«Para el político en Bolivia no se considera la presunción de inocencia, sino que ya se afirma la culpabilidad, y esa exposición ante el público en general es una forma de tortura”, dijo el abogado Quiroz.
El anuncio fue realizado a través de un comunicado, este inicia señalando que “la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia”.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, remarcó este sábado que el Gobierno nacional garantiza la libertad de expresión y respeta la Ley de Imprenta, en el contexto de las críticas y el rechazo al proyecto de ley 305, elaborado por el Ministerio de Justicia.
La Asociación de Periodistas de La Paz observó, en particular, el contenido del tipo penal de difusión o incitación al racismo o a la discriminación.
El proyecto de Ley denominado “Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” ha generado el rechazo de la Asociación de Periodistas de La Paz, que observó un “artículo mordaza”, pero también de opositores que temen un uso instrumental de la norma para la persecución política.
El proyecto, enviado desde el Órgano Ejecutivo, pretende modificar delitos como genocidio, trata, discriminación, racismo, incitación al racismo, sometimiento a la esclavitud, tortura, violación y abuso sexual; pero además busca crear tipos penales como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión armada, ejecuciones extrajudiciales, actos de odio y tratos crueles.
Rek reiteró que continuará revisando y denunciando cada uno de los artículos de este proyecto
La Asociación de Periodistas de La Paz observó, en particular, el contenido del tipo penal de difusión o incitación al racismo o a la discriminación.
Según el parágrafo tercero del artículo 281 del Código Penal, “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
En criterio del presidente de la APLP, Raúl Peñaranda, con este artículo se eliminaría lo estableado en la Ley de Imprenta, mediante la cual los periodistas y trabajadores de medios de comunicación deben ser juzgados mediante Tribunales de Imprenta y no tribunales ordinarios por hechos producidos en el accionar de su profesión.
El presidente de la APLP agregó que, con el estado actual de la Justicia, que la considera subordinada al gobierno, este proyecto de ley busca acallar a los periodistas y tratar de eliminar la libertad de prensa.
“No es que los periodistas estemos en contra de la lucha contra la discriminación y el racismo, porque además todo ello ya está establecido en la Constitución. El problema es que esas figuras son tan vagas que pueden ser utilizadas contra los periodistas, peor aun considerando que jueces y fiscales son en los hechos trabajan como si fueran funcionarios del Ejecutivo”, expresó.
Desde las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos expresaron que el MAS usaría esta norma para ejercer persecución política.
El diputado de CC, Juan José Torrez, observó que las penas por delitos de discriminación se agravan en el caso de funcionarios y facilitaría su suspensión, por lo cual considera que esta norma es para la persecución política.
Alertó que el tipo penal propuesto se podría usar de mala manera para la persecución y explicó, por ejemplo, que expresiones realizadas al calor de los debates en la Asamblea pueden ser interpretadas para tipificar el delito de discriminación.
La senadora de Creemos, Centa Rek, señaló que con este proyecto de ley se pretende amordazar a la prensa, y la sociedad en su conjunto.
“Aquí tenemos una ley totalmente persecutoria, candado, la podemos llamar mordaza; por lo tanto, alertamos a los medios de comunicación a la ciudadanía en su conjunto de la gravedad que reviste este proyecto de ley que pretende silenciar a la sociedad boliviana”, concluyó Rek.
Rek reiteró que continuará revisando y denunciando cada uno de los artículos de este proyecto.
El pasado viernes, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe preliminar de su visita a Bolivia. El documento final será presentado en 45 días.
La crítica situación de la justicia en Bolivia fue el corazón del informe preliminar de la delegación de la CIDH que revisó el estado de los derechos humanos en el país.
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El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó hoy el informe de Rendición Pública de Cuentas Inicial Gestión 2023 donde enfatizó 11 temáticas de prioridad para afrontar la defensa de los derechos humanos.
Varios de los casos registrados en materia de institucionalidad democrática tienen que ver con la destitución de jueces y fiscales por incumplimiento de deberes y actos de corrupción.
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