listas deberán aprobarse en la Asamblea de manera completa, indivisible e integral por dos tercios.
PLAZOS
La “Ley 144 – Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024” establece un plazo máximo de 230 días para la preselección y la realizaación de las elecciones judiciales, es decir, el proceso deberá acabar septiembre.
Créditos y cesación de magistrados, la próxima pelea
Tras la promulgación de la ley de convocatoria para las elecciones judiciales, la próxima batalla en el Legislativo será por los créditos internacionales demorados y la cesación de los magistrados prorrogados.
Tanto la oposición como la bancada evista del MAS exigieron ayer al ‘arcismo’ que cumpla el acuerdo de la comisión bicameral y multipartidaria, que señala que, una vez aprobado el proyecto de ley 144, deben tratarse los proyectos de ley 073 y 075 de suspensión de plazos procesales y cesación del mandato de los actuales magistrados.
De hecho, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tras la aprobación de la ley para las elecciones judiciales, exigió que se trate de manera “inmediata” los dos proyectos de ley antes señalados.
La senadora Andrea Barrientos (CC) expresó algo parecido. “Mientras el Gobierno y sus voceros insistan en desconocer acuerdos, no vamos a aprobar ningún crédito”, advirtió, luego de que la Cámara de Diputados no pusiera fecha al tratamiento de las normas en cuestión.
Por su parte, el diputado ‘arcista’ Juan José Jáuregui, anoche, quiso poner paños fríos al asunto y dio a entender que el ‘arcismo’ cumplirá con el acuerdo. En esa línea, aseguró que “el jueves ya tendría que estar instalándose la sesión, donde se van a considerar los proyectos de ley 073 y 075”, además de al menos créditos internacionales pendientes, y añadió que, para cumplir con ello, el plazo vence este viernes 9 de enero.
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, por su lado, dijo que espera que se aprueben unos $us 800 millones en créditos externos, con el acuerdo en el Legislativo.
¿QUE DICE LA LEY?
•Veeduría nacional e internacional
Universidades públicas y privadas, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, organizaciones sociales y empresariales, entre otros, podrán acreditarse como veedores o fiscalizadores en la fase de preselección
El Legislativo invitará a organismo internacionales, como la ONU, Unión Europea y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que participen de las elecciones en calidad de veedores en todas Ias etapa del proceso de preselección.
•Votación
Para la preselección de candidatos, todas las decisiones de las comisiones mixtas y del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, serán adoptadas por dos tercios de votos de los asambleístas presentes.
•Ruta crítica y cronograma
a) Publicación de la Convocatoria (3 días).
b) Presentación de postulaciones (20, días).
c) Verificación de requisitos habilitantes generales y específicos (5 días).
d) Publicación de Ios postulantes habilitados e inhabilitados (2 días).
e) Presentación de impugnaciones (5 días).
f) Resolución de impugnaciones (5 días).
g) Presentación del Recurso de Revisión (5 dias)
h) Resolución del Recurso de Revisión (5 días)
i) Publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día)
j) Evaluación de méritos (14 días).
k) Aprobación de los informes de Preselección y remisión al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (5 días).
I) Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los lnformes de las Comisiones Mixtas (hasta 8 días).
II. Remisión al Tribunal Supremo Electoral de la nómina de los postulantes preseleccionados (2 días).
Ill. Todas las fases de preselección y las decisiones en las comisiones Mixtas y la Asamblea Legislativa Plurinacional requieren de 2/3 de los miembros presentes.
•Los plazos para cumplir con el proceso electoral:
a) La postulación y preselección de postulantes tendrá una duración de hasta ochenta (80) días calendario.
b) La organización y realización de la votación popular tendrá una duración de hasta ciento cincuenta (150) días calendario.
El jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, informó este domingo que la preselección de candidatos y la elección de las nuevas autoridades de los máximos tribunales del país se harán en un plazo máximo de 230 días, según lo acordado en la comisión bicameral y multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que comenzará a tratar este lunes el proyecto de ley de convocatoria para las elecciones judiciales.
“Mañana lunes (por hoy), a las seis de la tarde, se estaría iniciando la sesión plenaria (en la Cámara de Diputados). Esperamos que las fuerzas políticas actúen cumpliendo el compromiso que han asumido, de aprobar este proyecto de ley por dos tercios, y, máximo, pasado mañana, (se haga lo propio) en la Cámara de Senadores”, dijo el diputado ‘arcista’ en declaraciones al canal estatal Bolivia tv.
Mercado agregó que, tal como lo estableció del TCP, el proyecto de convocatoria para las elecciones judiciales deberá ser aprobada por dos tercios de los votos de los presentes.
“Tenemos que hacerlo por dos tercios, todo el tratamiento tiene que ser por dos tercios, y la aprobación en el plenario tiene que ser por dos tercios. Si las fuerzas políticas cumplen su palabra (…), vamos a tener los dos tercios”, señaló.
Agregó que, si se cumple lo acorado, la ley estará promulgada el miércoles.
“Nosotros mañana (lunes) aprobaríamos en la Cámara Baja. Esperemos que, temprano, el día martes, aprueben en Senadores. Inmediatamente, se le envía al presidente (Luis Arce), quien ha prometido promulgar inmediatamente esta ley y, con eso, se iniciaría el proceso”, indicó.
Mercado precisó que, según lo acorado, la preselección de candidatos se hará en un plazo máximo de 80 días y el proceso de elección de las nuevas autoridades, en un plazo no mayor a los 150 días.
“Tenemos para todo el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa 80 días como máximo y el TSE tiene 150 días para poder realizar todo el proceso eleccionario. Estamos hablando de 230 días como tope máximo para tener nuevas autoridades”, finalizó.
LIMA SOBRE EVO
El ministro de Justicia, Iván Lima, en una evaluación sobre el acuerdo político en relación con las elecciones judiciales afirmó que esta elección será diferente a la realizada entre 2012 y 2017, cuando solo el entonces presidente Evo Morales tenía el poder de elegir a los candidatos a magistrados para los altos cargos del Órgano Judicial.
En este nuevo acuerdo, se espera que la elección de magistrados sea más inclusiva y democrática, con la participación del Parlamento en la selección de los candidatos.
Lima destacó la oportunidad de tener nuevos magistrados y expresó la esperanza de que se cumpla el compromiso de garantizar que al menos el 50% de los magistrados sean mujeres.
Además, hizo hincapié en la importancia de incluir representación indígena originaria campesina en el Órgano Judicial.
También señaló la necesidad de mejorar la representación de mujeres indígenas en los altos tribunales de justicia y expresó su deseo de que esta nueva composición conduzca a un modelo judicial mejorado.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó este viernes el acuerdo arribado por la Comisión Bicameral y Multipartidaria conformada por las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir el rumbo de las elecciones judiciales.
“Destacamos el acuerdo arribado en la ALP para llevar adelante las Elecciones Judiciales como muestra del respeto a los Derechos humanos. Exhortamos a los movilizados a efectivizar una pausa solidaria en bloqueos”, escribió la autoridad en sus cuentas de redes sociales.
Según el acuerdo, el 5 de febrero, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley 144/2023 hasta aprobarla y al día siguiente hará lo propio el Senado y luego será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En la víspera, el Defensor del Pueblo alertó sobre “un peligroso agravamiento de la conflictividad en el país”, mismo que está afectando los derechos de la población desde el 22 de enero cuando comenzaron los bloqueos en varias partes del país.
En ese sentido exigió al Estado y los actores políticos involucrados a que “agoten el diálogo y resuelvan este conflicto como único camino de solución”.
Desde que se instalaron los bloqueos en Oruro, Cochabamba, Potosí y La Paz, la Defensoría del Pueblo dispuso profesionales defensoriales de las 21 oficinas en los puntos de conflicto para atender posibles vulneraciones de derechos, tanto de los terceros afectados, con prioridad personas en situación de vulnerabilidad, así como los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta pacífica. //ag
El ministro de Justicia, Iván Lima, ha expresado su evaluación sobre el acuerdo político en relación con las elecciones judiciales y afirmó que esta elección será diferente a la realizada entre 2012 y 2017, cuando solo el entonces presidente Evo Morales tenía el poder de elegir a los candidatos a magistrados para los altos cargos del Órgano Judicial.
En este nuevo acuerdo, se espera que la elección de magistrados sea más inclusiva y democrática, con la participación del Parlamento en la selección de los candidatos.
Lima destacó la oportunidad de tener nuevos magistrados y expresó la esperanza de que se cumpla el compromiso de garantizar que al menos el 50% de los magistrados sean mujeres.
Además, hizo hincapié en la importancia de incluir representación indígena originaria campesina en el Órgano Judicial.
También señaló la necesidad de mejorar la representación de mujeres indígenas en los altos tribunales de justicia y expresó su deseo de que esta nueva composición conduzca a un modelo judicial mejorado.
El proyecto de ley, basado en el acuerdo político, se espera que ingrese a la Cámara de Diputados este lunes para su debate y, posiblemente, aprobación.
Luego, se prevé que sea elevado al Senado el martes para su consideración y, finalmente, enviado al Ejecutivo con la esperanza de que sea sancionado el miércoles. La intención es que este proceso asegure una elección judicial más transparente y representativa.
El proyecto 144 de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales, consensuado por las tres fuerzas políticas, prevé un plazo máximo de 230 días para tener nuevas autoridades judiciales, un mayor peso de la meritocracia y la votación de 2/3 de los legisladores en todas sus etapas.
El documento será tratado este lunes desde las 18:00 en la Cámara de Diputados, tras el acuerdo alcanzado el viernes en la comisión bicameral, que se reunió en medio de presiones por los bloqueos de sectores “evistas” en las carreteras.
El documento señala que “la postulación y preselección de postulantes, tendrá una duración de hasta ochenta (80) días calendario. La organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta ciento cincuenta (150) días calendario”.
Otro detalle importante es que el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “con el voto de dos tercios del total de los presentes, aprobará los informes finales de cada comisión de manera completa, integral e indivisible elevados por la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”, señala el documento.
Este punto era uno de los obstáculos para la aprobación de las elecciones el año pasado, e incluso fue objeto de observación constitucional.
El jefe de bancada del Movimiento A Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, explicó que este lunes se aprobará el proyecto consensuado y se lo remitirá a
Senadores, para que lo sancione el martes. Posteriormente, el documento será enviado al presidente Luis Arce, “quien ha prometido aprobar inmediatamente esa ley”.
Durante la preselección de los candidatos judiciales la meritocracia será un elemento central a tomarse en cuenta en el Legislativo, para contar con los mejores profesionales, afirmó.
Hasta 30 puntos se calificará las maestrías, hasta 40 los doctorados, la experiencia profesional y otros aspectos tendrán una valoración que sumados llegarán a 200 puntos.
Solo aquellos que lleguen a sumar 130 puntos podrán pasar la preselección que estará a cargo de la comisión mixta de Justicia y Constitución.
La norma también prevé transparencia bajo la forma de observaciones civiles o sociales, entre otras.
El MAS, entre ellos los evistas, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) acordaron el viernes llevar adelante las elecciones judiciales y aprobar créditos externos en medio de un bloqueo de caminos de evistas que dejó cuatro muertos, pérdidas económicas por $us 1.000 millones.