El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó este viernes el acuerdo arribado por la Comisión Bicameral y Multipartidaria conformada por las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir el rumbo de las elecciones judiciales.
“Destacamos el acuerdo arribado en la ALP para llevar adelante las Elecciones Judiciales como muestra del respeto a los Derechos humanos. Exhortamos a los movilizados a efectivizar una pausa solidaria en bloqueos”, escribió la autoridad en sus cuentas de redes sociales.
Según el acuerdo, el 5 de febrero, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley 144/2023 hasta aprobarla y al día siguiente hará lo propio el Senado y luego será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En la víspera, el Defensor del Pueblo alertó sobre “un peligroso agravamiento de la conflictividad en el país”, mismo que está afectando los derechos de la población desde el 22 de enero cuando comenzaron los bloqueos en varias partes del país.
En ese sentido exigió al Estado y los actores políticos involucrados a que “agoten el diálogo y resuelvan este conflicto como único camino de solución”.
Desde que se instalaron los bloqueos en Oruro, Cochabamba, Potosí y La Paz, la Defensoría del Pueblo dispuso profesionales defensoriales de las 21 oficinas en los puntos de conflicto para atender posibles vulneraciones de derechos, tanto de los terceros afectados, con prioridad personas en situación de vulnerabilidad, así como los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta pacífica. //ag
Luego de cinco días de diálogo, las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional acordaron agilizar el tratamiento del proyecto de ley 144 de las elecciones judiciales, además, de los proyectos de suspensión de plazos procesales y de cesación de funciones de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El acuerdo fue anunciado por el vicepresidente David Choquehuanca, acompañado de los presidentes de las cámaras de Diputados, Israel Huaytari, y de Senadores, Andrónico Rodríguez, además de los jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos y los presidentes de las Comisiones de Constitución y de Justicia Plural.
Choquehuanca leyó el contenido del acuerdo, donde se establece reanudar el procedimiento legislativo del proyecto de ley 144 y viabilizar su aprobación, sin ninguna modificación tanto en el pleno de la Cámara de Diputados, como en el pleno de la Cámara de Senadores, para su posterior remisión al Órgano Ejecutivo.
La presidencia de la Cámara de Diputados convocará para el lunes 5 de febrero a sesión con el fin de tratar de manera exclusiva y hasta su total aprobación del proyecto de ley 144 para las elecciones judiciales. La Cámara de Senadores sesionará el martes 6 de febrero con el mismo objetivo.
Además, se acordó que posterior a la aprobación de la ley de las elecciones judiciales se tratará el proyecto de ley 073, que suspende los plazos procesales en todas las materias en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional a partir del 2 de enero hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular.
En ese mismo punto está el tratamiento del proyecto de ley 075, que deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Es decir, anula la prórroga de mandato de las máximas autoridades judiciales.
La ampliación del mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP fue el principal motivo esgrimido para el bloqueo de caminos que este viernes cumple 12 días con un daño económico que supera los $us 680 millones, cuatro muertos y perjuicios a la población. Desde el Gobierno se advirtió que en el fondo el interés es revertir el fallo que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, lo que afecta los intereses de Morales.
En el acta también se establece que las cámaras abordarán y aprobarán una serie de proyectos de ley cruciales para el financiamiento de la agenda económica del país, en el marco de la reactivación económica del Estado.
Entre los proyectos de ley se encuentran el 145/2023-2024 (Contrato de préstamo para el proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta); 268/2022-2023 (contrato de préstamo para el programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo II); 156/2023-2024 (convenio de préstamo para el programa apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19); 079/2023-2024 (Adenda n° 1 al contrato de préstamo cfa 9545, para financiar el proyecto construcción de la doble vía Caracollo – Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo); 189/2023-2024 (contrato de préstamo para el programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz); 254/2023-2024 (contrato de préstamo para el Programa de Electrificación Rural III y para el proyecto mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia – IDTR III); 255/2023-2024 (contrato de préstamo para el proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní).
Según el Gobierno, están pendientes de aprobación en el Legislativo $us 825 millones.
Este acuerdo también prevé el tratamiento continuo y con la debida diligencia de otros proyectos de ley pendientes en la Cámara de Diputados.
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que con este acuerdo no habría más razones para que los seguidores de Morales mantengan el bloqueo de caminos que lleva 12 días.
“Ya no tiene razón de ser el bloquea. A nombre del pueblo, como miembro del Movimiento Al Socialismo, le pido al compañero Evo que instruya levantar el bloqueo”, solicitó en declaraciones a radio Panamericana.
Después de dos semanas de bloqueos de carreteras en el país, la Asamblea Legislativa Plurinacional logró el viernes un acuerdo para encaminar el proceso de las elecciones judiciales, que según el Gobierno, debe realizarse hasta octubre una vez que la convocatoria sea promulgada en los próximos días, antes del Carnaval.
Los parlamentarios se dieron un plazo de una semana para la aprobación del proyecto de ley en el Legislativo y luego seguir con el procedimiento hasta remitir listas de postulantes a magistrados al Órgano Electoral.
Ese convenio, según el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el diputado Carlos Alarcón (CC), no reconoce la prórroga de los actuales magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Se estima que hasta el miércoles se promulgue la Ley 144 que convoque a los comicios judiciales.
Según el acuerdo, la Cámara de Diputados tratará por tiempo y materia y aprobará hasta el viernes dos proyectos de ley, que son 073 y 075, sobre los magistrados: el primero cesa en su cargo a los magistrados prorrogados y el otro es para que se suspendan los plazos procesales mientras se eligen a los nuevos tribunos.
“Este acuerdo no reconoce la autoprórroga. Esto fue el motivo de discusión. En el artículo 3, inciso g, estaba insertado que el marco legal tenía que regirse bajo esta declaración constitucional 049, este inciso estaría vigente y de manera indirecta en toda su dimensión se reconocería prácticamente no solo los artículos y la disposición, sino también la extensión de mandato”, detalló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en entrevista con El Deber Radio.
Lo reiteró nuevamente para asentar la idea. “No puede ser que se reconozca (la prórroga de los magistrados), de ninguna manera. También ellos reconocieron que no es legal la extensión de mandato. Entonces, se suprimió ese inciso y por tanto se dejó sin efecto, en la Ley (144), el reconocimiento legal a los actuales exmagistrados y consejeros”, complementó.
Mientras, el diputado Alarcón, también en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio, aseguró que este acuerdo tiene tres componentes y que uno de ellos no reconoce la prórroga de mandato de las actuales autoridades judiciales. El legislador también aseguró que las elecciones judiciales deben ser desarrolladas máximo hasta julio de este año.
“El segundo objetivo de este acuerdo era no renunciar a garantizar elecciones judiciales transparentes y reales en el tiempo que nos da el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que es hasta fines de julio de este año, porque si no se logra hasta julio ya no habrá elecciones judiciales en este periodo constitucional porque ya se superpone con las primarias y el próximo año con las elecciones generales”, dijo Alarcón.
El legislador explicó también que este acuerdo establece la salida de los actuales magistrados a través de las elecciones judiciales y también con la aprobación del proyecto de ley 075, que cesa en sus funciones a las autoridades. Además, Alarcón destacó que el acuerdo también prevé la aprobación de siete créditos en el Legislativo.
“Pero, además, seguir en la pelea y la lucha para que los (magistrados) prorrogados, los usurpadores judiciales se vayan a su casa. La gran preocupación que teníamos de parte de Comunidad Ciudadana (CC) en estas mesas de diálogo y concertación es que el Gobierno ya entró a este partido con la mitad de tiempo ganado, porque la apuesta del Gobierno fue los prorrogados y como estos tienen el respaldo oficial, prácticamente al Gobierno le convenía que ya no hubiera ninguna ley sobre elecciones judiciales e iban a culpar a la oposición”, afirmó Alarcón.
ELECCIONES EN OCTUBRE
La posesión de nuevas autoridades judiciales será hasta octubre de este año y no chocará con las elecciones primarias de los partidos porque esas se realizarán en febrero del siguiente año, precisó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“El Órgano Electoral, que es un órgano independiente, tiene que decir cuánto tiempo le va a tomar, tendrán entre 120 y 180 días para llevar adelante ese proceso electoral, es un tema que nos permite avizorar que tendremos nuevos magistrados en el país alrededor de septiembre octubre de este año”, dijo.
De acuerdo con su explicación, las elecciones generales serán el 17 de octubre del 2025 y, contando los plazos hacia atrás, las primarias debían realizarse el 23 de febrero de 2025 no será este año.
LEY DE CRÉDITOS
El acuerdo alcanzado en el Legislativo para garantizar la ley de elecciones judiciales también compromete aprobar seis créditos por $us 728.296.082,37 y, uno por 415.000.000.000 de yenes japoneses, que estuvieron estancados en su tratamiento.
Gobierno pide elecciones en plazos justos
A tiempo de interpretar el comunicado que emitió la CIDH, sobre el conflicto en Bolivia, el ministro de Justicia, Iván Lima, abogó para que la elección judicial no se desarrolle en plazos breves, sino en tiempos que garanticen condiciones de acceso igualitario de postulantes y la calificación de méritos.
“La CIDH, en un comunicado, nos está planteando que la elección no puede ser en plazos breves, como lo que se ha sostenido en el debate intenso que hemos tenido en las últimas jornadas. Tiene que ser en plazos y procedimientos que garanticen el acceso y la gran conquista del pueblo boliviano: que la mitad de las magistradas y consejeras puedan ocupar las mujeres el 50% de estos tribunales, que los indígenas originarios y campesinos sean parte de nuestros tribunales, está planteando la CIDH la meritocracia”, dijo Lima en conferencia de prensa.
Horas antes de conocerse el acuerdo político para las elecciones judiciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado referido a la situación de conflicto en Bolivia.
El organismo exhortó que el procedimiento de selección de magistrados cumpla con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social, entre otros aspectos. La CIDH señaló que existe un contexto de alta polarización política, en el cual instó a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes participan de ella.
Facción ‘camachista’ de Creemos no firmó el consenso
La facción de Creemos, que responde al liderazgo de Luis Fernando Camacho, decidió no firmar el acuerdo para convocar a elecciones judiciales, además de que expresó su rechazo al convenio anunciado en la Vicepresidencia.
El delegado de esta facción era el senador Henry Montero, quien no firmó el documento bajo el argumento de que convalida a los magistrados prorrogados.
“Los legisladores de Creemos no firmamos el acuerdo sobre #EleccionesJudiciales porque primero deberían irse los violadores de la CPE, los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial, recién tratar y aprobar la Ley de Elecciones Judiciales; sin embargo, el acuerdo de hoy es al revés”, criticó Montero, mediante redes sociales.
El acuerdo fue firmado por el MAS ‘evista’ y ‘arcista’, Comunidad Ciudadana y la facción disidente de Creemos, mediante el diputado Leonardo Ayala.
El convenio implica que se apruebe la ley para convocar a elecciones judiciales, mientras que el cese de los prorrogados se tratará después incluso de aprobar cuatro leyes de créditos internacionales.
El senador Montero consideró que así se echó “agua bendita” a los prorroguistas.
De la misma facción “camachista”, María René Álvarez, denunció que con el acuerdo se ha “negociado abrir más deuda para los bolivianos en forma de créditos, a cambio de tratar la autoprórroga de los magistrados usurpadores”.
Consideró que existe ingenuidad o complicidad de esta oposición, porque se permite que los magistrados prorrogados sigan en funciones.
“Como miembro de la Directiva y Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados, expreso públicamente mi total desacuerdo con este pacto entre masistas y opositores, porque permiten que se siga vulnerando la Constitución, las leyes vigentes y las atribuciones de la función legislativa”, agregó Álvarez.
Evo saludó el acuerdo horas antes
Pasadas las 17:00 del viernes se anunció que el acuerdo para llevar adelante las elecciones judiciales; sin embargo, horas antes Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció su beneplácito por el consenso.
“Saludamos el consenso de las bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional para convocar a las elecciones judiciales”, escribió Morales a las 9:52 del viernes.
En el mismo mensaje, Morales acusó al presidente, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, por boicotear la solución a los conflictos.
“Tienen que instruir la inmediata aprobación de la ley que está consensuada para garantizar las elecciones del Órgano Judicial”, escribió Morales.
Mientras la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que apoya al Gobierno de Luis Arce, advirtió que desde el lunes se realizará la “toma pacífica” de la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta la aprobación del proyecto de ley para las elecciones judiciales, tal como señala el último compromiso político.
Otro punto señala “exigir de forma inmediata” la renuncia de todos los diputados y senadores que se prestan a “convulsionar y bloquear la economía nacional” del país.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la demanda de acción popular presentada por Amilcar Barral, contra Evo Morales, expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la convocatoria a bloqueos y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no evitar los cortes de rutas.
La audiencia fue fijada para el viernes 26 de enero a las 10:30 de forma virtual.
“Estamos demandando tanto a Evo Morales como incitador y organizador de estos conflictos y estos bloqueos de caminos por un interés personal. Y también contra el ministro Eduardo Del Castillo porque no está haciendo nada para evitar este tipo de bloqueos”, dijo Barral a Erbol.
Desde el lunes, sectores afines a Morales iniciaron un bloqueo de caminos en rechazo a la prórroga de los magistrados y para exigir elecciones judiciales. En tanto, desde el Gobierno se sostiene que esta medida de presión solo es para favorecer al jefe del MAS, esto en relación a la sentencia constitucional 1010/2023, la cual establece que la reelección presidencial indefinida no existe y tampoco es un derecho humano.
En el tercer día de movilización de sectores evistas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos reportó 14 puntos de bloqueo fijo y cuatro bloqueos esporádicos en cuatro departamentos, la mayor parte se concentra en Cochabamba.
Desde el Gobierno se habla de una pérdida de $us 128 millones por día en el sector productivo, mientras que desde la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) hicieron un llamado al diálogo entre las partes en conflicto.
En el cuarto día de los bloqueos que piden la renuncia de los magistrados prorrogados, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes que hagan una “pausa solidaria” para permitir el paso de personas afectadas por la medida de presión, pero además instó a que los órganos estatales brinden una resolución pronta al conflicto por la realización de elecciones judiciales.
“Este es un mensaje una invocación muy respetuosa a las personas que están en los diferentes puntos de bloqueo, para que éstos en una pausa solidaria permitan que los varados puedan transitar, independientemente de la legitimidad o no de las demandas que puedan tener los movilizados”, dijo Callisaya.
Aclaró que esto también debe ir de la mano con una “respuesta inmediata rápida y fiable” de parte de los órganos, relacionados con el tema de las elecciones judiciales.
Según el Defensor, se ha constatado que en los bloqueos están afectadas personas que son adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas.
A eso se suma que, en el marco del conflicto, se están afectando derechos de comerciantes y empresarios, además de que policías han sido heridos y personas aprehendidas.
A la Policía Boliviana, el Defensor exhortó a que si va a hacer uso excepcional de la fuerza, lo haga respetando los derechos humanos y los estándares internacionales.
En este contexto, los bloqueadores exigen que renuncien los magistrados y se convoque a elecciones judiciales. En tanto, el vicepresidente David Choquehuanca convocó a un diálogo político el lunes para tratar el tema de la preselección de postulantes, aunque opositores criticaron la tardanza para la reunión.
El fondo concursable financiará cuatro proyectos de investigación periodística bajo la modalidad de consultoría por un monto de hasta Bs 10.000 cada uno.
Freedom House ubica, en su informe de 2023, a Bolivia como uno de los ocho países “parcialmente libres”. Inseguridad jurídica, deterioro de las libertades civiles y coerción de los derechos políticos, y la fragilidad institucional en el sistema judicial, agravan la situación.
La ANP considera que acciones de esta naturaleza desvirtúan los valores democráticos y exige el cese de toda actividad orientada a fracturar a las organizaciones sociales que, por décadas, demostraron firme compromiso con los Derechos Humanos como es el caso de la APDHB.
Los 21 casos que la CIDH admitió contra Bolivia en los últimos tres años.
Los 21 casos que admitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos tres años (CIDH) en contra del Estado boliviano fueron presentados entre 2008 y 2019. De todos los casos el Estado tiene pleno conocimiento porque fue notificado formalmente. Esta es la relación de las demandas contra el Estado y que ya están admitidos.
1. El caso con más antigua data es el de la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, quien acusa que fue procesada por dejar en libertad a un exprefecto (‘Chito’ Valle).
Presentación de la petición: 8 de febrero de 2008
Notificación de la petición al Estado: 1º de octubre de 2021
Resolución de admisión: 3 agosto 2022
Informe 192/22
Derechos declarados admisibles: integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, propiedad privada, igualdad ante la ley, protección judicial, desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. La Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno, salud y seguridad social.
2. Manfred Reyes Villa Bacigalupi
Presentación de la petición: 14 de agosto de 2008
Notificación de la petición al Estado: 31 de mayo de 2018
Resolución de admisión: 20 de mayo de 2021
Informe 97/21
Derechos declarados admisibles: vida, integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, nacionalidad, derechos políticos, protección judicial. De la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
El caso: el actual alcalde de Cochabamba denunció al Estado boliviano por los sucesos de enero de 2007 y los juicios que le iniciaron por actos de corrupción.
3. Leopoldo Fernández Ferreira
Presentación de la petición: 3 de febrero de 2009
Notificación de la petición al Estado: 23 de febrero de 2016
Resolución de admisión: 24 de agosto de 2022
Informe 210/22
Derechos declarados admisibles: libertad personal, garantías judiciales, derechos políticos, protección judicial. De la Convención Americana en relación con sus artículos 1.1 obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
El caso: El exprefecto inició el proceso contra el Estado por los sucesos de Porvenir y el juico que le siguió el Gobierno de Evo Morales.
4. “MGAB” y familia
Presentación de la petición: 3 de julio de 2009
Notificación de la petición al Estado: 5 de mayo de 2017
Resolución de admisión: 12 de octubre de 2022
Informe 271/21
Derechos declarados admisibles: garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, derechos del niño, igualdad ante la ley y protección judicial.
El caso: Una mujer denunció al Estado por no haber recibido justicia por las reiteradas violaciones que sufrió a manos de su padre quien fue absuelto por la justicia boliviana.
5. Abelardo Arévalo Choque y otros
Presentación de la petición: 13 de julio de 2009
Notificación de la petición al Estado: 5 de septiembre de 2018
Resolución de admisión: 13 de agosto de 2022
Informe 214/22
Derechos declarados admisibles: derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión, derecho de reunión, derecho de circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial.
El caso: se trata de uno de los campesinos que fue golpeado y torturado durante los sucesos del 24 de mayo de 2008 en la plaza principal de Sucre.
6. Branko Goran Marinkovic Jovicevic
Presentación de la petición: 18 de octubre de 2010
Notificación de la petición al Estado: 11 de mayo 2017 y 8 de mayo de 2018
Resolución de admisión: 26 de septiembre de 2022
Informe 243/22
Derechos declarados admisibles: garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, derecho a la honra y de la dignidad, derecho a la propiedad privada y protección judicial. De la
Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 obligación de respetar los derechos.
El caso: es uno de los acusados del caso terrorismo.
7. Mario Adel Cossío Cortez
Presentación de la petición: 11 de noviembre de 2010
Notificación de la petición al Estado: 6 de marzo de 2017
Resolución de admisión: 9 de octubre de 2021
Informe 272/21
Derechos declarados admisibles: garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, protección de la honra y de la dignidad, propiedad privada, circulación y de residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial. De la Convención Americana 1.1 obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
El caso: Mario Cossío acudió a la CIDH por los juicios que le instauraron y que le obligaron a salir del país.
8. Gaby Esperanza Candia De Mercado
Presentación de la petición: 16 de febrero de 2011
Notificación de la petición al Estado: 11 de mayo de 2017
Resolución de admisión: 29 de marzo de 2021
Informe 59/21
Derechos declarados admisibles: garantías judiciales y protección judicial. De la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 obligación de respetar y garantizar los derechos
El caso: La exalcaldesa de La Paz fue procesada por la compra del cerro Santa Barbara y su caso, desde 1998 sigue vigente y sin justicia.
9. Asencio Cruz Nina
Presentación de la petición: 17 de marzo de 2011
Notificación de la petición al Estado: 11 de abril de 2017
Resolución de admisión: 3 de junio de 2021
Informe 105/21
Derechos declarados admisibles: integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. De la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
El caso: fue procesado por un hecho de bagatela, en 1998 y luego de demostrar su inocencia nunca fue reparado en su honor y denunció que fue extorsionado por la Policía. Su caso no se cerró y acudió a la CIDH.
10. Hugo Paz Lavadenz
Presentación de la petición: 14 de marzo de 2012
Notificación de la petición al Estado: 11 de enero de 2016
Resolución de admisión: 29 de marzo de 2021
Informe 221/22
Derechos declarados admisibles: integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. De la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 obligación de respetar los derechos.
El caso: es otro de los acusados del caso terrorismo.
11. Grover Beto Poma Guanto y familiares
Presentación de la petición: 11 de septiembre de 2012
Notificación de la petición al Estado: 23 de noviembre de 2016
Resolución de admisión: 13 de agosto de 2022
Informe 219/22
Derechos declarados admisibles: vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial.
El caso: es un efectivo de las FFAA que fue torturado en la escuela de Cóndores en Sanandita y no se sancionó adecuadamente a los responsables.
12. José María Peñaranda Aramayo
Presentación de la petición: 8 de abril de 2013
Notificación de la petición al Estado: 25 de febrero de 2016
Resolución de admisión: 8 de septiembre de 2021
Informe 215/21
Derechos declarados admisibles: integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, honra y dignidad, propiedad privada, igualdad ante la ley y protección judicial. De la Convención Americana; en relación con sus artículos 1.1 obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
El caso: Ex funcionario de Lotería Boliviana, fue acusado por hechos de corrupción y denuncia que no le permitieron demostrar su inocencia.
13. Ronald Enrique Castedo Allerding
Presentación de la petición: 16 de julio de 2013
Notificación de la petición al Estado: 10 de marzo de 2016
Resolución de admisión: 13 de junio de 2021
Informe 117/21
Derechos declarados admisibles: integridad personal, garantías judiciales, libertad de circulación, igualdad ante la ley y protección judicial. De la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 obligación de respetar los derechos.
El caso: otro acusado del caso terrorismo.
14. Zaida Mariaca Rada
Presentación de la petición: 16 de diciembre de 2013
Notificación de la petición al Estado: 19 de noviembre de 2021
Resolución de admisión: 13 de julio de 2022
Informe 164/22
Derechos declarados admisibles: integridad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial.
El caso: coronela de la Policía denunció que manipularon el reglamento interno de su institución para impedir que alcance el generalato.
15. Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel
Presentación de la petición: 1º de octubre de 2014
Notificación de la petición al Estado: 1º de agosto de 2019
Resolución de admisión: 14 de junio de 2021
Informe 118/21
Derechos declarados admisibles: libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, honra y dignidad y protección judicial. De la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 obligación de respetar los derechos.
El caso: otro acusado del caso terrorismo.
16. Juan Carlos Santistevan López y familiares
Presentación de la petición: 10 de octubre de 2014
Notificación de la petición al Estado: 1º de agosto de 2019
Resolución de admisión: 17 de septiembre de 2021
Informe 238/21
Derechos declarados admisibles: libertad personal, garantías judiciales, honra y dignidad y protección judicial. De la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 obligación de respetar los derechos.
El caso: acusado del caso terrorismo.
17. Zvonko Matkovic Ribera
Presentación de la petición: 21 de diciembre de 2015
Notificación de la petición al Estado: 4 de marzo de 2020
Resolución de admisión: 27 de junio de 2022
Informe 139/22
Derechos declarados admisibles: integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, igualdad ante la ley, protección judicial y derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana.
El caso: acusado del caso terrorismo.
18. Ligia Mónica Velásquez Castaños, Rosario Chánez Chire y Gualberto Cusi Mamani
Presentación de la petición: 6 de julio de 2015
Notificación de la petición al Estado: 9 de febrero de 2019
Resolución de admisión: 26 de septiembre de 2022
Informe 245/22
Derechos declarados admisibles: garantías judiciales, dignidad y honra, derechos políticos, protección judicial y derechos económicos, sociales, culturales y medio ambientales de la Convención Americana.
El caso: las exmagistradas del TCP fueron juzgadas por una resolución que adoptaron contra la Ley del Notariado.
19. Gonzalo Durán Y Otros
Presentación de la petición: 28 de septiembre de 2015
Notificación de la petición al Estado: 19 de marzo de 2019
Resolución de admisión: 8 de julio de 2021
Informe 154/21
Derechos declarados admisibles: vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, derecho de reunión y protección judicial. De la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 obligación de respetar los derechos.
El caso: se trata de una demanda de las familias de tres fallecidos en el denominado caso, “la calancha” durante la Asamblea Constituyente en Sucre.
20. David Víctor Aruquipa Pérez y Guido Álvaro Montaño Durán
Presentación de la petición: 21 de agosto de 2019
Notificación de la petición al Estado: 15 de junio de 2021
Resolución de admisión: 24 de febrero de 2023
Informe 8/23
Derechos declarados admisibles: integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, protección a la familia, igualdad ante la ley y protección judicial de la Convención Americana.
El caso: Dos personas que reclamaron la unión libre que el Estado se negó a reconocer.
21. Carlos Alfredo Camacho Moro y su madre
Presentación de la petición: 10 de diciembre de 2014
Notificación de la petición al Estado: 11 de marzo de 2019
Resolución de admisión: 22 de enero de 2023
Informe 3/23
Derechos declarados admisibles: vida, integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño y protección judicial. De la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 obligación de respetar los derechos.
El caso: es un menor que fue golpeado por sus compañeros de curso y la madre no encontró justicia pese a todos sus esfuerzos.
La libertad de prensa en Bolivia se encuentra en una preocupante espiral ascendente, con nuevas denuncias de agresiones a periodistas cada dos días, según la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes.